Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Nación

Diputada plantea acción en la CC contra decreto del Estado de Calamidad Pública, porque viola la Constitución

Montenegro advierte que el 7-2016 es de facto, porque por falta intencional de cuórum a fin de generar ese vacío legal no ha sido aprobado por el Congreso, pero siguen comprando por excepción y sin control alguno.

Fecha de publicación: 03-10-16
Foto: archivo Por: Tulio Juárez
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Porque incumple los preceptos de la Constitución y sus Artículos 138 y 139 al violar los derechos ciudadanos de locomoción y de reunión y evadir la Ley de Contrataciones del Estado, la diputada de Encuentro por Guatemala (EG) Nineth Montenegro ha recurrido ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la vigencia de facto del Decreto Gubernativo 7-2016 que implantó el Estado de Calamidad Pública en varios puntos del territorio nacional.

La jefa del bloque legislativo indicó que la tarde de ayer interpuso la acción porque la normativa impugnada transgrede la Carta Magna y de facto continúa en vigor, sin que por falta intencionada de cuórum para generar el vacío legal haya sido aprobada, rechazada o modificada por el pleno del Congreso de la República, pero lo peor es que –en el Ejecutivo– siguen comprando por excepción –sin sujetarse a los requisitos de licitación pública– y sin control alguno.

Esto último ocurre, agregó la parlamentaria, porque al conceder dicho Decreto Gubernativo la inobservancia de la Ley de Contrataciones, libra a todas las dependencias y entidades públicas de la obligación de licitar y cotizar para cualquier tipo de adquisición con recursos del Estado.

Asimismo, resaltó que igualmente es ilegal e improcedente que el gobierno central considere el “cambio climático” como una calamidad pública o desastre, amén de que al momento de publicarlo en el Diario Oficial para su vigencia convocó al Congreso para que en tres días plazo lo conociera, ratificara o improbara, como la Constitución ordena.

Este acto no ha sido cumplido, indicó Montenegro, por la falta de cuórum provocado por la inasistencia de bancadas y diputados a sesiones plenarias, de lo cual el resultado es que el Estado de Calamidad continúa en vigor, por lo que ahora es prudente suspenderlo al igual que cualquier acto realizado bajo su amparo.

Puntualizó que el 7-2016 genera un vacío jurídico, vulnera las garantías constitucionales y carece de fundada justificación para su prevalencia y aplicación en el territorio de la nación, ante lo cual ha enderezado su acción de inconstitucionalidad en la CC a espera de que resuelva de manera favorable para garantizar el Estado de Derecho.

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