Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Nación

La investigación que Baldetti no quería

En 2013, cuando la CICIG anunció que empezaría una investigación sobre financiamiento a partidos políticos, la entonces Vicepresidenta salió al paso.

Fecha de publicación: 26-02-17
Baldetti y Pérez durante una reunión con alcaldes del Partido Patriota, luego de la primera ronda de elecciones en 2011. (archivo) Por: Manuel Silva msilva@elperiodico.com.gt
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Un mes antes de que Roxana Baldetti fuera capturada por liderar una estructura de defraudación aduanera, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó el informe ‘El Financiamiento de la Política en Guatemala’.  “En las últimas tres décadas han irrumpido en la escena política fondos y actores del crimen organizado (sobre todo, estructuras dedicadas a la narcoactividad y al contrabando)”, dice el documento que fue presentado el 15 de julio de 2015.

Cuando la CICIG anunció el inicio de esta investigación sobre los partidos políticos en diciembre de 2013, la entonces Vicepresidenta señaló que no se tendría el tiempo suficiente para  la investigación porque el mandato de la Comisión estaba por finalizar, y sugirió  a Iván Velásquez que mejor se dedicara a investigar a los alcaldes que tenían relación con el narcotráfico.

“No es nada nuevo, yo personalmente lo he vivido. Hay alcaldes que sabemos que trabajan para el narcotráfico y si revisamos el mapa, son alcaldes que están precisamente en las áreas fronterizas, y, ¿quién pone el dinero para estas campañas? El narcotráfico. Eso no es ninguna magia”. Y que “todos los políticos sabemos quiénes son los alcaldes mafiosos, todos, y están hoy de alcaldes, no están en mi partido, conmigo se ofrecieron, pero yo no acepté porque tenía la duda de que ellos tenían que ver con el narcotráfico”, dijo entonces.

Baldetti nunca llegó a dar nombres y los mismos alcaldes pidieron a la Vicepresidenta decir a quién se refería.

Las declaraciones fueron respaldadas días después por el entonces presidente Otto Pérez, quien aseguró que era mejor que la CICIG se dedicara a casos específicos.  “ Si ellos se enfocan en los alcaldes, ahí sí creo que tendrían tiempo para investigar”, dijo Pérez.

Luego, en 2016, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, afirmó durante la conferencia donde se dio a conocer el caso Cooptación del Estado que “el Partido Patriota llegó al poder Ejecutivo con la finalidad de cooptar el Estado guatemalteco, y para ello se apropiaron de instituciones, desde donde constituyeron una maquinaria para lavar cifras millonarias”.

En espera de la extradición

El viernes, la embajada de Estados Unidos en Guatemala confirmó que la Corte del Distrito de  Columbia acusa a Baldetti y a Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, por conspirar para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína hacia dicho país, por lo que se está a la espera de una solicitud de extradición.

Este anuncio marca una diferencia importante comparado con otros casos de personas extraditadas, dice Phillip Chicola, director de la Unidad de Gestión Pública del CACIF.

A decir de Chicola, este es el tercer caso que recuerda donde un presidente o vicepresidente de un país fue vinculado directamente con el narcotráfico, tras Manuel Antonio Noriega, en Panamá, y Jean Bertrand Aristide, en Haití.

En el caso de Haití, eso les valió para ser considerados como una especie de narco-estado, y en su opinión eso podría aplicarse aquí. Para él, lo sucedido hace pensar que en el Gobierno anterior el crimen organizado estaba metido directamente en la dirección del país. Y resaltó que ni en la Colombia de los noventa, que es el mayor referente de un cuasi narco-estado, se llegó a capturar a un presidente o vicepresidente por la relación directa con el narcotráfico.

 

Sin solicitud formal

El vicepresidente Jafeth Cabrera indicó, durante la conmemoración del Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que no han recibido oficialmente ninguna notificación de Estados Unidos para la extradición de Roxana Baldetti y de Mauricio López Bonilla.

Cabrera se limitó a decir que “ellos están haciendo lo que deben hacer, velar porque se cumpla la ley en Guatemala. Y si hay responsables de actos ilícitos que les caiga el peso de la ley”. A esto añadió que en el país se está viviendo una crisis de valores enormes y no solo en el ámbito político.

 

Otro vicepresidente acusado

Hace unas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami de “jugar un papel importante” en el tráfico de drogas. Eso colocó al funcionario dentro de la lista de “narcotraficantes especialmente designados”. Según la acusación de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), El Aissami ha facilitado el envío de grandes cargamentos de drogas vía aérea y marítima, y lo señalaron por trabajar con Los Zetas y proteger al narcotraficante colombiano Daniel Barrera y al capo venezolano Hermágoras González Polanco

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