Miércoles 11 Enero 2017
Nación

“Si incumplimos en derechos humanos, la factura sale más cara” Víctor Hugo Godoy, presidente de Copredeh

Víctor Hugo Godoy, titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), explica las tareas de la institución y cómo se establecen las indemnizaciones a las víctimas.

Víctor Hugo Godoy, presidente de Copredeh Por: Redacción elPeriódico

¿Copredeh usurpa funciones de la Cancillería y la PGN? ¿Cuál es su mandato?

– Su estructura y funciones se enmarcan en los Artículos 3, 5 y 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Copredeh depende del Presidente de la República a través de un representante que, en su nombre, da seguimiento a sus decisiones y opera una suerte de gabinete de derechos humanos con los titulares de Gobernación, Cancillería y Defensa Nacional, además de la Fiscal General y la Procuradora General de la Nación.

Ahora, un Acuerdo Gubernativo de septiembre pasado permite a la Cancillería asumir correctamente la dimensión internacional y Copredeh le auxilia como órgano especializado. La relación con la PGN ha sido diferente, pues se requería un mandato especial para representar al Estado en los juicios contenciosos ante la Corte Interamericana. Ahora la PGN podría recuperar lo erogado a través de acciones de repetición contra quienes resulten responsables de las violaciones, que son los costos que el Estado ha tenido que asumir.

¿Por qué Copredeh atiende los casos ante la Comisión y la Corte Interamericana?

– Hay que aclarar que el Sistema Interamericano conoce los casos que no fueron resueltos por la justicia nacional, y que su objetivo va más allá: superar los terribles abusos y violaciones, procurando cambios estructurales en los Estados a través de acciones políticas, jurídicas y diplomáticas. Por eso hubo necesidad de crear entidades especializadas y coordinar (no usurpar) con las instituciones pertinentes.

¿Cuánto tiempo consumen esos casos?

– Ahora, con la recarga de trabajo, tardan años. La última sentencia que se nos acaba de notificar (aldea Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz) duró nueve años; las Dos Erres fueron 13; el caso Molina Theisen, seis años. Tenemos pendientes en la Comisión más de cien casos y medidas de resarcimiento en marcha. Todo eso hace necesario que una sola entidad tramite todo el caso, y pedir las acreditaciones de cada institución, que es lo que hace Copredeh.

Otros países también señalados de graves violaciones, ¿cómo se defienden?

– Colombia, Argentina y Perú, que, como Guatemala, sufrieron guerras internas, crearon también entidades especializadas.

¿Juega Copredeh algún papel en la atención a la conflictividad social?

– Tenemos un sistema de alerta temprana en 19 departamentos para prevenir, propiciar diálogo y evitar confrontaciones violentas. Advertimos a las oficinas públicas en los lugares y en la capital para que atiendan oportunamente los problemas y acompañamos a la Policía procurando el diálogo antes de los desalojos o velando por que la intervención no sea desproporcionada.

Comparando la actual gestión con la del gobierno de Otto Pérez, ¿hay diferencias de enfoque en Copredeh?

– Del 2000 hasta el 2011, Guatemala mantuvo una política de puertas abiertas a la Comisión Interamericana y los Relatores, y se reconoció responsabilidad en las violaciones, por acción u omisión. A partir de 2012 se cuestionaron sentencias y ciertas competencias de la Corte; además, se negó una visita in loco que la Comisión solicitó para 2015. Esto dio como resultado que no incluyeran en el Capítulo IV del Informe: países con graves violaciones a derechos humanos, lo cual habíamos superado hacía años.

Entonces, ¿Copredeh aplica políticas de Estado, gobiernos o de los directores de turno?

– Entre 2000 y 2005 se construyó la Política Nacional de Derechos Humanos 2005/2015 y un Plan de Acción 2007-2017, que se abandonaron a partir de 2012. Ahora estamos construyendo una nueva política general, que incluye particulares como la Política de Protección de Defensores y Empresa y Derechos Humanos. Lo hacemos conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la Oficina del PDH.

¿Cómo coordinan con otras instituciones?

– Me reúno con el Presidente para exponerle los compromisos y proponer soluciones. Luego voy con cada integrante de la Comisión a discutir la forma de impulsar lo aprobado. Con esos lineamientos, también participo en la Comisión de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, la Comisión Presidencial de Diálogo, el Programa Nacional de Resarcimiento y en el Consejo de Verificación de la Reparación de Chixoy.

Según las necesidades formamos grupos de trabajo, por ejemplo, con el MP para agilizar casos penales; con el Ministerio de Salud para atender quejas de pacientes ante el Sistema Interamericano. Opera un Foro Interinstitucional con 50 instituciones estatales que nos sirve para elaborar informes temáticos. Damos capacitaciones al funcionariado público a fin de que los comportamientos no sean lesivos a los derechos de las personas.

Hay críticas por los pagos millonarios a víctimas del conflicto armado…

– Reparar a las víctimas es un compromiso del Estado, desde hace 39 años, como parte de la Convención Americana y de la Corte Interamericana, desde 1987. La Comisión, la Corte y los Estados tienen parámetros de cálculo de dichos pagos, que incluyen componentes como el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, etcétera.

Si la solución es amistosa, los montos se acuerdan entre las partes con anuencia de la Comisión. Si es sentencia, resarcimiento y costas los determina la Corte. Desde que somos parte del Sistema, el Estado ha erogado Q255 millones en pago de sentencias y soluciones amistosas.

¿Qué pasaría si Guatemala no realiza los pagos?

– La factura económica y diplomática saldría más cara. Por ejemplo, si no pagamos a las víctimas de Chixoy tendríamos problemas de acceso a créditos del BID y el Banco Mundial.

¿Cuánto cobran los abogados de las víctimas (oenegés de derechos humanos)?

– La Corte fija el pago de costas. En cinco sentencias que el Estado pagó últimamente, las costas eran de US$10 mil cada una (Q75 mil).

¿Por qué se incrementó en un 50 por ciento el presupuesto de Copredeh para 2017?

– Por el resarcimiento de Chixoy, que sube en Q75.4 millones. Nuestro presupuesto de funcionamiento disminuyó en Q10 millones, a pesar que ejecutamos el 100 por ciento, y es que el techo presupuestario se calcula según la ejecución de 2014-2015, cuando no se pagaron las sentencias.