Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Nación

El Cambray II, un año después la pesadilla aún no termina

Fue la noche más oscura para decenas de familias en la que una montaña soterró la luz que, a 12 meses, no ha logrado encenderse de nuevo. La pesadilla del 1 de octubre continúa, pues, la construcción de viviendas para los afectados está detenida gracias a una denuncia interpuesta por la empresa beneficiada en el primer proceso.

Fecha de publicación: 01-10-16
Vista del proyecto Querida Familia, los trabajos están detenidos desde hace ya varios meses Por: F. Montepeque/R. Ríos/ P. Vega elPeriódico.com.gt
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Era domingo por la tarde, Francisca, una anciana vecina de El Cambray II, se sorprendió al ver a varias serpientes que ingresaron en su vivienda. Cuando se percató de las rastreras visitas, su reacción de alarma llegó hasta su hija Flor. Y no se quedó ahí, salió a las casas cercanas para contar la noticia, para preguntar si la misma situación sucedía, y efectivamente, descubrió que en unas cuatro viviendas las serpientes generaron un temor similar al de ella.

Pasaron dos días y a Francisca, oriunda de Momostenango, Quiché, le llamó la atención unas fumarolas que emanaban de lo alto del cerro que abrazaba El Cambray II. Había llovido la noche anterior. Otra vez la alarma de Francisca.

–Mija, quiero que veás algo -, le dijo a su hija Flor, y le señaló la montaña.

–¿Qué pasó, mama? -, respondió Flor.

–Mirá eso, el vapor que va subiendo. Quiero que veás antes de que muera.

–Ay, mama, lo que se te ocurre.

En el área del desastre aún hay personas que se niegan a abandonar sus casas.

En el área del desastre aún hay personas que se niegan a abandonar sus casas.

Dos días después, Francisca, de 65 años, fue soterrada junto a sus dos nietos en su casa de El Cambray II, igual que decenas de niños, mujeres y hombres, quienes a las 22:30 horas aproximadamente del 1 de octubre de 2015, murieron por causa de un derrumbe que borró la colonia, en cuyo caso con anterioridad al desastre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó un informe sobre la precariedad de las viviendas y la urgencia por trasladar a los habitantes de ese lugar a un terreno seguro. La Municipalidad de Santa Catarina Pinula nunca atendió las recomendaciones.

Sin viviendas

El proyecto de vivienda llamado Querida Familia, ubicado en San José Pinula, para los afectados por el deslizamiento, podría retrasarse por años, debido a que en el proceso de adjudicación para terminar de construir las 181 viviendas se han presentado varias denuncias que impiden retomar la obra paralizada desde abril pasado.

El proyecto se encuentra casi abandonado. Solamente algunos miembros del Ejército que trabajan en la urbanización y algunos representantes del Ministerio de Comunicaciones que explican las deficiencias de las casas, son los residentes ocasionales del lugar.

Actualmente existen solo 40 casas construidas con deficiencias como filtraciones de agua, sin impermeabilización de losas, acumulación de moho y falta de una columna para instalar la acometida de luz, según se puede observar. Esto es respaldado en un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de fecha 26 de septiembre de 2016, que concluye que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) será el encargado de “liquidar” los trabajos iniciados.

La empresa Inpro, S.A. aportó la mano de obra para construir las primeras viviendas; sin embargo, para ello nunca hubo un contrato, sino que el 16 de diciembre de 2015 los ministerios de la Defensa y Comunicaciones, tres empresas (entre estas Inpro) y dos fundaciones suscribieron el convenio 03-2015-DSM, el cual fue ampliado el pasado 30 de abril, para finalizar las 181 casas, pero los trabajos quedaron inconclusos.

La pelea contra el contrato

Con sus pertenencias juntas en el rincón de uno de los cuartos de la vivienda que comparte con otra familia, para lograr pagar Q2 mil 500 mensuales de alquiler, Consuelo Orozco, sobreviviente del deslave, cuenta que aún no supera la pérdida de su única hermana en la capital, y la de sus tres sobrinos. “Mi esposo, mis dos hijas y yo buscamos sobreponernos y salir adelante”, dijo.

Después de que transcurrió un año sin parte de su familia, Consuelo reconoce que no ha podido superar la pérdida. La casa que construyeron con la esperanza de que sus hijas pudieran crecer en un lugar propio se esfumó el día de la tragedia, porque a pesar de que su vivienda no sufrió muchos daños, el lugar fue declarado inhabitable y debieron abandonar todo su esfuerzo.

“En muchas ocasiones nos comíamos un huevo entre los dos, porque casi todos los ingresos estaban destinados a la construcción, ahora ya no tenemos nada”, recordó entre lágrimas.

Consuelo sigue esperando a que el gobierno le resuelva su falta de techo, mientras la obra continúa paralizada por más de cuatro meses y las casas presentan deficiencias técnicas. Debido a esto, el CIV a través de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) adjudicó, el 22 de agosto, el proyecto Prestación de servicios de mano de obra para el proyecto habitacional Querida Familia, a la empresa Productos Especiales de Concreto, S.A. por Q5.9 millones.

Según el concurso, la nueva compañía tendrá que terminar las 40 casas con desperfectos, además de las otras 141 unidades habitacionales. Contra la adjudicación se presentaron nueve inconformidades, ocho provinieron de Inpro, S.A. contra autoridades del CIV, ya que reclaman Q2.7 millones por pago de mano de obra.

