Sábado 4 DE Julio DE 2020
Nación

“Los cambios representan seria amenaza y riesgo para sistema de justicia”

La CC suspendió los dos decretos aprobados el miércoles pasado por el Congreso.

 

Fecha de publicación: 15-09-17
CC decidió suspender anoche la aprobación de los dos decretos de reforma al Código Penal.
Por: Julio E. Santos jsantos@elperiodico.com.gt

Franciso de Mata Vela, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), anunció que el pleno de magistrados otorgó un amparo provisional que deja en suspenso el acto de aprobación de los decretos 14-2017 y 15-2017, reformas al Código Penal, por parte de los diputados del Congreso de la República.

El togado indicó que en total, abogados particulares y organizaciones civiles presentaron seis amparos que buscaban dejar sin efecto esos decretos, los cuales modificarían el artículo 407, inciso N, sobre el financiamiento electoral ilícito, y el artículo 50 y 51, que establece la conmuta de las penas.

“Se consideró de esa manera en virtud que constituye una seria amenaza que podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”, dijo De Mata, quien puntualizó que la votación fue de forma unánime.

Luego que los magistrados abandonaran la Sala de Vistas de la CC, donde se celebró la conferencia de prensa, el portavoz de ese órgano constitucional, Santiago Palomo, atendió las interrogantes de los medios de comunicación y detalló que el pleno se reunió durante toda la tarde para resolver esas solicitudes debido a la magnitud de la demanda social, y de la gravedad del acto reclamado.

Luego de firmada el acta, la resolución será enviada al Congreso de la República para que sean notificados todos los diputados, luego se fijará un plazo de 48 horas para que los interesados se pronuncien y después se procederá a programar las audiencias para que las partes presenten sus argumentos, para que por último los magistrados resuelvan, en definitiva, informó Palomo.

Lluvia de recursos

El primer recurso fue interpuesto por la directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, y el abogado Alfonso Carrillo, la tarde del miércoles. Esta acción se refería también al proceso de votación para retirarle o no la inmunidad al presidente Jimmy Morales, pero la Corte no se pronunció sobre este punto.

A la 01:28 horas de ayer, la CC recibió una segunda acción, promovida por el PDH, Jordán Rodas, que reclamó “la amenaza cierta, inminente y determinada a la función pública y sujeción a la ley que establece el artículo 154 de la Constitución en las votaciones que el Congreso llevó a cabo los días 11 y 13 de septiembre” –sobre antejuicio contra el mandatario Jimmy Morales y la aprobación de las reformas al Código Penal.

Otros cuatro recursos fueron presentados durante la mañana, entre protestas ocasionales y el paso de estudiantes que transportaban antorchas con motivo de los festejos patrios. Las acciones cuestionaban el conflicto de interés de los diputados que votaron las normas y a la vez se benefician, porque enfrentan procesos de antejuicio.

“Lo que hicieron los diputados es ilegítimo, ilegal, absolutamente transgresivo de toda la normativa y sistemática guatemalteca; están procurando impunidad y no solamente a la mara de Mariscal Zavala, sino también a la Mara Salvatrucha, al Barrio 18 y a un sinfín de delincuentes”, declaró Carlos Bezares, que, junto a Aníbal García, presentaron la tercera acción.

Que los diputados se granjearon impunidad para sí mismos y para el mandatario, es parte del planteamiento del recurso interpuesto por Acción Ciudadana (AC), indicó su presidente, Manfredo Marroquín. La secretaria de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Lenina García acompañó esta iniciativa.

“Jimmy Morales está poniendo la presidencia como plataforma para intereses oscuros”, señaló Marroquín. Al consultarle sobre la afirmación del Presidente en la que indica que debe conocer las reformas y analizarlas, el directivo de AC consideró que ese extremo es casi imposible, ya que su bancada, la oficial, participó de la votación.

La Alianza por las Reformas presentó otra acción, que señala errores de procedimiento puesto que el artículo 98 de la Ley Orgánica del Legislativo establece que los diputados que tienen conflictos de intereses o familiares con conflictos de intereses, deberán abstenerse de votar en leyes que pueden favorecerles, explicó Carlos Guzmán.

La Universidad de San Carlos también se adhirió a los recursos y el abogado Carrillo presentó una nueva acción, las seis presentadas fueron analizadas en conjunto por la alta Corte y en todos los casos se otorgó el amparo provisional requerido.

Analizan responsabilidad penal

>Abuso de autoridad, es posiblemente un delito en el que incurrieron los congresistas que votaron por las reformas violando principios constitucionales. Así lo expresaron los abogados Carlos Bezares, Aníbal García y Edie Cux, de Acción Ciudadana.