Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Nación

Testaferros declaran en juicio de extinción de mansión de Baldetti

La empresa a cuyo nombre está registrada la mansión no ha sido representada por ningún abogado privado en las audiencias.

Fecha de publicación: 17-08-16
El inmueble está situado en el kilómetro 8.5 carretera a El Salvador en residenciales Los Eucaliptos. Por: Julio E. Santos jsantos@elperiodico.com.gt
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Marco Antonio Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, retomó ayer el juicio en el que el Ministerio Público (MP) busca que la mansión de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, ubicada en residenciales Los Eucaliptos, pase en definitiva a manos del Estado de Guatemala.

La fiscalía presentó el relato de algunos de los testaferros de las empresas de cartón con los que Baldetti y Otto Pérez Molina pudieron haber adquirido sus propiedades, en este caso la “casa blanca” de la exfuncionaria valorada en Q19.5 millones, y que está a nombre de la empresa de cartón Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado, Sociedad Anónima.

Glendy Rojas, quien representó por un tiempo a la empresa Antipasti, Sociedad Anónima, creada con la intención de que administrara las acciones de Corporación de Noticias, S.A., (Siglo 21 y AlDía), las cuales adquirió Baldetti, aseguró que fue contratada por Juan Carlos Monzón, y que era él quien le cancelaba los Q1 mil al mes por sus honorarios.

La tarea de Rojas, según lo relatado en la audiencia, era recoger un sobre que contenía facturas que la exasesora de Baldetti, Ismenia Beatriz del Val, le entregaba para fingir las operaciones de la empresa a su cargo.

Otro testigo presentado en la audiencia fue Genaro García, quien laboraba para Mario Contreras, contador de Otto Pérez Molina. García representaba a la empresa Agroindustrias 2011, a cambio recibía de manos de Salvador Estuardo González, alias Eco, Q2 mil 500 al mes.

“Llegó Salvador González y me pidió que fuera representante legal de una empresa, pero no dijo exactamente de quién eran y para qué sería”, dijo.

Baldetti se autopagaba la casa

El perito del MP, Amira Fajardo, detalló durante la diligencia que Baldetti tenía un supuesto contrato de arrendamiento de esa propiedad ubicada en el 6-92 de la calle Los Eucaliptos, kilómetro 8.5 carretera a El Salvador, con la empresa Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado, S.A., por un valor de US$2 mil 200 al mes.

Esa lujosa mansión fue adquirida el 10 de octubre de 2011 mediante un pago de Q400 mil a su anterior propietario, según la escritura número 268 faccionada por el notario Juan Carlos Bermejo Quiñónez, a la cual tuvo acceso elPeriódico.

Fajardo indicó que en 2011 esa sociedad tenía un capital de Q24 mil, “por lo que no podía comprar una propiedad de esa magnitud”.

El juez Villeda escuchó los testimonios de testaferros de empresas de Baldetti.

El juez Villeda escuchó los testimonios de testaferros de empresas de Baldetti.

La sociedad con la cual Baldetti compró esa casa, fue constituida en julio de 2004, pero no registró actividad hasta que Víctor Hugo Hernández, actual colaborador eficaz del MP, fue nombrado como administrador único y representante legal el 25 de mayo de 2011.

La vivienda está compuesta por dos fincas que suman 1,428 metros cuadrados; la propiedad original contaba con tres viviendas, pero Baldetti las mandó a demoler y en su lugar construyó un inmueble de dos piezas.

La mansión hecha al gusto de la ex Vicepresidenta cuenta con dos apartamentos semi independientes, uno para cada hijo; piscina con bar, una sala de cine, un spa y varias salas. La cocina se mandó a traer a Canadá y las lámparas a Europa.

En la audiencia de ayer nuevamente no se presentó algún representante o abogado de la empresa en cuestión, en su lugar fue nombrado el abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Edgar Méndez.

El juez Villeda programó la continuación de la audiencia donde dará a conocer su resolución final, para el 26 de agosto.

Juez decidirá si continúa diligenciando el caso

Hoy el juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resolverá la incidencia planteada por el abogado Mario Cuevas, defensor de Emilia Guadalupe Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), en el caso de corrupción conocido como Cooptación del Estado.

El jurista planteó un incidente de cuestión de competencia por declinatoria y actividad procesal defectuosa con el que pretende que Gálvez ya no continúe diligenciando ese expediente. El argumento es porque el juzgador unificó los casos de Terminal de Contenedores Quetzal, Cooptación y la Cooperacha, y los hechos ocurrieron en distintos años.

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