Asimismo, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) investiga la contratación basada en una denuncia presentada el pasado 21 de agosto por Edgar Ernesto Sagastume Monzón, representante legal de Inpro, S.A.; donde se reclama el pago de la mano de obra y se señala una supuesta sobrevaloración de Q2.7 millones en el evento debido a que se licitó el cien por ciento del proyecto, cuando este tiene un avance físico del 43.5 por ciento, según un informe de la cartera de Comunicaciones presentado al Gabinete de Gobierno.

“Si el Ministro confirma la adjudicación, nosotros abriremos un proceso contencioso administrativo y será un tribunal que decida si la licitación continúa o no, esos ya son años. Nosotros sin nuestro capital de trabajo y la gente sin sus casas”, aseguró Renato Búrbano, directivo de Inpro.

Algunos afectados alquilan viviendas junto a otras familias en un lugar cercano al área del derrumbe.

Algunos afectados alquilan viviendas junto a otras familias en un lugar cercano al área del derrumbe.

Sin base legal

El viceministro de Vivienda, Carlos Barillas, aseguró que con la empresa que pide el pago de mano de obra nunca se firmó un contrato y por eso no puede pagárseles, aunque se está buscando una vía legal para reconocerles “alguna inversión”. Agregó que Inpro realizó una mala construcción, no finalizó ninguna casa. El convenio establece que se cancelaría por vivienda concluida. “Con Inpro no hay deuda porque jamás se inició un contrato, lamentablemente yo creo que fue la buena voluntad que tuvo la empresa de arrancar con el proyecto sin un contrato, la credibilidad que tuvo en las autoridades anteriores”, dijo Barillas.

El funcionario aseguró que para continuar la construcción de las casas, el proyecto se dividirá en tres fases: una para las primeras 40 que se encuentran más avanzadas, otras con muros y losas y la última para concluir 124 que solo cuentan con placas de cimentación. Según Barillas, las inconformidades serían rechazadas después de contar con el aval de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y que el contrato con Preco, S.A. se firmaría en las próximas semanas, para concluir el proyecto de 181 viviendas en cuatro meses.

La jefa de Derechos Civiles y Políticos de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jennifer Vargas, dijo que “con la finalidad de que no se sigan violentando los derechos de las familias afectadas”, intentaron que la empresa y el CIV acercaran posturas y llegaran a un acuerdo en reuniones sostenidas pero que las posturas de los aludidos eran muy distantes, por lo que no encontraron soluciones.

Según un informe del Ministerio de Comunicaciones presentado en mayo pasado, el avance físico de las viviendas en el proyecto Querida Familia era del 43.5 por ciento. La cartera indicó que del total de las 181 viviendas solo 31 estaban totalmente concluidas y que la mayoría estaba en proceso de fundición y otras en proceso de cimientos y zanjeadas.

Del total de familias afectadas a quienes se les ofreció entregar las casas, 149 obtendrán en los próximos días los títulos de propiedad, las otras 32 familias están por completar sus expedientes.

Las casas del proyecto tienen problemas de filtración  de agua.

Las casas del proyecto tienen problemas de filtración de agua.

Seis meses sin subsidio

Los damnificados por el desastre ocurrido hace un año en El Cambray II llevan seis meses sin recibir el aporte del subsidio, a pesar de que durante el gobierno de transición se aseguró que el mismo se entregaría mientras se construían las nuevas casas en el proyecto.

No obstante, la directora de comunicación social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Jenny Alcázar, indicó que a esa cartera solo le correspondía entregar Q1 millón 625 mil a los afectados, distribuidos en seis cuotas, las cuales correspondían a los meses que se estimaba la construcción.

Vargas aseguró que conformaron una mesa técnica para mediar por las familias afectadas y que se pueda ampliar el subsidio, ya que el Mides les entregó una cuota en noviembre de 2015 y las otras cinco en un solo desembolso en mayo pasado.

Esta semana se reunieron representantes de la cartera de Desarrollo y de los vecinos de El Cambray II para intentar aprobar la continuación del aporte, el cual correspondería al próximo año. Esto se debe acordar ya que no hubo nada escrito, todo se basó en promesas.

Evangelina Miranda perdió a su bebé de cinco meses el día que 76 viviendas quedaron soterradas en El Cambray II. Además, sufrió la pérdida de otros 11 familiares: hermanas, sobrinos y cuñados. Actualmente vive en una casa pequeña junto con otras nueve personas, tres familias pagan el alquiler de Q1 mil 600 mensuales.

Dos alcaldes procesados

Por este caso el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, y el actual jefe edil de la misma comuna, Víctor Alvarizaes, se encuentran ligados a proceso penal por homicidio culposo. El MP asegura que ambos ignoraron informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que alertaban sobre el riesgo que corría la comunidad donde el año pasado fallecieron 280 personas, según los datos oficiales. Tanto Coro como Alvarizaes fueron beneficiados con libertad bajo fianza de Q300 mil y Q200 mil, respectivamente. El proceso se mantiene en investigación.

 


“Es muy difícil hablar sobre esa noche, perdimos todo lo que teníamos, nuestros familiares y nuestras casas quedaron allá abajo”.

Evangelina Miranda, afectada.

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