Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Nación

MP acusa a Alejandro Sinibaldi por recibir coimas por US$10 millones

La PNC ejecutó ayer 40 allanamientos para detener a los implicados en este caso.

 

Fecha de publicación: 14-07-17
Exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi (foto: archivo) Por: Redacción elPeriódico
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Una nueva estructura de corrupción fue revelada por las autoridades del Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio de Gobernación, esta era liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), durante el gobierno del Partido Patriota (PP), quien habria recibido US$10 millones en coimas de constructoras para que la cartera que dirigió les pagara una deuda de arrastre de Q1.8 millardos.

En conferencia de prensa, Iván Velásquez, jefe de la CICIG; el fiscal en funciones, Luis Archila; y el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, proporcionaron detalles de la investigación y de las 17 capturas realizadas luego de 40 allanamientos efectuados en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez e Izabal.

La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: negocios del CIV, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia.

Negocios del CIV 

A partir de varias denuncias e informaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio se solicitó una serie de allanamientos, en los cuales se halló documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países. En dichas diligencias también se incautaron dispositivos electrónicos que contenían valiosa información.

Algunos de los sitios allanados, particularmente bodegas, eran utilizados para resguardo de documentación financiera, en la cual se evidenció la manipulación contable para aparentar la realización de actividades comerciales que generaban un importante volumen de dinero.

Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación, Luis Archila, fiscal general en funciones, e Iván Velásquez, jefe de la CICIG, informan sobre la investigación del caso.

Derivado de lo anterior, se conformó un equipo de expertos financieros para la reconstrucción de las operaciones y transacciones localizadas. De esta manera se estableció el perfil financiero de las empresas, socios, clientes y sobre todo el engranaje que las movía operativamente, lo que dio paso a nuevas líneas de investigación. Se identificaron empresas de cartón que –por medio de la simulación de servicios– facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos.

Dentro de este grupo de empresas se detectó que Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Sinibaldi Aparicio y que eran manejadas por una red de operadores.

Toda la facturación de las empresas se efectuó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi era ministro del CIV.

En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del CIV.

 

El expresidente Otto Pérez Molina posa junto a Juilio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y el empresario mexicano Carlos Slim Eliú.

Lavado de activos 

Compra de bienes por medio de grupos de empresas de cartón: la investigación hasta el momento abarca tres grupos empresariales, cuyo factor común es que son controlados por Sinibaldi mediante empleados del grupo ARCQO, trabajadores del CIV, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany.

En algunas ocasiones, en las adquisiciones que aparecían abiertamente ligadas a Alejandro Sinibaldi se usaba la modalidad de préstamos bancarios pagados en pocos días.

El pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos.

Este esquema paralelo era el que movía las decisiones sobre cómo y a quién le pagaba el CIV. Las empresas que no entraban en el esquema de pago de sobornos estaban en una real desventaja frente aquellas que habían entregado cantidades millonarias para asegurar los desembolsos del CIV.

Financiamiento ilícito 

A raíz de una serie de diligencias de investigación financiera se detectó el ingreso de dinero en cuentas de las empresas relacionadas con Sinibaldi, cuyo destino eran los gastos de campaña de 2011 y de 2015.

Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, recibió coimas y fondos de financiamiento electoral ilícito.

Campaña 2011 

Se detectó financiamiento proveniente de la empresa de telefonía Telgua S.A., cuyo monto asciende a la cantidad de Q15 millones. También pagos de empresas vinculadas con Sinibaldi para la campaña del PP, no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Campaña 2015 

Se identificó financiamiento proveniente de las entidades de cartón controladas por Sinibaldi. El dinero era canalizado luego para realizar los gastos de campaña. En esta modalidad se lograron detectar gastos por Q15 millones.

El comisionado de la CICIG explicó que el empresario y exgerente General de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, brindó detalles del financiamiento electoral ilícito que esa empresa otorgó a Sinibaldi.

Según Velásquez el exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, gestionó una reunión entre el entonces candidato a la presidencia Otto Pérez Molina y el empresario mexicano Carlos Slim, para presionar por una negociación en un litigio contra empresa telefónica TIGO.

Obstaculización a la justicia 

El grupo criminal intentó ocultar y destruir información relacionada con las operaciones de lavado.

Se allanó una oficina en la que se encontró documentación incinerada, además la casa del contador de la estructura, Douglas Paredes, en donde se encontró información digitalizada, probablemente correspondiente a la misma que había sido destruida.

También se ingresó a una bodega a cargo de Juan Ramón Solórzano, donde la estructura criminal había resguardado información de las operaciones de lavado.

Se conoció que Sinibaldi, Juan Arturo Jegerlehner, y grupos de abogados al servicio de la organización, contactaron a representantes legales y socios de las entidades de cartón para instruirlos sobre cómo debían declarar ante el MP  y cómo debían negar toda relación con el ex-Ministro de Comunicaciones.

Pena suspendida

>El exgerente de Telgua Julio Carlos Porras Zadik fue condenado a tres años de prisión, aunque le fue suspendida la ejecución de la pena, luego de que reconoció su culpabilidad en el caso y señaló a Alejandro Sinibaldi y a Julio Ligorría, exembajador en Washington, ambos acusados de financiamiento electoral ilícito.

A Zadik se le impuso una multa de Q500 mil y como reparación digna, correrá a su cuenta la construcción de salas de videoconferencias para uso de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Prisión provisional

> La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, resolvió enviar al Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional Fraijanes I a 11 de los 13 detenidos ayer; mientras que, Analise Herrera fue enviada al Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa.

> Por su parte Roger Navas quedó pendiente de conocer el lugar en el que guardará prisión por ser exfuncionario de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

La juzgadora decidió programar la audiencia para el próximo 20 de julio a las 9:00 horas.

 

 

 

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