Por: Tulio Juárez / Enrique García
El enfrentamiento jurídico-laboral que en ocho meses de gestión ha sostenido con los tres sindicatos el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, sube de tono al haber sido prevenido este viernes que tiene prohibido “perturbar o intimidar” a las empleadas administrativas María Magdalena Camey Estrada, Jacqueline Johanna Suárez Linares y Nidia Dalila Rivera Cárcamo, y sus familias.
Las trabajadoras se declararon ante el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, víctimas acoso y hostigamiento sicológico junto a sus compañeros por parte del legislador que encabeza la directiva, por lo cual las juezas Michelle Dardón Aguilera y Karen Chinchilla Menéndez han dictado con fechas 23 y 28 de septiembre las siguientes medidas:
< Se le prohíbe al presunto agresor perturbar o intimidar a las denunciantes, así como a cualquier integrante de su respectivo grupo familiar.
< La restricción tiene duración de tres meses, prorrogables a solicitud de parte, a contar de la fecha de resolución –23 y 28/09/16– comunicada a la Policía Nacional Civil (PNC).
< Mario Taracena cuenta con tres días para oponerse a la medida de seguridad, por lo que deberá acudir directamente al Juzgado que la ha dictado.
< Se le hace saber al agresor, indican las notas de comunicación a la PNC que –Camey Estrada, Suárez Linares y Rivera Cárcamo– se encuentran protegidas por el órgano jurisdiccional.
< La jueza Dardón Aguilera notificó lo conducente a la Dirección General y a la Comisaría 11, subrayando que podrá detener –al diputado– señalado en caso de flagrancia y presentarlo ante un juez.
< En caso de incumplimiento de esta orden, se le advierte –a Taracena Díaz-Sol– que le será certificado lo conducente por el delito de desobediencia.
< Se responsabiliza de la ejecución de estas medidas de seguridad al Director General de la PNC para que gire órdenes a la Comisaría 11 a efecto de que sus agentes la cumplan en el término de 12 horas.
< Vencido dicho plazo se le fija a la autoridad policial 48 horas para informar directamente a la judicatura sobre del resultado de la ejecución de las disposiciones.
