Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Nación

Exasistente de Douglas Charchal revela detección de micrófonos ocultos en oficinas de la Corte Suprema

Mario Ruano San José, procesado penalmente por el caso TCQ, asegura ante juez que tras asumir los magistrados se descubrieron los aparatos; ha pedido a Miguel Ángel Gálvez libertad condicional y cambio de delitos, vía medidas sustitutivas, pero es rechazada su solicitud.

 

Fecha de publicación: 19-04-17
Foto. JM Lam Por: Tulio Juárez
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En prisión preventiva desde el 15 de abril del 2016 a raíz de las primeras nueve capturas en el millonario fraude y sobornos detectados por el negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Mario Ruano San José –el exasistente del también encarcelado exmagistrado Douglas René Charchal Ramos– ha revelado este día ante juez que tras asumir sus despachos los titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las oficinas fueron descubiertos micrófonos ocultos.

Ruano tuvo en el Juzgado B de Mayor Riesgo una audiencia donde, en el curso de su declaración, negó tener participación directa alguna  en dicho caso por lo cual solicitó, sin éxito, a Miguel Ángel Gálvez Aguilar otorgarle medidas sustitutivas de libertad condicional y cambio de delitos para ir al arresto domiciliario. El Ministerio Público (MP) y la CICIG lo sindican de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, delitos que habría cometido por su exrelación con Charchal Ramos.

El exasistente también rechazó los señalamientos del Estado y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que lo implican en la situación de TCQ como la persona quien coordinó en un juzgado de Escuintla que fuese declarada sin lugar una demanda de la municipalidad del Puerto San José, por Q24 millones, que exigía a dicha empresa para extenderle la licencia de construcción de la terminal marítima.

 

Ruano y Monzón Rojas

En la diligencia de hoy, Mario Ruano San José ha declarado que, en efecto, Juan Carlos Monzón Rojas lo contactó en su despacho de la CSJ a fin de pedirle “un favor”. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG afirman en la acusación planteada que, por esa ayuda para favorecer a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, el entonces secretario privado de la vicepresidencia lo recompensó con una camioneta agrícola.

El exasistente del ahora exmagistrado Charchal Ramos –prisionero en el Mariscal Zavala– reiteró esta mañana ante el juez Gálvez Aguilar  que, primero, él sólo había seguido órdenes, pero “nada, absolutamente nada tengo que ver con TCQ. Yo lo que sí hice fue preguntar por ese papelito que me dieron, porque les pedí instrucción, y no fue mi intención tampoco que me dijeran ‘vaya y le dice de que lo haga a favor de alguien’, tampoco es cierto”.

“Tengo carácter para decírselo, qué fue lo que nosotros preguntamos. Esa es mi declaración y si en algún momento dado yo cometí un error, pues lo tengo que pagar, pero la camioneta en ningún momento la pedí regalada”, indicó Ruano, quien ya había respondido al fiscal especial Juan Francisco Sandoval Alfaro que “cuando a mí me habló el señor Juan Carlos Monzón, me habló solo” en la oficina de la Corte Suprema de Justicia –donde laboraba para Charchal–. 

El 15 de abril del año pasado, la CICIG expidió el comunicado de prensa 025 donde explicó lo siguiente:

 

NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN EN PORTUARIA QUETZAL VINCULA A EXGOBERNANTES

Fueron capturadas nueve personas

< Un nuevo caso de corrupción fue revelado hoy por la CICIG, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público, y el Ministerio de Gobernación, en el que están vinculados los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti, así como otras 15 personas, de las cuales nueve fueron capturadas hoy por las autoridades. Ellos son sindicados de participar en la firma de un contrato irregular –a cambio de sobornos–, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.

En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez dio detalles de la investigación junto con la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

El contrato

< La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.

< Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por: Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías (líderes de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Ángel Pérez-Maura, Juan José Suárez Messeguer, Mauricio José Garín y Jonathan Harry Chevez.

< Ellos se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

< Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.

