Domingo 22 DE Septiembre DE 2019
Nación

CGC denuncia ocho anomalías del contrato entre el Estado y Odebrecht

Además de la Contraloría también la cartera de Comunicaciones presentó denuncia penal en contra del contrato.

 

Fecha de publicación: 30-03-17
Por: Enrique García elPeriódico

A mediados del año pasado, el departamento de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentó al Ministerio Público (MP) ocho razones que fundamentan anomalías en el contrato que suscribió el Estado con la constructora brasileña, Norberto Odebrecht. El documento detalla la forma en que exministros, diputados y representantes de la empresa suscribieron convenios con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDS) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En la auditoría realizada se señala que existen “indicios de ilícitos” por parte del exministro de Comunicaciones, Jesús Insúa Ramazzini, del BNDS, y de los diputados que aprobaron de urgencia nacional en el 2012 el préstamo por US$399.4 millones. En el expediente se indica que Insúa es quien en marzo de 2011 suscribió el memorando de entendimiento entre la cartera y Odebrecht.

Los actos concluyen cuando en diciembre de 2013 el exdirector general de la Dirección General de Caminos, Jorge Gálvez, Marcos de Cerqueira y Carlos Marques, estos mandatarios de la empresa brasileña, firman un nuevo contrato para que iniciaran los trabajos contemplados en el proyecto original. De acuerdo a los auditores Lesly Mancilla y Lesdy Figueroa las denuncias se fundamentan en el Artículo 208 del Código Procesal Penal, además que presentan nueve elementos de prueba en contra del contrato.

Los trabajos de la ruta Cocales – Tecún Umán, solo se realizaron en un 32 por ciento y se desembolsó un 71 por ciento de los recursos.

Investigan a otros involucrados

Además del exministro de Comunicaciones aparece en la denuncia Gudy Rivera, exdiputado del Partido Patriota (PP); el actual legislador del bloque Todos, Christian Boussinot; Florentino Venegas, quien fuera el apoderado especial judicial y administrativo del BCIE; el exministro de Finanzas, Pavel Centeno; y los representantes Joáo Carlos y Luis Melin del BNDS; Carlos Augusto Jalobá y C,elio de Oliveira Durán procuradores de la constructora.

En enero de este año, Aldo García presentó al MP una segunda denuncia sobre las anomalías en algunas modificaciones que la anterior administración realizó en el contrato con la empresa brasileña. La solicitud es que se revisen las actuaciones de todas las personas que estuvieron involucradas en el cambio de las cláusulas del contrato original.

En octubre de 2012, el pleno del Congreso aprobó de urgencia nacional dos préstamos millonarios para que se ampliara la carretera CA-2 Occidente Cocales – El Zarco – Coatepeque – Tecún Umán. Un año después el contrato original fue modificado y respaldado por los entonces viceministros de Comunicaciones, Miguel Ángel Cabrera y Rubén Mejía.

Se buscó la opinión de los representantes del BCIE y de Odebrecht ante la denuncia de la Contraloría, pero no respondieron a las llamadas ni mensajes.

US$399.4

Millones es el préstamo que legalizó el Congreso en 2012, 140 kilómetros serían trabajados por la empresa brasileña.