Jueves 23 DE Noviembre DE 2017
Nación

Presidencia se desliga de exembajador que contrató cabildeo

El acuerdo para mejorar relaciones con funcionarios estadounidenses asciende a Q7.2 millones por un año.

 

Fecha de publicación: 19-06-17
Marvin Claus Mérida reiteró la semana pasada, frente a representantes de medios de comunicación estadounidense su queja contra Todd Robinson. Por: Pavel Gerardo Vega [email protected]
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Un acercamiento más eficaz con funcionarios de los organismos Ejecutivo y Legislativo de Estados Unidos es el objetivo principal de un contrato con la firma lobista de aquel país, Barnes & Thornburg, suscrito por el exembajador y amigo del presidente Jimmy Morales, Marvin Claus Mérida en nombre de la Presidencia guatemalteca. El monto del acuerdo asciende a US$960 mil (Q7.2 millones) por un año.

Lucy Barrios, subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró a elPeriódico que “el presidente no ha autorizado a ningún funcionario para suscribir algún contrato de este tipo. Si alguien lo hizo fue sin autorización, a título personal y deberá asumir la responsabilidad y consecuencias que pueda traer”.

La funcionaria indicó, al cuestionarle si ya pidieron explicaciones a Mérida, sobre el faccionamiento del contrato, que “por el momento no se ha tenido ninguna comunicación con el señor Mérida por no tener relación alguna con el Ejecutivo”, aunque al momento de firmar el acuerdo de cabildeo, el señalado aún trabajaba como embajador ad honórem de la Presidencia en temas migratorios.

Al respecto de este contrato, la Embajada estadounidense declaró a elPeriódico que se debería invertir en proyectos sociales y seguridad para mejorar estos ámbitos en el país.

A criterio del excanciller Édgar Gutiérrez no es posible que Mérida haya actuado solo, pues el sistema estadounidense verifica quién firma y quién paga los contratos de cabildeo.

Gutiérrez también opina que no existe una crisis entre ambos países para que se utilice esta alternativa de acercamiento. “Lo único que cabe es pensar que este cabildeo lleva los mismos objetivos que desde diciembre están empujando varios sectores en Guatemala que buscan sacar a Iván Velásquez y acelerar la salida del embajador Todd Robinson, además de limitar su acción”, dice el experto.

El presidente Jimmy Morales ya se había sumado a esas quejas de injerencia cuando al principio de su administración declaró que existía una intervención, sin decir de quién hablaba. Además, la Cancillería emitió una carta al cuerpo diplomático para advertir que no interfirieran en las políticas del país.

Linares Beltranena dice que no tiene permitido dar a conocer el nombre de quien paga el millonario contrato.

Los diputados también

Cuatro diputados del Congreso contrataron a la misma firma con los mismos objetivos de Mérida, por los mismos montos y con el mismo cabildero. Se trata de Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Óscar Quintanilla, de la Alianza Ciudadana; Julio Lainfiesta, de la Unidad del Cambio Nacional (UCN) y Jaime Regalado, del Movimiento Reformador.

Lo que tienen en común estos congresistas con Mérida es la constante oposición con el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del embajador Robinson. Incluso, el firmante del contrato, ahora desconocido por la Presidencia, reiteró la semana pasada frente a representantes de medios estadounidenses su queja sobre el diplomático aduciendo que interfiere con la política guatemalteca.

Otro factor común entre ambos contratos es que se desconoce el origen del financiamiento. El monto asciende a US$1 millón 920 mil (Q14.4 millones) entre los dos acuerdos, pero según el diputado Linares Beltranena no tienen permitido dar a conocer el nombre de quién paga el acuerdo.

“Cuando se oculta el financiamiento se puede pensar cualquier cosa, pueden ser desde intereses legales o hasta de grupos ilegales”, puntualizó Gutiérrez.

Cerca de republicanos

El encargado de este cabildeo es el abogado Robert T. Grand, quien participa como vicepresidente regional del Comité Nacional Republicano y fue parte del equipo asesor en temas financieros de la campaña del presidente estadounidense Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. El abogado originario de Indiana también fue presidente del equipo de asesoría financiera en ese Estado de la campaña del expresidente George W. Bush y el ex vicepresidente Dick Cheney en 2000 y 2004.