Lunes 22 DE Julio DE 2019
Nación

Fiscalía Especial entrega a juzgado 463 medios de investigación por corrupción en el Seguro Social

Compras sobrevaloradas de 50 ambulancias y una Solución Integral de Sistemas Informáticos (SAP), así como tres contratos de alquiler de un edificio por US$30 mil mensuales se atribuyen a un exgerente, una exsubgerente y tres representantes legales de empresas privadas.

 

 

Fecha de publicación: 10-03-17
Por: Tulio Juárez

Un total de 463 medios de investigación ha entregado hoy la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) al presentar al Juzgado Décimo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, laacusación formal correspondiente a la primera fase del caso IGSS por las compras sobrevaloradas de 50 ambulancias, una Solución Integral de Sistemas Informáticos (SAP) y tres contratos por el alquiler de un edificio en US$30 mil mensuales para oficinas.

En esta etapa 1 el Ministerio Público (MP) acusa al exgerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, José Javier Donis Álvarez, por fraude y peculado por sustracción; a Dominga Estela Cuéllar Hernández, subgerente de Integridad y Transparencia –incumplimiento de deberes–; a los representantes de las empresas contratadas Rebeca Cordón y Luis Alfredo Morales –fraude– y Carlos Ramiro Moino Cárdenas –fraude y defraudación tributaria–.

La investigación

La FECI estableció que de septiembre del 2013 a noviembre del 2014 la administración suscribió de forma irregular tres contratos para el alquiler de un edificio de la zona 9, durante cinco años a razón de US$30 mil al mes.

Además, los señalados compraron una Solución Integral de Sistemas Informáticos (SAP) o su equivalente, que incluyera la instalación, migración de datos, puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un Sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales -GRP- por Q243 mil, pero sin justificar el precio ni tomar en cuenta que el IGSS contaba con sistemas informáticos para sus labores administrativas y médicas.

El tercer negocio ilícito es la compra de 50 ambulancias donde el valor unitario era de Q880 mil cada unidad a pesar de que, según las cotizaciones, el costo de dichos vehículos debería ser menor de acuerdo con las especificaciones requeridas por el Instituto.