Domingo 24 DE Junio DE 2018
Nación

MP analiza caso de contratación de cabildeo en Estados Unidos

Usurpación de funciones y abuso de autoridad serían los delitos que podrían aplicarle a los diputados y al exembajador, según juristas.

 

Fecha de publicación: 20-06-17
Claus Marvin Mérida exasesor del presidente Jimmy Morales en temas migratorios, firmó el contrato antes de ser destituido. Por: Pavel Gerardo Vega [email protected]
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Cuatro diputados se han enredado en una crisis legal y política por haber suscrito un contrato con la firma estadounidense de cabildeo Barnes & Thornburg por US$80 mil mensuales desde el 2 de junio pasado, con el que buscan mejorar las relaciones entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos (EE. UU).

La secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, informó a elPeriódico que se está analizando si se cometió algún delito en Guatemala por la suscripción de ese contrato, esto de acuerdo con la información que ha sido publicada en los medios de comunicación.

Cuatro juristas concluyeron que el MP debería actuar de oficio para retirar la inmunidad a los diputados e iniciar un proceso de investigación. El abogado Alejandro Balsells afirmó que, de acuerdo con su perspectiva, es muy claro que se cometieron ilícitos.

Fondos ocultos

Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), junto a Julio Lainfiesta, de la Unidad del Cambio Nacional (UCN), Jaime Regalado, del Movimiento Reformador (MR) y Óscar Quintanilla, de Alianza Ciudadana (AC), fueron quienes decidieron establecer el acuerdo con la firma,  aunque los fondos provienen de empresarios que ofrecieron invertir en el pago del contrato, ha dicho el congresista del PAN.

Sin embargo, no son los únicos, pues el amigo del presidente Jimmy Moraes y exembajador en temas de migrantes, Claus Marvin Mérida, fue el pionero en firmar un acuerdo con la misma consultora, por el mismo monto y con los mismos fines. Esto lo hizo el 6 de abril pasado, siete días antes de ser removido de su cargo por haber enviado una carta a un senador en la que se quejaba de Todd Robinson, diplomático a cargo de la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

Las declaraciones del diputado panista han generado sospechas sobre el origen de los fondos para pagar el acuerdo con la firma.

Además, según la Presidencia, Mérida actuó solo. “Las acciones que él pudo hacer personalmente deben consultárselas a él”, puntualizó el mandatario ayer durante una conferencia de prensa.

Actos ilícitos

En el caso de Mérida cabría el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad, dos ilícitos por los que ya está siendo investigado en el MP a raíz de la carta dirigida al senador Michael Lee en la que se quejaba por la gestión de Robinson en el país.

“Podría enfrentar un proceso en EE. UU. porque la firma tiene los indicios para denunciarlo por daños y perjuicios o por falsedad ideológica”, indica el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino.

El caso de los parlamentarios es más grave, pues gracias a la declaración de Linares, existen indicios para creer que existen otros delitos además de abuso de autoridad.

Los diputados que suscribieron el contrato podrían ser citados al pleno del Legislativo.

Pérez Trabanino explica que el legislador ha declarado que los supuestos empresarios “invirtieron, no financiaron, en el pago del contrato”.

“Una inversión requiere algo a cambio. Están recibiendo dinero de terceros al ser funcionarios públicos y eso riñe con la Ley de Probidad”, apunta Pérez.

El Artículo 18 de esa ley establece las prohibiciones de los funcionarios públicos. En los distintos incisos se estipula que está vetado aprovechar el cargo para conseguir servicios especiales para terceros; solicitar o aceptar dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores; utilizar el título oficial del cargo, los distintivos, la influencia o el prestigio de la institución para asuntos de carácter personal o de terceros; entre otros.

Si los diputados no declaran de dónde proviene el dinero para pagar el contrato podría tipificarse como Lavado de Dinero, pues se está ocultando el origen, dice Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana (AC).

Además, el abogado Mario Fuentes Destarac identificó que podría existir enriquecimiento ilícito si los diputados obtuvieron un pago por ese convenio. Un extremo que debe verificarse mediante una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), según el experto.

Sin visa

Desde abril, el exembajador Claus Marvin Mérida ya no tiene pasaporte diplomático, pero tampoco posee visa, según una fuente de la Cancillería, por lo que el exfuncionario estaría en Estados Unidos de manera ilegal. De acuerdo a una fuente de la Embajada de EE. UU. esta entidad no puede pronunciarse sobre visas particulares, aunque sugirió que el Ministerio de Relaciones Exteriores podría explicar qué sucedió con él luego de que le removieran el pasaporte.

“Una inversión requiere algo a cambio. Están recibiendo dinero de terceros al ser funcionarios públicos y eso riñe con la Ley de Probidad”

Juan Pérez Trabanino, abogado.