Lunes 16 DE Julio DE 2018
Nación

Comité de Desarrollo campesino exige despojar de inmunidad a magistrada Stalling o se lanzará a protestas masivas

Diputados de comisión pesquisidora escuchan esta mañana a secretario general de la CSJ sobre por qué él citó al juez Carlos Ruano quien denunció presiones de la titular de esa corte.

 

Fecha de publicación: 01-02-17
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Apostados frente al Palacio Legislativo portado carteles con consignas y coreando estribillos contra la corrupción campeante en instituciones del Estado, activistas del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) exigen a los diputados declarar con lugar el procedimiento de antejuicio contra la magistrada vocal VII de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aída Stalling Dávila, para que ya sin inmunidad responda por el cargo de tráfico de influencias que el MP le imputa por haber presionado al juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien tramitaba el caso IGSS-Pisa.

Los integrantes de esa coordinadora de grupos indígenas y campesinos de toda Guatemala han advertido esta mañana durante su permanencia ante el edificio del Congreso, que si su comisión pesquisidora no dictamina a favor de despojar a la funcionaria cuestionada del derecho constitucional de antejuicio que la protege, y el pleno del organismo lo avala están dispuestos a iniciar en breve una serie de manifestaciones, caminatas, plantones y todo tipo de medidas de presión o de hecho.

La presencia del Codeca ante el Parlamento se produce de manera coincidente este miércoles, cuando los cinco diputados que integran el grupo pesquisidor –Julio Longo, presidente; German Velásquez, secretario; Eva Monte, Mario Velásquez y Oliverio García, vocales– escuchan la versión del secretario general de la CSJ, Rony Eulalio López, ya que dos de las asistentes de la Vocalía VII de Stalling declararon en el inicio de las audiencias que por instrucciones de él se citó al juez.

Como es de dominio público, el juzgador denunció ante el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a la cuestionada magistrada, por haberlo presionado en una reunión privada para que considerara otorgar medidas sustitutivas –arresto domiciliario y fianza– a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, encarcelado desde el año pasado por el millonario fraude en el proceso penal IGSS-Pisa. La funcionaria negó abiertamente –y hasta lo juró por Dios ante los congresistas– que Ruano fue quien pidió la cita con ella.

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