Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Nación

Todo queda en familia

Al menos ocho familias de funcionarios y exfuncionarios afrontan procesos penales, sindicadas de cometer distintos delitos.

Fecha de publicación: 30-01-17
Por: Rony Ríos rrios@elperiodico.com.gt

Exmandatarios, y sus parientes, familiares del actual Presidente y otros funcionarios han sido vinculados en hechos ilícitos relacionados a malversación de fondos del Estado, crímenes o encubrimiento. Algunos esperan juicio oral, otros aún se encuentran en la fase inicial del proceso con medida sustitutiva o en prisión.

Familia Barrientos

El exmagistrado César Barrientos Pellecer falleció en Mazatenango el 2 de marzo de 2014 en un incidente catalogado como suicidio. Supuestamente las presiones recibidas para cambiar su voto en la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los problemas de sus familiares provocaron que tomara esa decisión.

César de Jesús Barrientos Aguirre, hijo del presidente de la Cámara Penal de la CSJ, fue detenido el 17 de julio de 2013; las autoridades lo capturaron porque presuntamente integraba una estructura criminal dedicada a raptar y comercializar sexualmente a adolescentes de entre 13 y 17 años. Fue beneficiado con medida sustitutiva el 3 de septiembre de 2013.

Barrientos Aguirre deberá comparecer ante el Tribunal B de Mayor Riesgo el próximo 21 de junio para comenzar la etapa de debate oral y público.

La otra hija del exmagistrado Claudia Barrientos fue señalada por distintos abogados de utilizar el nombre de su padre para influir en varios casos en los que litigaba como abogada, por lo cual era investigada de tráfico de influencias. No afronta proceso penal.

El exalcalde de Quetzaltenango y hermano del expresidente de la Cámara Penal Jorge Barrientos Pellecer fue señalado de corrupción dentro de la comuna y de casi llevarla a la quiebra.

La Contraloría General de Cuentas en 2015 presentó 15 denuncias penales en contra de la administración de Jorge Barrientos y los miembros de su Concejo por irregularidades en la administración por Q77 millones. El MP realiza la investigación del caso.

 

Familia Pérez Leal

Al expresidente Otto Fernando Pérez Molina se le señala de integrar la estructura criminal denominada La Línea, por lo cual fue capturado, ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Los delitos que se le imputan son: defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo, aunque posteriormente fue sindicado en los procesos conocidos como Cooptación del Estado y TCQ.

En el caso La Línea, el colaborador eficaz Salvador Estuardo González Álvarez (alias Eco) declaró en la Fiscalía que Pérez Molina habría acordado una reunión con su hija Lissette Pérez Leal, para establecer los mecanismos de funcionamiento de empresas de cartón que servirían a la estructura para defraudar al Estado.

A pesar de que no existe proceso penal en su contra, seis cuentas bancarias vinculadas a Rosa Leal de Pérez, esposa del expresidente, y Lissette Pérez se encuentran embargadas por orden del Juzgado de Extinción de Dominio. El Ministerio Público (MP) busca esclarecer la procedencia de Q5.4 millones depositados en las cuentas bancarias.

El MP solicitó en tres ocasiones el retiro de inmunidad del en ese entonces alcalde de Mixco, Otto Pérez Leal. El 17 de septiembre de 2015 presentaron una petición de antejuicio señalándolo de desobediencia por omisión de resoluciones; al siguiente día plantearon de nuevo el retiro de inmunidad, se le involucra en delitos electorales.

Sin embargo, no fue hasta el 26 de agosto de 2015 cuando se le retiró la inmunidad por señalamientos de desobediencia, incumplimiento de pago y malversación por adeudarle Q11.9 millones al abogado Rodrigo Enrique Franco, por gastos de la campaña electoral con la que pretendía ganar su reelección en la alcaldía.

El 14 de enero de 2016 el Juzgado de Primera Instancia para Diligencias Urgentes de Investigación ordenó el arraigo de Pérez Leal, después de que la Agencia Fiscal Contra Delitos Electorales del MP solicitara la medida cautelar por abuso de autoridad con propósito electoral y propaganda oficial ilegal.

Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario general de la Presidencia y yerno del expresidente Pérez Molina, es acusado de lavado de dinero, fraude, asociación ilícita y cohecho pasivo por los casos Cooptación del Estado y TCQ.

Martínez utilizó su cercanía con Pérez Molina para incluir en su agenda reuniones con la planta de carbón Jaguar Energy, mencionada en el caso Cooptación del Estado. Actualmente Martínez guarda prisión en Mariscal Zavala, después de que lo trasladaran junto con otros ocho reos el pasado 24 de noviembre.

 

Familia Medrano

El exalcalde de Chinautla Edgar Arnoldo Medrano fue sentenciado el 20 de julio de 2016 por el Tribunal Octavo a cumplir tres años conmutables por abuso de autoridad y a seis inconmutables por concusión. Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones redujo la sentencia a dos y cuatro años conmutables.

Fue encontrado culpable de la contratación de forma irregular de la empresa Grupo Dinámica Constructiva (Dimaco) para que efectuara el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). Medrano obtuvo el 15 por ciento del cobro del IUSI por haber adjudicado el contrato a la empresa, que equivale a Q1 millón 234 mil 787 recaudados entre el 1 de enero de 2011 y 13 de agosto de 2012.

El exalcalde chinautleco deberá enfrentar un segundo juicio después de que el Juzgado Tercero lo enviara a juicio el pasado 10 de enero. En ese caso fue beneficiado con medida sustitutiva después de pagar una caución económica de Q75 mil.

El hijo, Gustavo Medrano Menéndez, es señalado de desviar Q10 millones de los fondos municipales para la construcción de 200 casas, en el caso denominado como Vivienda Digna. Al exalcalde le imputaron el delito de pacto colusorio.

Manuela Victoria Osorio, sobrina de Medrano, fue capturada por participar en el mismo caso. Se le acusa por incumplimiento de deberes y fue ligada a proceso y enviada a prisión a Mariscal Zavala, donde permaneció hasta el 12 de octubre cuando fue beneficiada con medida sustitutiva.

Asimismo, Osorio estuvo un mes en prisión señalada de haber recibido Q400 mil de una empresa dedicada a la construcción. El dinero habría llegado a ella por medio de dos organizaciones no gubernamentales (ONG).

Las ONG Aider y Fedachi recibieron contratos con valor superior a los Q34 millones y posteriormente fueron trasladados a las constructoras Dimaco, Pineda de León, El Campo y Torre Fuerte, ligadas al exalcalde.

Por el mismo caso se encuentra sindicado Edgar Alfredo Medrano Osorio, hijo del exalcalde, por recibir Q90 mil provenientes de la constructora Dimaco.

Sedy Eliut Osorio Vásquez, cuñado del exalcalde y gerente de la constructora El Campo; Celia Yanira Osorio Vásquez, también cuñada de Medrano Menéndez; José Elmer Contreras Medrano, gerente de la empresa Dimaco; Arison Rubicely Cordón Morales, accionista de Dimaco, esposa de Edgar Medrano Osorio (hijo del exalcalde), fueron capturados 2013.

 

Familia Morales

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, fue señalado por el MP y la CICIG por adjudicar tres contratos en 2013 al Registro General de la Propiedad por un valor de total de Q200 mil.

José Manuel Morales, hijo del mandatario, fue señalado de fraude por falsificar cotizaciones y otorgar facturas a nombre de la Corporación Fulanos & Menganos, para la adjudicación de tres contratos que contenían la elaboración de canastas navideñas y dos desayunos que no se realizaron.

Ambos están detenidos en el Cuartel Matamoros esperando a que el MP presente los resultados de la investigación. La defensa planteó un amparo contra la resolución de la jueza Silvia de León.

 

Familia Baldetti

La ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías fue señalada de liderar la estructura La Línea. Además, es sindicada en los casos de corrupción de: Cooptación del Estado, TCQ y se le involucra en la estafa de la venta de “agüita mágica” para la limpieza del agua del lago de Amatitlán.

