Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Nación

La oficina Contra la Tortura: un trabajo “inoperante” con apetecibles sueldos

Sala de Derechos Humanos del Congreso comienza proceso para elegir a tres relatores de la Oficina Contra la Tortura.

Fecha de publicación: 26-02-17
La diputada Patricia Sandoval (de blanco) dirige la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la sala encargada de elegir a los integrantes de la Oficina contra la Tortura. Por: Enrique García elPeriódico
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Recibir un salario superior a los Q50 mil mensuales, dietas, gastos de representación y la discreción de contratar asesores y tener autonomía en sus labores han sido parte  de los beneficios en los últimos dos años de los cinco relatores de la Oficina de Prevención de la Tortura electos en 2014 por el Congreso de la República. Incluso, datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) detallan que durante 2015 y 2016 la mayor parte del presupuesto –Q20 millones en dos años– fue para el pago de sueldos.

La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) calificó en su informe de supervisión, en agosto del año pasado, que el trabajo de la Oficina era “inoperante”. Criticó en ese entonces que no realizaron ninguna inversión para la atención a víctimas; además, que no atendieron denuncias ni identificaron alarmas o alertas de casos de tortura.

En noviembre del año pasado, la entidad gastó Q50 mil por una conferencia de prensa; en abril se pagaron Q10 mil para la contratación de mesas cocteleras, vasos de cristal, hielo en cubitos, platos para boquitas, meseros por cinco horas, boquitas típicas, bebidas y toldos; mientras que a inicios de año se tomó del presupuesto de la Oficina Q19 mil para la compra de arreglos florales, banquete para 350 personas y un pin para la toma de posesión del actual presidente de la entidad, Carlos Alberto Solórzano Rivera –exdiputado del Partido Patriota–.

La instancia del PDH reitera, además, que de enero a agosto de 2016 se recibieron 42 denuncias sobre tortura en diferentes cárceles, y de estas solo tres se resolvieron.

A ello se suma que la actual relatora Silvia Villalta, integrante también de dicha institución, no fue convocada por la presidencia de la Oficina para realizar trabajos de campo, ya que existía una prohibición al resto de relatores de acercase a ella; Villalta había denunciado violencia psicológica y misoginia.

Una elección con dudas

La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que preside la diputada del partido del Frente de Convergencia Nacional–Nación (FCN-Nación) Patricia Sandoval, citó al procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y a los cinco actuales relatores con el objetivo de que se ampliara o ratificara lo denunciado por la instancia del PDH en 2016. Ahí los integrantes de la Oficina Contra la Tortura presentaron sus pruebas en contra de los señalamientos.

En la elección que se realizó en 2014, diputados que integraron la sala de Derechos Humanos, encargada de seleccionar a los candidatos, recordaron que la distribución de los puestos estuvo a cargo de las agrupaciones políticas Partido Patriota (PP), Libertad Democrática Renovada (Lider), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y  de la agrupación Todos.

Según la ley, los cinco relatores de la Oficina Contra la Tortura durarán en sus puestos cinco años.  Los actuales integrantes fueron juramentados en 2014.

¿Por qué elegir a tres relatores?

En 2010, el Congreso de la República aprobó la Ley de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En su Artículo 17 contempla que será integrada por cinco relatores titulares e igual número de suplentes, y en el 22 detalla que el mandato durará un periodo de cinco años –en esta  primera elección se designaron dos para un periodo de cinco años y tres para tres años, estos últimos, concluyen sus funciones el 25 de marzo -.

Ahora, las tres relatorías que se designarán para que terminen el mandato de los cinco titulares para 2018 estará en manos de los partidos FCN-Nación, Todos y Movimiento Reformador (MR).

Los integrantes de la Oficina en 2015. Se buscó la opinión de ellos pero no contestaron las llamadas.

Ante los señalamientos en contra del trabajo que se realiza en la Oficina, Sandoval se limitó a declarar que en la elección de los nuevos candidatos se “crearon todas las herramientas” para calificar y escoger a los más adecuados. La sala recibió 32 expedientes que se postulan para los tres cargos que quedarán vacantes.

Entre los aspirantes figuran Sergio Lima, señalado de estar implicado en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, además de haber sido jefe del Gabinete de Identificación de la extinta Policía Nacional; Raúl Arquímides Manchamé, exidirector de la Policía Nacional Civil (PNC), acusado de abuso de autoridad y de haber participado en los disturbios de Jueves Negro y Viernes de Luto; Marco Mejía, creador del Doctorado en Seguridad impulsado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, de donde se graduó el presidente de la República, Jimmy Morales; el exministro de Trabajo, Carlos Ulbán, y el ex subdirector de la Dirección General de Migración, Byron Melgar, ambos del gobierno de Otto Pérez Molina.

Una nueva propuesta

El año pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso –presidida por el diputado Ronald Arango– dictaminó favorablemente una iniciativa para reformar en su totalidad la ley que rige la Oficina de Prevención de la Tortura. El proyecto que está en su fase de discusión por artículos y redacción final contempla disminuir el número de relatores a tres, así como regular las facultades y atribuciones.

“Los actuales relatores están mal vistos por la comunidad internacional y por la oficina del Procurador de Derechos Humanos”, resumió Arango. Y eso no es todo, los cinco relatores se han interpuesto entre ellos mismos alrededor de 30 denuncias y se acusan de corrupción, narcotráfico e intento de asesinato.

El mandato de la Oficina

Fue creada para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en contra de la integridad física y mental de las personas privadas de libertad; además, verifican la presencia del uso de la fuerza, abuso o arbitrariedad por funcionarios o agentes del Estado en la prestación de servicios públicos.

Los sueldos

Los salarios de la Oficina de Prevención de la Tortura

> Relatores Q50,625

> Asesores de relatores, entre Q20 y Q25 mil

> Prestadores de servicios profesionales y técnicos, entre Q4,500 y Q15 mil

> Directores Q18 mil

> Auxiliar, contador y asistente Q10 mil

> Encargados diversas áreas,  entre Q4 mil y Q7,500

En 2016

84%

Fue para pago de salarios de un presupuesto de Q10 millones.

25 de marzo

Tomarán posesión los tres relatores que serán electos por el Congreso.

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