Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Nación

Juzgado prohíbe a magistrada Blanca Aída Stalling Dávila salir del territorio nacional

Funcionaria despojada de la inmunidad por el Legislativo no asistió a sesión del pleno extraordinario de la CSJ convocada para las 11:00 horas para elegir presidente, por lo que tal evento se realiza desde poco después de las cuatro de la tarde, aunque se ignora si asisten los 13 titulares.

 

Fecha de publicación: 02-02-17
Por: Tulio Juárez
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A solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) el Juzgado de Diligencias Urgentes del Organismo Judicial (OJ) ha ordenado esta tarde a la Dirección General de Migración decretar el arraigo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aída Stalling Dávila, para garantizar su permanencia en el territorio nacional mientras es investigada por señalamientos de que cometió tráfico de influencias contra un juez en el proceso penal IGSS/Pisa.

Por la mañana, la magistrada María Eugenia Morales Aceña había indicado que el pleno extraordinario fue reconvocado para las cuatro de la tarde a fin de conocer y resolver sobre la elección del nuevo presidente o presidenta. La fallida cita prevista para las 11 de la mañana para tal propósito con base a la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), y a fin de no incurrir en una ilegalidad si lo hacían el viernes, no se realizó debido a que Stalling tampoco acudió.

A temprana hora los togados Morales, Ranulfo Rafael Rojas y Silvia García pidieron formal y legalmente al pleno de la CSJ que se convocara a todos los integrantes con el propósito anterior para las 16:00 horas. En efecto, pasadas las 16:30 estaban reunidos a puerta cerrada, pero la prensa nacional e internacional desconoce si finalmente Stalling se presentó. En caso contrario, el sustituto o sustituta de Silvia Valdés en la presidencia no podría ser elegido.

Ella no aceptaría

Acerca de si aceptaría una nominación para optar a la presidencia de la CSJ y OJ, María Eugenia Morales Aceña indicó que no, porque tampoco le agradaría que alguien interpretara que sus acciones –planteando denuncias por irregularidades en la tramitación de un antejuicio contra el exdiputado Luis Rabbé, y que provocaron un proceso de la Supervisión de Tribunales en contra suya– fueron enderezadas porque ella pretendía al cargo.

La magistrada y ex Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos en la época de Ramiro de León Carpio al frente de la PDH, sentenció hoy sobre ese particular:  “No necesito de una presidencia, de un cargo como ese, para hacer lo que estoy haciendo…”. La funcionaria judicial recibió en su despacho la visita de Hugo Lorenzo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien escuchó explicaciones sobre las denuncias existentes contra magistrados.

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