Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Nación

Condenados por corrupción podrían postularse como candidatos a cargos públicos

A pesar del rechazo a la propuesta de la nueva reforma electoral, por parte de los magistrados del TSE, el proyecto original continúa en discusión en el Congreso.

 

Fecha de publicación: 07-08-17
Los diputados continuarán hoy con la discusión de las reformas para después someter los cambios a análisis de los abogados. Por: Ferdy Montepeque elPeriódico
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El tercer borrador de la iniciativa que elabora la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso incluye un nuevo artículo sobre la “capacidad, idoneidad y honradez” de quienes se postulan para diferentes puestos de elección popular; dicha enmienda autoriza la inscripción de quienes hayan sido condenados por diferentes delitos tras cumplir las penas impuestas y cinco años después de que se haya cometido la acción ilícita.

La literal “C” del artículo que se pretende incluir a la Ley Electoral y de Partidos Políticos —214 bis— establece que quienes hayan recibido sentencia condenatoria por enriquecimiento ilícito, narcotráfico, secuestro, cohecho, peculado, malversación, robo, hurto, estafa, entre otros delitos, no podrán ser inscritos como candidatos “en tanto no hayan cumplido las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco años de ocurrido el hecho”.

De acuerdo con el presidente de la sala de trabajo de Asuntos Electorales, Óscar Argueta, la decisión de incluir la reforma se debe a que no se le pueden vedar los derechos cívicos ni políticos a cualquier ciudadano, porque después de cumplir las sentencias impuestas por los tribunales, las personas recobran esos derechos.

En el borrador, además, se propone modificar el trámite de inscripción de candidatos, y se establece que, si el Departamento de Organizaciones Políticas o la Delegación Departamental no emite resolución con relación a la inscripción de algún aspirante a cargo público, dentro de los plazos establecidos (de cinco a ocho días), se darán por aceptadas las candidaturas.

El artículo vigente (214) establece que para que sean inscritos los candidatos, deberán presentar finiquito y otros requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Electoral.

Cambio en la propuesta

Eddie Cux, consultor de la organización Acción Ciudadana (AC), indicó que el espíritu de reformar el artículo sobre los requisitos para quienes se postulan a cargos públicos es que lleguen candidatos probos; y aunque todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos, indicó que la forma en que está redactado el borrador contradice la búsqueda de idoneidad de los candidatos.

“La propuesta inicial que discutimos en las mesas de la Comisión no fue esa, la capacidad de una persona para optar a un cargo de elección popular se debe medir por la experiencia y conocimiento de una persona, la idoneidad por lo justa que es una persona y la honradez es algo moral.

Al momento de que alguien es condenado por corrupción, se duda de su capacidad, idoneidad y honradez”, señaló Cux.

Otras prohibiciones para ser inscritos como candidatos serían: haber renunciado o perdido la nacionalidad guatemalteca y quienes hayan sido inhabilitados para ocupar cargos públicos, los cuales serían los criterios en los que “única y exclusivamente se podrían basar los magistrados”.

La semana pasada el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la propuesta de los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales, al calificarla de inconstitucional; y al pronunciarse respecto de los criterios para calificar la idoneidad de los candidatos, se buscaría anular “por jerarquía normativa” lo establecido en el Reglamento para la inscripción de candidatos.

El caso de Portillo

De llegarse a aprobar el artículo que propone la Comisión, el expresidente Alfonso Portillo tendría vía libre para optar a un cargo público. La candidatura de Portillo, quien aspiraba a ser diputado en 2015, fue denegada por el TSE; al considerar que el exmandatario carecía de “idoneidad y honorabilidad” debido a que en mayo de 2014 fue condenado en Estados Unidos, a cinco años y 10 meses de prisión, por conspiración para el lavado.

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