Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Nación

Edgar Ovalle comandó base militar de donde se exhumaron 565 osamentas

El exdiputado de FCN fue oficial S2, encargado de extraer información, mediante torturas, a los detenidos, según la fiscalía.

Fecha de publicación: 10-07-17
Ovalle es prófugo de la justicia desde marzo pasado cuando le fue retirado el derecho de antejuicio. Por: Evelyn Boche ElPeriódico
Más noticias que te pueden interesar

Edgar Justino Ovalle Maldonado, el diputado electo del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que perdió su curul por señalamientos de participar en crímenes de guerra, fue uno de los cinco oficiales que integró la plana mayor de la Zona Militar 21, en Cobán, Alta Verapaz.

Durante 1983, Ovalle ocupó los puestos de S2 y S3 en dicha base militar, de acuerdo con la Fiscalía de Derechos Humanos, cuyas pesquisas en torno al militar retirado profundizaron desde que fue despojado de la inmunidad, en marzo pasado. El excongresista lleva cuatro meses prófugo y tiene orden de captura internacional por los delitos de ejecución extrajudicial.

El oficial S2, según la doctrina militar, tenía a su cargo tareas de inteligencia. “Tenían un rol de búsqueda y recopilación de información, así como el tratamiento de detenidos y capturados para extracción de información”, explicó la jefa de la fiscalía, Hilda Pineda.

Lo que en los manuales y planes militares figura como “interrogatorios tácticos” era una definición para la tortura y sometimiento a tratos crueles e inhumanos de los detenidos, añade la funcionaria del Ministerio Público (MP).

¿Un oficial S2 coordinaba los interrogatorios o también participaba?

También tenían participación directa.

¿Qué tipo de tortura se ejecutaba en esa base militar?

Golpes, choques eléctricos, ahogamientos en algunas piletas, según referencia de los testigos, donde se les introducía, cuando estaban moribundos, los sacaban.

La aseveración de la fiscalía se basa en el análisis de los documentos militares así como en los testimonios de dos militares retirados que han declarado en anticipo de prueba en el caso Creompaz, como se le ha denominado a la causa penal por la desaparición de 565 víctimas, cuyas osamentas fueron exhumadas de 85 fosas localizadas en la base militar donde ahora se entrenan oficiales para las misiones de paz.

Ocho militares retirados, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército, general Manuel Benedicto Lucas García, están vinculados a la causa penal que generó la solicitud de antejuicio contra Ovalle, uno de los fundadores del partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales.

Antes de su debut en política y además de su función como oficial S2, Ovalle se desempeñó como oficial S3, encargado de operaciones en la base, de toda la logística para hacer las incursiones en los lugares cuando se lleva a cabo un operativo de tipo militar, detalló Pineda.

“Las zonas militares estaban a cargo de un comandante y un subcomandante, así como cinco oficiales que integran la plana mayor, es decir, la organización interna de la base”, de acuerdo con la fiscal. Ovalle ocupó dos de esos cinco puestos de comando interno, de acuerdo con la información recopilada por la fiscalía.

 

 

“Hay seis víctimas que desaparecieron en la época que Ovalle ejercía funciones de S2 y S3, por lo que tuvo nivel de coordinación para la detención y sometimiento a interrogatorio de las víctimas”, expuso Pineda.

Se ha establecido que el oficial S2 coordinaba los interrogatorios extrajudiciales a los detenidos, luego ordenaba darles muerte y enterramiento clandestino dentro de las instalaciones militares. Así se concluye del estudio de los manuales militares, así como de las declaraciones de los testigos.

Víctimas no combatientes

Las osamentas inhumadas en la antigua zona militar, aportan credibilidad a los testimonios de los testigos, pues ellos señalaron la ubicación de algunas de las fosas. Del estudio de las víctimas, se concluye que eran personas que tenían algún tipo de activismo o liderazgo social, como cooperativistas o maestros.

Este es el caso de Matilde Col Choc, detenida cuando salió de su casa el 13 de enero de 1983. Estaba embarazada, según sus familiares, pero su osamenta fue exhumada sola. Sus parientes se preguntan si perdió al bebé o nació en la base militar.

Solo los oficiales a cargo podrían tener información sobre el término del embarazo de Matilde. Todo lo que pasaba en la zona castrense era de su conocimiento, concluye la fiscalía.

En los manuales se ilustra su forma de organización y responsabilidades, debían registrar todos los ingresos y egresos de personas. “No es tan fácil que 500 personas hayan entrado y que no hayan salido sin que nadie se haya enterado”, puntualiza Pineda. “Es difícil que un jefe de comando (como lo fue Ovalle) diga yo no estaba enterado”, concluye la fiscal.

Proceso detenido

Durante un año las partes han esperado que el Juzgado de Mayor Riesgo A convoque a audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Creompaz. Esto debido a los recursos del MP, querellantes y la defensa.

El MP reclama que el Juzgado omitió pronunciarse sobre algunas de las víctimas, lo que les restringe el acceso a la justicia. Luego de pasar por varias instancias, dicha queja está bajo análisis en la Corte de Constitucionalidad.

8

Acusados guardan prisión preventiva esperando audiencia de ofrecimiento de prueba.

“El antejuicio nos limitaba, pero ahora estamos profundizando en la investigación”.

Hilda Pineda, fiscal de Derechos Humanos.

Etiquetas: