Miércoles 12 DE Diciembre DE 2018
Nación

Gobierno adquiere deuda por cuestionada compra de radares

Por la firma del contrato fueron denunciados por la Contraloría los exministros Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio.

Fecha de publicación: 14-12-16
El técnico del Ejército indica la forma de operar de los radares aéreos que empezaron a funcionar hace dos meses. Por: Cindy Espina cespina@elperiodico.com.gt
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Hace 77 días empezaron a funcionar tres radares de control aéreo a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, indicaron ayer las autoridades.  Con esto el Gobierno de Guatemala adquirió de forma oficial una deuda con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que está conformada por US$33.2 millones, el costo del equipo y un seguro por US$3.7 millones, que hacen un total de US$36.9 millones (Q282.5 millones).

La compra de estos radares de control fue cuestionada desde que se inició con la propuesta, principalmente por las condiciones impuestas en el crédito que otorgó el BBVA al Gobierno. A los señalamientos que existían en torno a este contrato,  se sumó la denuncia que interpuso en mayo de este año la Contraloría General de Cuentas en contra de los exministros de la Defensa Nacional, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio, porque, según el ente fiscalizador, los contratos firmados por los exfuncionarios con Indra Sistemas, S. A., de España, se hicieron bajo la jurisdicción de ese país europeo, por lo que cualquier caso de incumplimiento de parte de la empresa, se tendrá que resolver en juzgados y tribunales españoles.

Además, se señalaba que los radares no contaban con el software necesario para conectarse y detectar aeronaves.

Los radares se encuentran ubicados en el Puerto San José, Escuintla; Puerto Barrios, Izabal, y San Andrés Petén. Estos aparatos de control están capacitados para detectar la altura, velocidad y ubicación de aeronaves de más de un metro cúbico. Según el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, este sistema se aplicará para ubicar aviones que circulen con cargamento ilícito y que son utilizados por las redes de narcotráfico.

Avalan pagos pese a señalamientos

Pese a la denuncia interpuesta por la Contraloría, esta misma institución en conjunto con la Procuraduría General de la Nación (PGN), dictaminó que era el Ministerio de Finanzas Públicas el que debía pronunciarse para autorizar al BBVA realizar el último pago de forma directa a Indra Sistemas por US$6.6 millones. El ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, explicó que su cartera permitió los desembolsos porque el Banco solo adeudaba el 20 por ciento del total del costo del equipo de radares, de no hacerlo, el Gobierno de Guatemala invalidaba el otro 80 por ciento que ya se había pagado y que de igual forma el Estado tenía que pagar por el convenio firmado con el banco.

Estrada dijo que las denuncias de la Contraloría no eran por el equipo adquirido, sino que son en contra de las  anteriores autoridades por los procedimientos que ejecutaron y que, además, no había la orden o sentencia de juez que evitara la realización de los pagos. “Si más adelante el Ministerio Público encuentra que hubo anomalías, la persecución penal debe ser en contra de las personas involucradas”, manifestó el Ministro de Finanzas.

Un análisis que realizaron expertos del Ministerio de Finanzas, al cual tuvo acceso elPeriódico indica que el Gobierno de Guatemala pagó los US$3.7 millones por un seguro, previo a iniciar con el funcionamiento de los radares de control aéreo. Este informe también detalla que a octubre de 2015 el Ministerio de Finanzas había cubierto Q14.58 millones en concepto de intereses al BBVA, cuando esta entidad aún no había completado el pago a Indra.

El préstamo

Las condiciones del préstamo son de una tasa de interés de 4.85 por ciento, cuando se había acordado la mitad, con un año de gracia –solo pago de capital y no de intereses– de dos años. Según el informe realizado por expertos al Ministerio de Finanzas, el convenio del préstamo representa condiciones desfavorables para el país y además se indica que cuando se adquirió el equipo de control aéreo el Gobierno desconocía el costo real del producto, por lo que no podían determinar si estaba sobrevalorado.


US$3.7

millones ha pagado el gobierno por  un seguro para los radares.

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