Lunes 19 DE Noviembre DE 2018
Nación

Cambio de ocho gobernadores revela intereses de diputados distritales

El secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia no pudo sostener que el Presidente se basó en el desempeño de los exfuncionarios para ordenar los nuevos nombramientos.

 

Fecha de publicación: 28-03-17
Por: Cindy Espina y ferdy montepeque cespina@elperiodico.com.gt
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La baja ejecución presupuestaria en los Consejos de Desarrollo y la calidad de la inversión en las obras, fue la razón que dio el presidente Jimmy Morales el 10 de marzo pasado cuando se anunció la remoción de ocho gobernadores.

Sin embargo, lo dicho por la Presidencia no puede sostenerse con los datos que dan cuenta del trabajo desde 2016 de los funcionarios destituidos.

Un informe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) establece que cuatro de los funcionarios relevados se encuentran entre los primeros 10 puestos con mayor porcentaje de recursos erogados con base a lo desembolsado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). Se trata de los representantes de San Marcos (Mario Hugo Miranda); Huehuetenango (Hiram Martínez); Quiché (Clemente de León); El Progreso, (Ottoniel Ramón Moreno). Este último es la segunda gobernación departamental con mayor ejecución del año.

Los otro cuatro destituidos representaban a Sacatepéquez, Suchitepéquez, Totonicapán y Santa Rosa, los cuales se encuentran entre los últimos 10 de la lista de los 22 departamentos, con menos ejecución. Aún así, el avance de obras en esos departamentos es superior al del departamento de Guatemala, distrito en donde no hubo cambio de gobernador.

El respaldo en la Constitución

Jorge Arreaga, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), reiteró que el Presidente ordenó los cambios con base a la cantidad y calidad del gasto que realizaron los gobernadores. Pero el mismo secretario asegura que aunque los cambios se hicieron por baja ejecución, sí podía dar fe de que todas las obras ejecutadas contaban con la “calidad demandada”, ya que la institución que él dirige es la encargada de supervisar los proyectos.

Pero al señalarle al funcionario que los números de la ejecución presupuestaría no coincidían con su explicación, porque al menos cuatro exgobernadores habían destacado en la erogación del gasto, este justificó la decisión del mandatario al responsabilizar a los exfuncionarios de las acciones realizadas para mejorar la seguridad y salud en sus departamentos.

Pero este argumento tampoco se sostiene, ya que solo El Progreso se encuentra entre los primeros 10 departamentos que poseen alta tasa de homicidios. En cuanto a la situación de salud, solo Huehuetenango es el que presenta más casos de desnutrición aguda y menores fallecidos por mal nutrición.

Al no poder sostener que el mandatario se había basado en datos técnicos para el cambio, el secretario admitió que desconoce cómo evaluó el Presidente la gestión de los ocho exgobernadores, pero que Morales tiene un mandato constitucional que le permite hacer las remociones y nombramientos de funcionarios.

Un asunto político

Arreaga agregó que tampoco puede responder sobre el perfil de los nuevos gobernadores nombrados, entre los que figuran excontratistas del Estado y excandidatos del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). El secretario negó haberse reunido con diputados para discutir el tema de obras y que no conoce sobre casos de corrupción en los Consejos de Desarrollo, aunque aceptó que en su despacho ha recibido llamadas en las que le preguntan si él  cobra “comisiones” por obras.

“Mi función es verificar el trabajo que realicen los gobernadores, si existen coyunturas con un partido, no puedo hablar en ese tema. Si existieran cuestiones anómalas dentro de los Consejos de Desarrollo cuando ellos ya son los gobernadores soy el responsable”, señaló.

Al preguntarle por qué no se había cambiado al gobernador de Guatemala por su baja ejecución, aseguró que la evaluación continuará y que el Presidente decidirá si realiza más remociones.

A pocos días de haber sido destituido como gobernador de Huehuetenango, Mauselio Hiram Martínez, no dudó en hablar de lo que, según él, calló por varios meses porque no contaba con las pruebas para presentar una denuncia formal. Señaló a los diputados Rubén Martínez Herrera, del FCN-Nación, y a Sofía Hernández, de Alianza Ciudadana (AC), como los promotores de su remoción.

