Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Nación

López Bonilla suma otro caso por arrendamiento anómalo de blindados

El ex Ministro de Gobernación enfrentará cargos por abuso de autoridad junto con tres exfuncionarios del Mingob, PNC y Presidios.

Fecha de publicación: 31-01-17
Fueron arrestados ayer el ex viceministro de Gobernación Manfredo Pacheco Consuegra (I) y el exdirector de la Policía Nacional Civil Walter Vásquez Cerón (d), señalados de cometer fraude en la contratación de vehículos blindados. Por: Evelyn Boche elPeriódico
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Mauricio López Bonilla, sindicado en el caso La Cooperacha, será citado ante una judicatura para escuchar nuevos cargos en su contra, ahora por abuso de autoridad, de acuerdo con el Ministerio Público.

La Fiscalía contra la Corrupción del MP presentó ayer la “fundamentación legal” que da lugar a la sospecha de la comisión del delito de abuso de autoridad por irregularidades detectadas en cinco contratos para el arrendamiento de vehículos blindados, suscritos por dependencias del Ministerio de Gobernación, a cargo de López Bonilla.

Junto al exministro, el ente investigador también señala al ex segundo viceministro de dicha cartera, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, y al exdirector general de la Policía Nacional Civil, Walter René Vásquez Cerón, ambos detenidos ayer por las fuerzas de seguridad.

El caso que presentó el MP parte de cuatro denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas, entre enero y noviembre de 2016, que señalan irregularidades en cinco contratos para el arrendamiento de vehículos que suman Q32 millones 700 mil 491.09.

Dichas contrataciones se efectuaron mediante la modalidad de excepción, cuando la Ley de Contrataciones establece que se debe efectuar una licitación pública cuando el monto de los bienes o servicios exceda los Q90 mil, explicó el fiscal Stuardo Campo.

Para dar apariencia de legalidad a los concursos, las dependencias justificaron los arrendamientos de 47 vehículos bajo el rubro de maquinaria y equipo, lo cual no está acorde con los manuales de clasificación presupuestaria, añadió Campo.

Presentan antejuicio

La Dirección General del Sistema Penitenciario también arrendó

vehículos blindados bajo la modalidad irregular, por lo que el MP presentó una solicitud de antejuicio contra Anthony Pivaral, extitular de dicha dependencia. Pivaral ahora se desempeña como juez de Paz en Tecún Umán, dato que fue confirmado cuando se efectuaron los seguimientos para ubicarlo y solicitar el allanamiento para su captura, confió una fuente del MP.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los vehículos estuvo al servicio de la esposa de Pivaral y otro servía para custodiar a uno de los hijos del exministro López Bonilla. Las unidades fueron requeridas para el servicio de autoridades superiores de las dependencias del Mingob, de acuerdo con las pesquisas del MP.

Camionetas con blindaje 7, de modelo reciente, eran en su mayoría los vehículos arrendados por las compañías Multiservicios Exclusivos y Arrendamiento de Limosinas, S.A., ambas bajo investigación, de acuerdo con la fiscalía. “La ruta del dinero” también es parte de la segunda fase de las pesquisas, detalló la secretaria general del MP, Mayra Véliz.

El viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán, aseguró que desde que asumió el actual Ministro no se ha contratado un solo blindado, aunque son necesarios. En todo caso, habría sido mejor comprar las unidades, pero “no se pensó en la institucionalidad”, añadió Guzmán.

“Si surgen casos similares, se tomarán las acciones legales correspondientes”, manifestó Campo, al ser consultado sobre los altos volúmenes de compras por excepción que efectúan entidades públicas que no se ajustan al ordenamiento legal.

Tras los delitos

Hay que deslindar las responsabilidades administrativas en las que puede incurrir un funcionario o servidor público de la responsabilidad penal, puntualizó el fiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo. La Contraloría efectúa auditorías y puede imponer sanciones pecuniarias, pero el MP tiene como objetivo esencial determinar o no si existen indicios racionales suficientes de la posible comisión de un delito, precisó.

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