Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Nación

EE. UU. se pronuncia sobre la lucha contra la corrupción en Guatemala

La postura se origina después de que varios congresistas demócratas y republicanos han solicitado sanciones para Guatemala por considerar que interfieren en el trabajo de la CICIG y el MP.

Fecha de publicación: 08-11-17
Walsh se refirió a los casos que se persiguen en Guatemala y pidió a todos los sectores unirse. Por: Cindy Espina cespina@elperiodico.com.gt
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El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) se pronunció ayer por primera vez sobre las acciones del gobierno del presidente Jimmy Morales en la lucha contra la corrupción y el apoyo que este le da al trabajo de la fiscal general, Thelma Aldana. El emisario fue James A. Walsh, subdirector de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés), que pertenece al Departamento de Estado.

“Valoramos los esfuerzos del Gobierno de Guatemala del presidente Morales y su apoyo a la lucha contra la corrupción e impunidad emprendida por la Fiscal General”, indicó Walsh al inicio de su discurso en la séptima Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), que se realiza en Viena, Austria. Las palabras del diplomático se originaron después de saludar a Aldana, quien es la primera guatemalteca en dirigir esta instancia.

Este pronunciamiento se origina luego que el mandatario declarara persona non grata a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que por esto varios senadores y congresistas estadounidenses solicitaran al Departamento de Estado aplicar sanciones a Guatemala relacionadas a la cooperación económica que EE. UU. da al país.

El funcionario de la INL indicó que en la lucha contra la corrupción se deben unir todos los sectores de la sociedad, incluyendo al sector privado, así como las organizaciones sociales, “no tenemos nada que esconder y mucho que ganar”, añadió Walsh para referirse a los compromisos que los miembros de la convención debían tener con el resto de actores.

Resaltan trabajo

En el segundo día de la Conferencia, Aldana se refirió al trabajo de la CICIG en el país, por lo que indicó que sin este ente la lucha contra la corrupción que se dio a conocer en 2015 no hubiera sido posible y añadió que ha sido un instrumento efectivo de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y que los buenos resultados se deben al compromiso que CICIG tiene con los países cooperantes que financian al ente investigador.

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, fue el integrante del Gobierno que asistió a la UNCAC y en su discurso se dirigió a la Fiscal General y le dijo que para “la delegación de Guatemala era un orgullo verla presidir el séptimo periodo de sesiones de la Conferencia de Estados”.

Rivas Lara fue el encargado de exponer las acciones del gobierno de Morales a favor de la transparencia y para combatir la corrupción, por lo que resaltó que existe un compromiso de la actual administración para trabajar para erradicar la corrupción y el lavado de dinero en Guatemala.

Las advertencias

La congresista demócrata, Norma Torres, ha indicado que la certificación de Guatemala para recibir recursos del Plan Alianza para la Prosperidad se encuentra en riesgo, porque considera que la administración de Morales ha interferido en la labor de la CICIG.

Otro grupo de congresistas, tanto demócratas como republicanos, pidieron sanciones más fuertes al país, principalmente para los involucrados en actos de corrupción, ya que solicitaron al Departamento de Estado prohibir la emisión de visas para estas personas.

Piden protección al PDH


Por medio de una carta, la Red de Instituciones nacionales para la promoción y protección de los Derechos Humanos del Continente Americano, manifestaron al presidente Jimmy Morales que se respete el trabajo del procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, para que pueda cumplir con su función sin temor a represalias. Esta misiva es dirigida al mandatario después que la CIDH dictara medidas cautelares a favor de Rodas por supuestas amenazas que el PDH recibió de forma escrita por distintas vías de comunicación.

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