Viernes 18 DE Octubre DE 2019
Nación

Por potenciales inconstitucionalidades, Pro Justicia rechaza iniciativa de ley para aceptación de delitos

 

Movimiento pide al Congreso no aprobar este proyecto, porque incluso podría facilitar la reducción de penas a reos ya sentenciados y sugiere que mejor sean reformados los Códigos Penal y Procesal Penal.

Fecha de publicación: 23-08-16
Foto: Hedy Quino
Por: Tulio Juárez

 

Porque “la iniciativa de Ley para la Aceptación de Cargos tiene serias fallas que pueden derivar en inconstitucionalidades”, el Movimiento ProJusticia (MPJ) ha solicitado hoy al Congreso de la República que no la apruebe y se busquen otras soluciones en la búsqueda de desfogar el Sistema de Justicia, complicado actualmente por la saturación y hacinamiento de privados de libertad en las prisiones.

Y la organización integrada por varias entidades sociales previene: “La Constitución estatuye que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿La Ley para la aceptación de cargos beneficia al reo? La respuesta contundente es sí. El primer requerimiento para la aplicación retroactiva está dado. ¿Es factible aplicarla incluso a casos ya juzgados? Sí”.

Ese proyecto –presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dice el MPJ– tiene por finalidad la confesión del delito, la reparación al Estado y a la víctima por el agravio cometido, a cambio de lo que el acusado recibe el beneficio de una condena reducida. Empero, avisa la organización inconforme, “no es una simple reducción de penas, podría ser más grave”.

Incluso, manifiesta que “con los problemas técnicos y el riesgo de una mala aplicación, esta ley podría provocar mejores condiciones para la impunidad y desfogar el sistema solo en materia estadística, pero no servir justicia plena. Por ejemplo, existe el riesgo de que los verdaderos criminales utilicen a personas que acepten por ellos los cargos, para aplacar la persecución penal”.

El comunicado expedido esta mañana por ProJusticia concreta que de ser emitido el decreto, ya como ley:

< Puede ser utilizada como un instrumento que facilite la reducción de penas de personas que incluso ya estén sentenciadas.

< Si lo que se pretende es contribuir a alcanzar una justicia pronta y cumplida existen alternativas dentro del mismo proceso penal.

< Se puede reformar el Código Procesal Penal para ampliar el rango de acción de los procedimientos especiales ya existentes, y así lograr los objetivos de la actual iniciativa.

< Es preferible analizar el uso de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, además de considerar otras alternativas como el *control “telemático”* de personas ligadas a proceso penal, la aplicación del criterio de oportunidad, entre otros.

*(Los medios “telemáticos”  -pulseras para muñecas de las manos o tobillos, por ejemplo- son un conjunto de sistemas electrónicos que instituciones penitenciarias utilizan para controla a determinada distancia límite o máxima la presencia de personas que corresponden al ámbito de su competencia).

Lea a continuación el pronunciamiento del

MOVIMIENTO PRO JUSTICIA RECHAZA APROBACIÓN DE LA LEY DE ACEPTACIÓN DE CARGOS

Con fecha 09 de agosto de 2016, el Congreso de la República inició el proceso de formación de la Ley de Aceptación de Cargos, iniciativa propuesta por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). De forma inusitada la iniciativa entró al pleno, se le dispensó el dictamen y de inmediato pasó en primer debate.

De acuerdo con quienes respaldan esta iniciativa, se busca desfogar el Sistema de Justicia vía la aplicación de un procedimiento que promueve la aceptación de cargos (confesión de delito) y la reparación al Estado y a la víctima por el agravio del delito. A cambio, el responsable recibe como beneficio una pena de prisión reducida. No es una simple reducción de penas, podría ser más grave.

Se busca la resolución de conflictos penales vía la aceptación de cargos y la reparación al agraviado, y con ello se reduce la pila de casos pendientes de avance en los tribunales; así también se logra por este medio una mejora en las estadísticas de casos en los que se aplica justicia.

o Oposición del Movimiento ProJusticia

Las organizaciones del Movimiento Pro Justicia nos oponemos a esta iniciativa. Comprendemos el problema de la mora judicial y de la lentitud que afecta la resolución de casos en el Sistema de Justicia, pero este proyecto de Ley de Aceptación de Cargos no es la solución. Tenemos preocupaciones e inquietudes, entre ellas las siguientes:

  1. En la legislación vigente ya existen institutos procesales que podrían ser aplicados con el fin de promover el desfogue del Sistema de Justicia, pues para eso fueron creados. Tal es el caso del procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado y el criterio de oportunidad.

Para ampliar su aplicación, por supuesto, sería necesario introducir modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal, entre otros cuerpos normativos, y en nuestra opinión por esa vía tendría que buscarse una solución a la saturación de procesos judiciales y al hacinamiento en las cárceles. Sobre este último punto, es preciso ponderar las medidas sustitutivas y evitar el uso desmesurado de la prisión preventiva; y buscar otros mecanismos como el uso de grilletes electrónicos.

  1. Se promueve una sustancial rebaja de penas de prisión a cambio de aceptar cargos o confesar, aplicable a todo tipo de delitos; y luego, tras la condena, podrían venir otros beneficios que están en ley como la redención de penas y la rebaja de penas por buen comportamiento. También se deja abierta la puerta a que los reincidentes sigan gozando de estos mecanismos en otros procesos.

