Jueves 23 DE Noviembre DE 2017
Nación

Inconsistencias investigativas e incongruencias de colaboradores eficaces favorecen a los Valdés Paiz

Juez clausura por tres meses proceso penal contra hermanos presuntos autores intelectuales en muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, el 10 de mayo del 2009 en un sector de la zona 14.

 

 

Fecha de publicación: 15-05-17
Por: Tulio Juárez
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“Se debe establecer al menos un vínculo de comunicación entre los señores Valdés Paiz y los autores materiales” del asesinato a balazos del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, cometido por sicarios la mañana del 10 de mayo del 2009 en un sector de la zona 14 capitalina, ha fundamentado hoy el juez Mynor Motto al clausurar de forma temporal el proceso contra dos hermanos señalados como presuntos autores intelectuales del crimen.

Estuardo y Francisco Valdés Paiz –quienes gozan de libertad bajo fianza de Q500 mil por lo cual se encuentran en arresto domiciliario desde agosto del 2013– han sido beneficiados por el titular del Juzgado Tercero que, luego de la evaluación de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG, halló inconsistencias en la investigación e incongruencias en las declaraciones de los colaboradores eficaces.

Rosenberg provocó gran polémica que sacudió las bases del gobierno de  Álvaro Colom, ya que la víctima había dejado grabado un video en el cual en caso de sucederle algo malo él responsabilizaba al Presidente, a la primera dama Sandra Torres, al secretario privado Gustavo Adolfo Alejos Cámbara –hoy en la cárcel por casos de corrupción–, así como a Gregorio Valdés, pero en enero de 2010 la CICIG arribó a la conclusión que el abogado había planificado su asesinato.

Lo de hoy

En la audiencia de etapa intermedia este lunes, se resolvió la clausura provisional del caso por lo que no los envían a debate oral y público, al tiempo de definir tres meses de plazo a la fiscalía para ampliar los elementos de prueba –de manera conjunta con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala–, en especial descubrir la causalidad o motivos que habrían llevado a los sindicados a presuntamente planear el hecho.

A criterio del juzgador, es necesario contar con un informe de “activación de antenas” a efecto de establecer si hubo telefonemas entre el grupo de implicados en el ataque y los supuestos autores materiales, nueve a los que el 15 de julio del  2010 un Tribunal de Alto Riesgo fijó penas de 8 a 48 años por los delitos de asesinato y asociación ilícita. En aquella ocasión, la CICIG presentó este informe al respecto:

  • William Santos, Edwin López, Lucas Santiago y José Ruano fueron condenados a 38 años de prisión; diez años más para Ruano por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

  • Samuel Girón, Byron Santos, Balmoris Guzmán y Miguel de Jesús Ordóñez condenados a ocho años por asociación ilícita; diez años y ocho meses más para Ordóñez por el agravante de haber sido agente de la Policía Nacional Civil.

  • Jesús Manuel Cardona Medina, colaborador eficaz, sentenciado a 12 años y ocho meses de prisión. (Se le recortó a diez la pena inicial de 30 años por asesinato, más dos años y ocho meses por asociación ilícita).