Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Nación

Fiscalía Contra el Lavado solicita datos de nombramiento de Morales

La documentación requerida servirá para una investigación que se desarrolla en dicha unidad, pero se desconocen los detalles de esta.

Fecha de publicación: 21-09-17
Jimmy Morales fungió como secretario general del FCN-Nación durante la campaña de 2015. Por: Ferdy Montepeque elPeriódico
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Ayer, la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) requirió información del presidente Jimmy Morales a la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que en dicha unidad existe una investigación relacionada con el mandatario, según la solicitud de información que tuvo a la vista elPeriódico.

En la nota recibida ayer por la secretaria del TSE, Virginia Guzmán, se solicita que el Tribunal “remita copia certificada de los acuerdos de adjudicación del cargo de Presidente de la República de Guatemala al ciudadano Jimmy Morales Cabrera. La información anteriormente solicitada en virtud que la misma es de utilidad dentro de la investigación que por el delito de lavado de dinero u otros activos se está trabajando en esta Fiscalía”.

Guzmán confirmó que la solicitud fue recibida ayer, pero dijo que no podía ahondar en detalles porque a diario se reciben “varias” solicitudes de este tipo.

En declaraciones pasadas el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, Óscar Schaad, indicó que entre 2015 y 2016 la Intendencia de Verificación Especial (IVE) notificó sobre tres Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) en las cuentas del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), una de estas a nombre del mandatario. De acuerdo con las investigaciones.

Las firmas de Morales

Morales, además, habría firmado 229 cheques para realizar diferentes pagos para el funcionamiento de la organización política; pero no se pueden realizar peritajes de la firma del gobernante, porque él mantiene su inmunidad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Delitos Electorales junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), uno de los RTS corresponde al aporte de Q229 mil 800 realizado en octubre de 2015 por Rafael Díaz Samos y Jesús García Ibáñez, recibido mediante dos cheques por el ahora diputado del FCN, Adim Maldonado, y después depositado a una de las cuentas de la organización.

Por este caso y la posible vinculación del presidente Morales, debido a que él fungió como secretario general de dicho partido durante el proceso electoral pasado –cuando el FCN-Nación habría ocultado Q6.7 millones sobre reportes de financiamiento–, el MP y la CICIG solicitaron el retiro de la inmunidad del gobernante; sin embargo, los diputados del Congreso en dos ocasiones lo han protegido. Mientras tanto, el mandatario ha evitado ser cuestionado por los medios de comunicación desde que se inició la crisis política actual.

Bonos del Ejército

Otro de los casos de posibles transacciones sospechosas, es por los Q450 mil percibidos este año por el Presidente, según el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, como un “bono de responsabilidad”, aparte de su salario mensual de Q149 mil. Los demás integrantes del Alto Mando del Ejército también perciben dicho pago extraordinario. La Contraloría General de Cuentas (CGC) ordenó la semana pasada la devolución de los recursos percibidos por Morales de parte de la institución militar.

El GAM denuncia ante el MP anomalías en asignación de bono presidencial

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó al Ministerio Público (MP) una denuncia penal en la que señala diversas anomalías en la asignación de un bono de responsabilidad para las autoridades superiores del Ministerio de la Defensa y el presidente Jimmy Morales.

El director del GAM, Mario Polanco, explicó que en su denuncia se expone cómo se desarrollaron los hechos, desde que se reveló la existencia del sobresueldo por Q50 mil mensuales para Morales y que lo obligaron a devolver los Q450 mil que recibió mediante dicha bonificación.

A criterio del GAM, se incurrió en no menos de seis anomalías en la asignación del bono.

De lo más evidente, son los errores ortográficos y de redacción en el acuerdo administrativo que le da vida al bono. Además, señalan que un bono de esa naturaleza debió de haberse constituido mediante un acuerdo ministerial y no administrativo, y para el que debieron tener el visto bueno de tres comisiones del Congreso, entre estas la de Finanzas, precisó Polanco. –E. Boche / eP

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