El exfuncionario aseguró que Arreaga lo citó el año pasado a su despacho para una reunión de trabajo; pero en realidad era para que se reuniera con Martínez Herrera y con Hernández. Según Hiram Martínez, en esa junta los legisladores le pidieron que diera “viabilidad” a las obras que llegaban al Codedes y que además debía descontar un 10 por ciento de dichos proyectos, el cual sería distribuido entre los diputados, alcaldes y el gobernador.

El 10 de marzo fueron juramentados los ocho nuevos gobernadores en el Palacio Nacional de la Cultura.

Hiram Martínez denunció a Hernández en el Ministerio Público (MP) en septiembre del año pasado por supuestas presiones, y por eso la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a la congresista. La diputada respondió que luego de quedar sin antejuicio se ha apartado de Huehuetenango y negó alguna injerencia para destituir al ahora exfuncionario. Aseguró que desconoce al sucesor de Martínez, Julio Calderón Flores, y se mostró despreocupada al pedirle su opinión sobre la condena de estafa mediante cheque que recibió el nuevo gobernador en un caso iniciado en 2012.

El gobernador saliente de Huehuetenango, aseguró además, que el diputado Rubén Martínez le pidió, también el año pasado, colaborar con él para la sobrevaloración de obras en el Consejo de Desarrollo que él presidía y que a cambio de eso recibiría una comisión económica a lo cual no accedió.

Presiones en Quiché

Otro de los diputados artífices del cambio de los ocho gobernadores es el jefe de bancada de FCN-Nación, Javier Hernández Franco, señaló Clemente de León, quien fue gobernador de Quiché. De León cuestionó que semanas antes de conocerse la juramentación de los nuevos funcionarios participó en una actividad pública junto con el presidente Jimmy Morales, quien lo confirmó en el puesto. Hernández Franco no quiso hablar con elPeriódico sobre el tema.

De León también aseguró que recibió presiones de Ferdy Elías, diputado distrital de Quiché, para que cobrara comisiones. Según De León, él nunca aceptó eso, “él (Elías) me buscaba, me citaba en Guatemala. Dos y tres veces nos sentamos y me decía ‘no he ganado nada de la cuestión de las obras’. Sí me habló de eso, me estuve aguantando toda esa cuestión. Presenté una denuncia en el MP, pero no señalé a nadie en específico”, sostuvo.

Jacinto Castro, exgobernador de Sacatepéquez, aseguró que los cambios no se realizaron por cuestiones de ejecución presupuestaria, ya que él ejecutó “de una manera razonable y muy parecida a la de otros que no fueron removidos del cargo. Según Segeplan, el promedio de avance físico de ese departamento fue de 83.20 por ciento durante 2016, superior a los datos que registran Izabal y Alta Verapaz, con 62 y 68 por ciento de avance físico en las obras respectivamente.

Mientras que la exgobernadora de Suchitepéquez, Nancy Yubitza Saxché, señaló que el diputado por Suchitepéquez, Julio Juárez, pidió al jefe de bancada de FCN-Nación, Javier Hernández Franco, que hablara con el Presidente para que ella fuera retirada del cargo. El nuevo gobernador de Suchitepéquez, Luis Antonio Herrera Rabanales, ya se había desempeñado en ese cargo en 2016.

Saxché indicó que Arreaga no permitió que los gobernadores revisaran el informe, elaborado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, sobre ejecución presupuestaria de los Cocodes.

Irregularidades en las obras

Entre 2016 y 2017 la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) ha presentado 19 denuncias en el Ministerio Público (MP) por irregularidades en los Consejos de Desarrollo. En estas se señala el incumplimiento de algunos contratos como el de la construcción del edificio municipal de Fraijanes, Guatemala. También en el de la edificación de instalaciones deportivas de la aldea Puerta del Señor de ese mismo municipio.

Otro de los proyectos denunciados ante el MP es por “irregularidades” en el sistema de drenajes en Morazán, El Progreso. Además, se señala el incumplimiento del contrato para la perforación de un pozo y la construcción de un tanque para almacenar agua en San Juan, Zacapa. El incumplimiento del convenio del proyecto de mejoramiento de carreteras de terracería en la comunidad Cojulyá, Santa Apolonia, en Chimaltenango.

“Con base a ese fundamento legal, el Presidente consideró elementos como la ejecución presupuestaria, otros asuntos cuantitativos y cualitativos y a raíz de eso se toman las decisiones para hacer los cambios”.

Jorge Arreaga,  titular de la SCEP.

 

 

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