Sábado 20 DE Julio DE 2019
Nación

Ligados a proceso por caso de corrupción el director de Educación Física y dos personas más

Jueza les otorga arresto domiciliario, pero también ordena arraigo. MP los señala de integrar red criminal que contrató a seis personas como guardias de seguridad para la Digeb a quienes s pagaba Q2,500, pero los puestos estaban presupuestados cada uno en Q9,500.

Fecha de publicación: 03-11-16
Por: Tulio Juárez

A proceso penal han sido ligados esta tarde el Director General de Educación Física (Digef) –en el ministerio del mismo ramo–, Enrique José Escobar Solórzano y varias personas más relacionadas por el Ministerio Público (MP), con un caso de corrupción administrativa por la anómala contratación de seis guardias de seguridad a quienes se ofrecieron sueldos de Q2,500 pero lo presupuestado eran Q9,500.

Lo resuelto por la Jueza Quinta Penal, Judith Secaida, es dirigido contra el mencionado funcionario del gobierno de Jimmy Morales por el delito de abuso de autoridad, a Jairon David Chamalé por tráfico de influencias y su primo Jonathan David Colindres González –síndico II de la Municipalidad de Mixco, capturado la misma noche– por usurpación de puesto y tráfico de influencias.

Hoy en la audiencia de primera declaración tras las capturas ejecutadas el pasado lunes 31 de octubre por la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público (MP) en operativos especiales, la fiscalía formuló cargos a los señalados. Al final se les concedió medidas sustitutivas como arresto domiciliario, aunque no pueden abandonar el territorio nacional por estar arraigados migratoriamente.

Ese día, elPeriódico.com.gt dio a conocer a sus lectores la siguiente información:

Se quedaban con Q7 mil de los Q9,500 que ganarían guardias de seguridad en Educación Física

Ministerio Público desmantela otra red de plazas “fantasma”, ahora en esa dirección general, pero caso implica también a síndico de Mixco que es calificado ya como un prófugo.

La Fiscalía General ha revelado este lunes la forma en que, a lo interno de la Dirección General de Educación Física (Digef), operaba una red dedicada a apropiarse ilícitamente de recursos estatales a través de plazas por las que a los interesados se les ofrecían Q2,500 de salario, pero en la práctica la asignación presupuestal ascendía a Q9,500 por lo que los implicados se quedaban con Q7 mil de cada uno de los pagos.

 

Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público (MP), detalló este lunes en conferencia de prensa aspectos relacionados con las capturas del director de la Digef, Enrique José Escobar Solórzano, en su residencia de La Cañada, zona 14, y de Jairon David Chamalé González, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico influencias. Fugitivo ha sido declarado un tercer involucrado en la investigación –Jonathan Colindres, síndico segundo en la comuna de Mixco–.

Véliz destacó que en junio de este año el MP recibió una denuncia de personas a quienes Chamalé les ofreció trabajo como guardias de seguridad en Educación Física, ofertándoles un salario de Q2,500 mensuales, pero cada uno debía abrir su cuenta monetaria y luego entregarle a él todas las chequeras. En los alrededores de El Trébol, zona 11, estaba instalada una manta a través de la cual se ofrecían las plazas y tenía un número de celular para contactar.

Al comunicarse el interesado un hombre les daba instrucciones para que “se abocaran” a una venta de ropa –DeShamas– de la 3a. avenida 1–36, zona 11, colonia El Progreso. Era precisamente Jairon David Chamalé quien los atendía ofreciéndoles el empleo por Q2,500, les pedía la papelería para contratarlos y llenar –les decía– los requisitos, pero había las condicionantes de abrir cuentas de depósitos monetarios y entregarle las chequeras completas a él.

A continuación gestionó la contratación respectiva con su primo Jonathan David Colindres González, que era asesor personal –no institucional– del director José Escobar Solórzano, explicó Véliz, y Colindres sin ejercer cargo alguno en esa Dirección le ordenó a Juan Carlos López Vargas, jefe ad interin de Servicios Generales, contratar los de logística y monitoreo para adentro y fuera del despacho superior de la Digef.

También le instruyó librar las órdenes pago al renglón presupuestario 199 denominado Otros Servicios No Personales, porque “la intención de Chamalé era apropiarse  de Q7 mil por cada una de las órdenes de compra a emitir”, pero el haber solicitado a los agraviados que le entregaran las chequeras porque él iba a administrar el dinero –obviamente el salario era de Q9,500 y él les ofreció Q2,500– estos acudieron al MP a presentar la denuncia.

Al enterarse que había sido denunciado, continuó señalando la secretaria general del Ministerio Público, Colindres ordenó dejar sin efecto las contrataciones, pero el director de Recursos Humanos no atendió la instrucción. “Enrique Escobar Solórzano cometió un acto arbitrario al permitir que Colindres como su asesor personal tomara decisiones”, resaltó Vargas. Con base al informe del MP y declaraciones testimoniales se procedió hoy a las capturas.

Por lo consiguiente, Escobar y Chamalé enfrentarán cargos penales por abuso de autoridad y tráfico de influencias, mientras que en el caso del síndico mixqueño se le aprehendió (esta misma noche), ya que según indicó la secretaria general Mayra Véliz, “los tres participaron directamente en los hechos denunciados”.