Esta ley podría beneficiar en diversas oportunidades al sindicado. En un caso de violación, si la persona acepta los cargos, recibirá el beneficio contemplado en la norma y, además, podrá recibirlo en otro proceso que se le instruya por otro delito, por ejemplo en un femicidio. De esa cuenta, podrá minimizar las condenas que pudieran llegar a corresponderle en cada caso. Cabe preguntar: ¿Qué sucede con los delincuentes irredentos e incorregibles? ¿Con aquellos delincuentes con alteraciones psíquicas que los tornan especialmente violentos? ¿Con los llamados delincuentes seriales?

  1. Con los problemas técnicos y el riesgo de una mala aplicación, esta ley podría provocar mejores condiciones para la impunidad y desfogar el sistema solo en materia estadística, pero no servir justicia plena. Por ejemplo, existe el riesgo de que los verdaderos criminales utilicen a personas que acepten por ellos los cargos, para aplacar la persecución penal. O que haya inocentes que acepten cargos bajo presión y tortura, sobre todo en regiones donde el brazo institucional de la justicia es más débil y no hay una plena vigencia de las garantías constitucionales.
  2. La iniciativa pone la confesión como prueba reina, resta importancia a las garantías constitucionales del proceso penal. El acusado se convierte en un mero instrumento de prueba. En este contexto, la confesión ya no tiene valor como libre manifestación de la voluntad del acusado, sino que adquiere un significado como prueba máxima. Su validez queda en duda porque la confesión se realiza buscando un beneficio.
  3. Podrían resultar beneficiados quienes ya purgan prisión por haber sido condenados. Si bien la iniciativa no contempla el beneficio de reducir condenas para casos juzgados, los principios constitucionales de favorabilidad al reo y de igualdad podrían ser reclamados en casos concretos. Con esto, podrían entrar a revisión y a un eventual beneficio, personas que ya estén cumpliendo condenas y que busquen un beneficio adicional para salir de prisión en menos tiempo. La retroactividad de esta ley es un riesgo latente, insoslayable, a la luz de las interpretaciones extensivas a que pueden ser sometidas esta norma y los mandatos constitucionales.

La Constitución estatuye que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿La Ley para la aceptación de cargos beneficia al reo? La respuesta contundente es sí. El primer requerimiento para la aplicación retroactiva está dado. ¿Es factible aplicarla incluso a casos ya juzgados? Sí. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha señalado: “En cuanto a la retroactividad de la ley penal, consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, siempre que favorezca al reo, no obstante que el hecho se haya cometido bajo el imperio de una ley distinta ya derogada y se haya dictado sentencia;…” Gaceta 91. Expediente 3826-2008, sentencia de fecha 30/1/2009.

El principio general del favor rei permite discutir el beneficio al reo, incluso del ya sentenciado. Además, el Código Procesal Penal indica que cuando el juez de ejecución advierta que debe quedar sin efecto o ser modificada la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley más benigna, promoverá la revisión de la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia. También hay artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que favorecen la aplicación retroactiva de las prerrogativas propuestas.

  1. Al crear el beneficio general de rebaja de penas, esta iniciativa modifica de facto leyes que han establecido un abordaje específico de delitos, como los contemplados en cuestiones de crimen organizado, armas y municiones, violencia contra la mujer, femicidio, medio ambiente, el régimen penitenciario, entre muchas otras normas especiales. El proyecto no considera la importancia de armonizar la legislación que está reformando de facto, sobre todo en lo que respecta a los códigos Penal y Procesal Penal.
  2. Así también habría varias inconstitucionales. Por ejemplo, que el confeso renuncie al juicio oral y público. La Constitución establece como derecho humano el conjunto de garantías del debido proceso penal y que nadie puede ser penado, sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal y preestablecido. Situación que podría ser atacada también en casos concretos.
  3. En cuanto a la víctima, se le reduce a la posición de recibir una reparación monetaria y aprobar o no lo que confiesa el sindicado. La víctima debe tener una dimensión auténtica. ¿Cómo tomaría una situación de estas una víctima de violación y otros delitos sexuales? ¿Basta con que le den dinero?
  4. Hablando de dinero, ¿qué sucede con aquellos que quieren aceptar cargos, pero no tienen dinero para pagar siquiera un porcentaje de la indemnización o del reintegro, para que se le otorgue la rebaja de la pena? La mayoría de la población carcelaria está integrada por pobres. Esta ley beneficiaría solo a los adinerados y a quienes puedan reunir algo de dinero para pagar por la rebaja de penas.

o Conclusiones y propuesta del Movimiento ProJusticia

  1. La iniciativa de Ley para la Aceptación de Cargos tiene serias fallas que pueden derivar en inconstitucionalidades.
  2. Puede ser utilizada como un instrumento que facilite la reducción de penas de personas que incluso ya estén sentenciadas.
  3. Si lo que se pretende es contribuir a alcanzar una justicia pronta y cumplida, existen alternativas dentro del mismo proceso penal. Se puede reformar el Código Procesal Penal para ampliar el rango de acción de los procedimientos especiales ya existentes; y así lograr los objetivos de la iniciativa.
  4. Es preciso analizar el uso de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, además de considerar otras alternativas a dicha prisión, como el control telemático de personas ligadas a proceso penal, aplicación del criterio de oportunidad, entre otros.
  5. Que el Congreso impruebe el proyecto de Ley de Aceptación de Cargos

 

Guatemala, 23 de agosto de 2016