Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Nación

Jueza recomienda retirarle la inmunidad a magistrado Orellana solo por un delito

Las pesquisas determinaron que el funcionario mintió en cuanto a un préstamo que adquirió para comprar un apartamento. El delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada es el menos grave de los cuatro por los cuales es señalado.

Fecha de publicación: 05-06-17
El magistrado es acusado por el MP de recibir un apartamento como pago por beneficiar al abogado Roberto López Villatoro. Por: Julio E. Santos jsantos@elperiodico.com.gt
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Beyla Estrada Barrientos, magistrada Vocal I de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, nombrada como jueza pesquisidora para el proceso de antejuicio en contra del magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis, recomendó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle la inmunidad al funcionario para que sea sometido a una investigación, aunque  solo por el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentó el 11 de enero de este año, la solicitud de antejuicio en contra de Orellana Donis por los delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

El informe

No obstante, la jueza nombrada por la CSJ para que investigara los hechos determinó en su informe que luego de recabar información documental, declaraciones testimoniales y evidencia obtenida durante la pesquisa, no hay forma de comprobar los hechos que le sindica el MP a Orellana Donis, actual magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.

“No existe forma de acreditar o comprobar que en el año 2014 el magistrado Orellana haya recibido un apartamento con dos parqueos en la zona 14, como dádiva o beneficio patrimonial a cambio de favorecer los intereses del abogado Sergio Roberto López Villatoro”, se lee en la resolución.

La denuncia presentada por el MP se basa en que Orellana Donis supuestamente recibió por parte de López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, un amplio y lujoso apartamento ubicado en la zona 14, a cambio de favorecer sus intereses en la elección de magistrados de la CSJ. En dicho proceso de comisiones de postulación de 2014, Orellana Donis fue nombrado comisionado electo por el Instituto de Magistrados, el 26 de mayo de ese año.

Según Estrada, “no existe prueba que haga presumir que como Comisionado… influyó para que resultaran electas personas relacionados o bien afines a López Villatoro, a pesar de existir determinados vínculos, pero no fue posible demostrar tales extremos”.

Carmen Aída Ibarra,  del Movimiento Pro Justicia, fue llamada a declarar como parte de las pesquisas. En su testimonio indicó que no le constaba que se hubiese dado una negociación espuria entre los miembros de la comisión y actores externos que influyera en la elección, de manera pública o ante los observadores mientras se revisaban las ternas.

“La pregunta de la magistrada el día que declaré fue que si a mí me constaba y había visto alguna negociación que se hiciera en público, pero es obvio que si hubo negociaciones o componendas y que fue lejos de las reuniones públicas, algunos miembros recibieron instrucciones sobre cómo debían operar y a quiénes beneficiar, pero eso no se da en público y frente a nosotros”, dijo Ibarra.

La magistrada Estrada comprobó en su investigación que Orellana Donis mintió en cuanto a la forma con que supuestamente compró ese inmueble. El antejuiciado aseguró que lo hizo por medio de un crédito que gestionó en un banco.

“Esa información no está apegada a la verdad en virtud de que se obtuvo informe de esa institución bancaria que evidenció que no fue solicitado en 2014 ningún préstamo a favor de él o su esposa”, expone la pesquisidora.

Pena severa

La Contraloría General de Cuentas entregó el 2 de mayo, el informe en donde se indica que Orellana Donis no presentó los formularios de declaración jurada patrimonial, mismos que en su momento el procesado se los ofreció a la jueza, como medio probatorio. La Ley Contra la Corrupción en su Artículo 419 Bis, indica que el funcionario que incumpla con la obligación de presentar su declaración jurada patrimonial, será sancionado con multa correspondiente a la multiplicación del salario mensual por los meses del atraso.

US$200

Mil  costó el apartamento, según Orellana Donis.

“La Corte tiene que declarar con lugar el antejuicio porque se debe investigar cómo obtuvo ese apartamento ya que no tenía el dinero para comprarlo”.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

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