Domingo 20 DE Enero DE 2019
Nación

Preocupa que estancamiento en casos rebase a los mandatos de la Fiscal General y la CICIG

Los juzgados y las cortes Suprema y de Constitucionalidad permiten litigio malicioso y, en sí mismas, abonan al retardo debido a los tiempos que toman para emitir sus resoluciones.

Fecha de publicación: 13-11-17
El juicio por genocidio, en el que no interviene la CICIG, es uno de los que presenta mayor demora. Por: Evelyn Boche elPeriódico
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Como una carrera contra el tiempo  visualiza Human Rights Watch (HRW) la situación de varios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que se ventilan en distintos juzgados del país. Su conclusión surge a partir de un estudio de la línea del tiempo de nueve casos penales, así como de entrevistas con operadores de justicia.

“El notable progreso conseguido por Guatemala en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder podría revertirse si los máximos tribunales del país no terminan con las nefastas demoras que impiden que personas poderosas vayan a juicio, señala el informe de HRW.

El estudio Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, documenta el “patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público” (MP).

La CICIG tiene un mandato para trabajar en Guatemala hasta septiembre de 2019 y el periodo de gestión de la fiscal general, Thelma Aldana, concluye en mayo de 2018.

“Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que se haya terminado el mandato de la CICIG o hasta que la Fiscal General deje el cargo, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos, y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucho más fuerza”, señalo Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de HRW.

El repaso de las causas penales que el MP y la CICIG han llevado ante la justicia demuestra que deben pasar más de dos años antes de que se abra juicio contra los acusados.

No obstante, los mismos órganos de la justicia entorpecen la impunidad, afirma HRW. En general, las cortes no cumplen los plazos previstos en el Derecho guatemalteco para la resolución de peticiones de amparo: deberían resolverse en un mes, pero demoran entre seis y 12 meses, según el informe.

 

 

También es habitual que los jueces no reprogramen oportunamente los procedimientos que se suspenden por diversas peticiones. Sin embargo, “los tribunales cuentan con atribuciones para evitar muchas de las demoras más graves sin perjudicar los derechos de los acusados, pero no las utilizan”, señaló la organización.

Human Rights Watch es una organización internacional que se propone la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, con representantes en más de 40 países.

Apelaciones de hasta 22 meses en la CC

La Corte de Constitucionalidad (CC) también ha sido responsable por algunas de las demoras más prolongadas, de acuerdo con el estudio de HRW. Tardó 18 meses en resolver una apelación de amparo documentada en el informe, y casi 22 meses para otra. No obstante, la organización señala que durante 2017, la CC ha cumplido un rol decisivo para proteger a la CICIG de los intentos del presidente Morales y del Congreso para frustrar su trabajo.

“Podrían fracasar los esfuerzos por perseguir los casos de corrupción”.

Daniel Wilkinson, Director para las Américas de Human Rights Watch

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