< Otto Fernando Pérez Molina designó en 2012 como “operador” de Puerto Quetzal –y enlace suyo– al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, persona allegada a él ya que voló helicópteros en los desplazamientos realizados como candidato a la Presidencia de la República, en época de campaña.

< En los primeros días de gobierno del Partido Patriota, Pérez Molina atendió la recomendación que le hiciera su operador Guillermo Lozano Bauer, de designar como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, nombramiento que efectuó el 24 de enero de 2012.

< Asimismo, por recomendación de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, el 9 de marzo de 2012 se nombró a Julio Rolando Sandoval Cano como subinterventor y representante legal de la Empresa Portuaria Quetzal. Lozano Bauer incluyó como parte de su equipo a William Schwank López. Las anteriores personas conformaron el círculo político de confianza en el manejo de la Empresa Portuaria Quetzal.

El contrato paralelo

< Se ofreció pagar una parte de la comisión en dinero y otra a través de un paquete accionario de TCQ, S.A. Por instrucción del presidente, Juan Carlos Monzón se reunió con los representantes de TCQ, Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, donde expresó su desacuerdo con la fórmula de pago a través de un paquete accionario de TCQ, y exigió que la comisión les fuera cancelada en efectivo, a lo que accedieron los directivos.

< En reuniones siguientes Juan Carlos Monzón dio a conocer al grupo de negociadores, de origen español, la intención del presidente y de la vicepresidenta de que los pagos no se extendieran más allá de sus mandatos, y exigiendo como fecha límite para cumplir lo pactado el mes de octubre de 2015.

< El grupo de españoles le entregó a Juan Carlos Monzón un cuadro con los detalles de pagos, en el que se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera:

  • $24.5 MILLONES para “socio local”
  • $5 MILLONES para “argentinos”
  • $0.5 MILLONES para “gastos”

< En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber a Pérez Molina que, en reunión sostenida por él en Cancún (México), se había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garín de la forma y cronograma de pagos de los US$24 millones, de forma tal que se cumplía con las exigencias de los gobernantes.

< La “comisión” se distribuiría en proporción del 60% para el expresidente y la vicepresidenta, y el 40% para Juan Carlos Monzón.

< Pérez Molina utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación. Intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ, promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental, y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación.

Antejuicio magistrado CSJ

< TCQ interpuso un amparo en contra del alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que este quería obligar a TCQ a pagar licencia de construcción en la municipalidad. El monto que reclamaba la municipalidad ascendía a Q24 millones (219-2013 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla). La empresa TCQ y miembros de la Portuaria se oponían al pago millonario.

< Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, Juan Carlos Monzón se reunió con el juez en ese entonces, Douglas Charchal Ramos, y con su asistente Mario Ruano San José, y acuerdan gestionar una resolución favorable en el juzgado.

< Por el anterior hecho, el Ministerio Público presentó el día de hoy una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias contra Charchal Ramos, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Las capturas y delitos

  • Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • Lázaro Noé Reyes Mata: enriquecimiento ilícito.
  • Julio César Zamora Álvarez: enriquecimiento ilícito.
  • Julio Norberto Esquivel Orellana: enriquecimiento ilícito.
  • Juan José Suárez Messeguer: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
  • Jonathan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Mario Ruano San José: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
  • José Luna Argueta: cohecho pasivo.

< El sindicado Jonathan Harry Chévez fue la persona encargada de adquirir bienes e inmuebles a la pareja presidencial para lavar el dinero adquirido de manera ilícita.

Con orden de captura internacional

  • Guillermo Lozano Bauer: asociación ilícita
  • Allan Herbert Marroquín Castillo: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • William Schwank López: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
  • Ángel Pérez-Maura: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
  • Mauricio José Garín: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Guillermo Lozano Bauer: asociación ilícita.

< Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías fueron citados la próxima semana por el Juzgado de Mayor Riesgo B para hacerles saber el nuevo proceso penal que deben enfrentar, en el cual son sindicados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

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