Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Nación

Concesión a TCQ sin apoyo en el Congreso

Jefes de bloque rechazan ley “hecha a la medida” de APM Terminals.

 

Fecha de publicación: 02-11-16
Por: Ferdy Montepeque fmontepeque@elperiodico.com.gt
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Según diputados de varias bancadas, el Congreso debe conceder la concesión a la empresa ganadora de un proceso de licitación pública.

Existen dos factores comunes en las respuestas de los jefes de bloque del Congreso cuando se les pregunta acerca de la iniciativa de ley que anunció el Ejecutivo para dar en concesión directa de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en Escuintla: no conocen a profundidad la propuesta y les genera dudas la forma como, han escuchado, que se otorgará el uso de la terminal portuaria.

En septiembre pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), APM Terminals y la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) –los nuevos accionistas de TCQ– suscribieron un memorándum de entendimiento en el que se acordó, a cambio de la concesión, el pago de una reparación civil de US$32.7 millones al Estado de Guatemala y US$10.5 millones en proyectos de desarrollo para los municipios escuintlecos.

En el memorándum, además, se acordó que el Legislativo (que no firmó el acuerdo) aprobaría la iniciativa en un término de 40 días. Sin embargo, el proyecto no ha sido presentado al Congreso y solo se han sostenido reuniones informales convocadas por el presidente Jimmy Morales, la PGN y el Banco Mundial (BM) para abogar por la necesidad que tiene el país de contar con un “puerto moderno”.

Dudan del proceso

A decir del jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Carlos Fión, cuando la iniciativa sea presentada se deben estudiar tres escenarios: la concesión directa, realizar una licitación pública; y evaluar la Ley de Contrataciones, que refiere que no se podrán concesionar los servicios en los que el Estado obtenga utilidades, para no cometer irregularidades en el proceso.

El Artículo 96 de la Ley de Contrataciones refiere, “la concesión se adjudicará, previo cumplimiento del procedimiento de licitación que determina esta ley en lo que fuere aplicable, no pudiendo acogerse a los casos de excepción que contempla la misma”.

TCQ se encuentra intervenida por el Juzgado de Extinción de Dominio debido a que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como los cabecillas de una estructura que cobró sobornos a cambio de que EPQ autorizara un usufructo oneroso por 25 años.

Tanto APM como IFC han expresado que están de acuerdo en cumplir todas las cláusulas del memorándum y que al momento de adquirir TCQ desconocían la forma como se negoció el usufructo durante el gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

A la espera de la iniciativa

La procuradora general, Anabella Morfín, aseguró que la iniciativa ya se trasladó a la Secretaría General de la Presidencia, donde se deberá analizar para presentarla al Congreso “en el momento oportuno”. Según la funcionaria, el proyecto de decreto incluye lo contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado y que es necesario autorizarlo cuanto antes debido a que TCQ tiene deudas y la maquinaria podría arruinarse por el desuso.

Morfín explicó que en la iniciativa se estableció un plazo de 21 años de concesión, instalar una máquina de rayos X para supervisar la mercadería que entra y sale de TCQ y una cláusula anticorrupción, la cual establece que si se descubre que los nuevos accionistas conocían la forma como se obtuvo el contrato original (supuestamente a través de sobornos), el contrato quedará sin efecto.

“Ellos (los accionistas) han hecho una inversión muy grande y no pueden esperar un largo periodo y el interventor (de TCQ) tiene muchos compromisos; está el salario de los trabajadores, pero para este año y el otro se necesitan US$40 millones. Es preciso definir esto ante la falta de dinero y si no se aprueba, todos perdemos”, indicó la Procuradora.

US$32.7

Millones  pagó APM como reparación civil. El dinero lo puede utilizar el Estado hasta que se otorgue el uso de la terminal.

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