El esposo de Baldetti, Mariano Paz, fue mencionado durante la audiencia de primera declaración en el caso La Línea, durante la lectura de documentos localizados en la oficina de Salvador González Álvarez, en los que evidenciaban los dividendos recibidos por varios sindicados, entre ellos el esposo de Baldetti y uno de sus hijos, Luis Pedro Paz Baldetti.

El MP no ha ofrecido detalles sobre la posible vinculación de ambos. El debate oral de ese caso iniciará en las próximas semanas para los 34 implicados , según se prevé.

Mario Alejandro Baldetti Elías, hermano de la ex vicepresidenta, es vinculado con una estructura que pretendía otorgar de forma irregular la concesión del proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán.

Según Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Mario Baldetti se comunicó 564 veces con Juan Edy Díaz, quien era el subdirector de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán (AMSA), sin tener competencia para hacerlo.

Es sindicado de asociación ilícita, fraude, y tráfico de influencias. Se encuentra en prisión.

 

Familia Stalling

El MP y la CICIG solicitaron antejuicio en contra de la magistrada Blanca Aída Stalling Ávila por supuestas presiones en contra del juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, encargado de llevar el caso IGSS-Pisa, para favorecer a uno de los implicados.

Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada, a quien se le involucra en el caso IGSS-Pisa, es señalado de asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias, se encuentra en prisión en Mariscal Zavala.

Molina Stalling reconoció durante una audiencia que se reunió con trabajadores de la droguería Pisa cuando trabaja como asesor financiero de la subgerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El seguro social adjudicó un contrato por Q116 millones para el servicio médico de enfermos renales.

La cuñada de la magistrada, Marta Sierra de Stalling, fue señalada de entregar un soborno para que los integrantes de la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea quedaran en libertad.

Sierra de Stalling se encuentra en libertad condicional, ya que el Juzgado Tercero de Primera no ha acatado la resolución de la Sala Primera de Apelaciones que ordenó que la jueza regresara a prisión.

Roberto Sierra Stalling, sobrino de la magistrada Stalling e hijo de Sierra, fue ligado a proceso penal en el caso Bufete de la Impunidad, al igual que su progenitora. Sierra Stalling goza de medida sustitutiva y ejerce como profesional.

 

Familia Ríos

José Efraín Ríos Montt se encuentra a la espera de la resolución de la jueza de Mayor Riesgo A Claudette Domínguez, quien debe dictaminar si el general retirado debe enfrentar juicio por la masacre en el parcelamiento Dos Erres, La Libertad, Petén, en 1982.

Ríos Montt fue condenado en 2013 a cumplir 80 años de prisión por genocidio, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia.

El hijo de Ríos Montt, Enrique Ríos Sosa, deberá enfrentar juicio junto a ocho militares más, por el presunto desfalco de Q47 millones del Ministerio de Defensa en 2001. Aunque el juez Walter Villatoro había cerrado el caso en contra de Ríos Sosa, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó, en septiembre pasado, abrir juicio.

 

Familia Barreda

Roberto Eduardo Barreda de León, hijo de exmagistrados, fue señalado de asesinato y la desaparición de Cristina Siekavizza el 6 de julio de 2011, por lo cual guarda prisión preventiva en la zona 18. Barreda fue capturado después de permanecer prófugo 27 meses en México junto con sus dos hijos.

Beatriz Ofelia de León Reyes, expresidenta de la CSJ y madre de Barreda, fue enviada a juicio por el delito de amenazas. De León presentó una recusación en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, al asegurar que no puede resolver imparcialmente, la cual fue denegada por la Sala de Apelaciones. Se encuentra libre,con medida sustitutiva.

Roberto Barreda Valenzuela, exmagistrado de la CSJ, le habría avisado a su hijo sobre los delitos que se le imputaban y presuntamente le aconsejó que se llevara la camioneta de su esposa para ganar tiempo, según denunció la expresidenta de la Fundación Sobrevivientes Norma Cruz Barreda Valenzuela no enfrenta proceso penal por esos señalamientos.