Viernes 22 DE Marzo DE 2019
Nación

La justicia ancestral avalada por la Corte de Constitucionalidad

Al menos cinco sentencias de la CC reconocen la competencia de las autoridades ancestrales para resolver conflictos en sus comunidades.

Fecha de publicación: 14-11-16
Por: Evelyn Boche elPeriódico
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La propuesta de reformas constitucionales incluye el reconocimiento de la justicia ancestral. El tema causa cierta inquietud por los cambios que pueda generar. Sin embargo, a diario las autoridades ancestrales aplican su justicia, y en algunos casos no se limita a faltas menos graves. No menos de cinco sentencias de la Corte de Constitucionalidad ya han reconocido las sanciones aplicadas por autoridades ancestrales.

Un fallo del máximo tribunal del 6 de marzo avaló la sanción aplicada por el Consejo de Alcaldes Comunitarios de Comitancillo, San Marcos, en contra de un menor de edad por la violación de una niña. Veinticinco azotes y pedir perdón, fueron parte del castigo impuesto por las autoridades comunitarias.

La dimensión del castigo depende de los principios a los que se responda, explica Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes. “Uno de los principios fundamentales de la justicia indígena es el restablecimiento de equilibrio que se rompe cuando hay un delito o un crimen”.

Así, en cuestiones patrimoniales, el sistema jurídico ancestral privilegia el resarcimiento del daño. “Los conceptos de justicia pueden variar de persona a persona, pero como víctima no me ayuda en nada que el infractor vaya a prisión”, agrega.

Los azotes para el infractor, según la sentencia de la CC, no pueden calificarse como vulneradores de derechos humanos, sino que deben comprenderse en el contexto de la cosmovisión indígena y su sistema normativo.

La justicia ancestral no tiene a la cárcel como una institución y uno de los principios fundamentales para su aplicación es el sometimiento voluntario de sindicado y agraviado a resolver el conflicto por dicha vía, expone el penalista Marco Canteo.

desconocimiento genera temor

Mucho del temor que genera el reconocimiento constitucional de la justicia ancestral se basa en la ignorancia, expone Hurtado. “Una pequeña porción del miedo radica en la necesidad de que haya certeza jurídica en cómo va a ser la aplicación del sistema jurídico maya”, agrega.

Por eso es necesario el reconocimiento y que se clarifique “mediante el ordenamiento de una ley” el ámbito personal, material y territorial de aplicación de la justicia indígena. Una de las principales características para impartir la justicia maya es el acuerdo entre víctima, victimario y comunidad, precisa Hurtado.

La reforma al Artículo 203 de la Constitución, establece que “las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

Las sentencias emitidas por la CC, como en el caso de violación, han “reconocido expresamente que no es aceptable condicionar el reconocimiento de dichas autoridades”, cita la exposición de motivos del proyecto de reforma.

Además, que el sistema garantiza el acceso a la justicia de acuerdo a la realidad socio-cultural, económica y que impacta en el descongestionamiento y disminución de la carga presupuestaria del sistema de justicia ordinario.

Derechos de la mujer

A criterio de Hurtado, no todos los casos de violación deben ser competencia de la justicia indígena, ya que dentro de las comunidades así como en el sistema ordinario, es necesaria una mayor evolución respecto a los derechos de la mujer, sobre todo de la niña. En el caso por violación en San Marcos, la CC toma en consideración el reconocimiento del derecho consuetudinario establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, y considera necesario respetar sus métodos de resolución de conflictos sin que se vulneren derechos humanos.

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