Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Nación

Juez Gálvez identificó y detalló los primeros tres delitos del caso

“Que se preparen”, dijo  porque para hoy podría iniciar la lectura de su resolución final.

 

Fecha de publicación: 26-07-16
El juez lleva tres días de argumentar su fallo para determinar si liga a proceso a los 57 capturados en el caso Cooptación y Coperacha. Por: Julio E. Santos jsantos@elperiodico.com.gt
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“Por los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) es evidente que sí existen los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero”, concluyó el juez Miguel Ángel Gálvez, mientras relataba la forma en que supuestamente la red criminal dirigida por Otto Pérez y Roxana Baldetti se organizó para obtener fondos de manera ilícita que sirvieron para financiar su campaña política y para su bienestar personal.

A criterio del juzgador, el delito de asociación ilícita se puede visualizar al momento que hubo una planificación para contratar personas como representantes de las empresas de cartón con las que el binomio presidencial obtuvo el dinero.

Citó como ejemplo las empresas que se crearon específicamente para comprar determinados bienes: Inversiones Galú, para la compra del Hotel Mansión de la Luz en Antigua Guatemala, Marbella S.A. y Arrendamientos, Servicios y Proyectos S.A., para la compra de Corporación de Noticias, además, el Grupo Estrella fue creado, según el juez, para financiar los gastos de la campaña, posterior a eso ya no tuvieron movimientos financieros.

“Me da la impresión que manipulaban a las personas para que fueran parte de esos negocios”, dijo Gálvez.

“Negar la procedencia del dinero es lavado”, puntualizó. Además, se preguntó por qué las empresas de cartón se dedicaron a comprar bienes e inmuebles a nombre de otras personas y se modificaron los montos.

El lavado de dinero se dio, según el juez, al momento que los financistas ocultaron los montos, la procedencia y el destino de los fondos que aportaron para la campaña del PP.

En el caso de la compra de Corporación de Noticias (Siglo 21 y AlDia), Otto Pérez Molina en calidad de Presidente de la República, autorizó una exoneración de impuestos a esa empresa que ascendió a Q9.5 millones.

Lo que el juez calificó, según los reportes de la SAT, como “la exoneración más grande hecha durante el gobierno del PP”.

Financiamiento electoral

Gálvez lleva tres días presentando sus argumentos en los cuales basará su resolución respecto al futuro de los 57 sindicados en este caso de corrupción. Ayer, mientras continuaba con su explicación, cuestionó a los abogados defensores por no haber negado el financiamiento electoral ilícito al momento que presentaron sus alegatos de defensa.

Gustavo Martínez, exsecretario general, conversa con el expresidente Otto Pérez.

Gustavo Martínez, exsecretario general, conversa con el expresidente Otto Pérez.

“Los abogados solo atacaron el artículo relacionado a ese tema. Si hubieran venido a decirme que sí financiaron pero me hubieran mostrado los documentos que la ley establece para que sea lícito. Todos pueden donar lo que quieran, pero de manera lícita”, pronunció el juez.

Explicó que al momento de realizar un aporte a un grupo político se tiene que documentar con la aprobación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la declaración patrimonial del donante, entre otros aspectos, de lo contrario es financiamiento ilícito.

Los financistas

Pasado el mediodía, Gálvez inició con la individualización de los hechos para el grupo denominado Los Financistas.

En el caso de los banqueros, Flavio Montenegro y Adolfo Peña, las irregularidades se dieron al momento que simularon los aportes que hicieron al PP y no los reportaron como donación.

Mencionó a empresarios del área de la construcción que donaron dinero para llevar a Pérez y Baldetti a la Presidencia, pero a cambio solicitaron contratos onerosos, los que se ejecutaron durante el gobierno del PP.

“¿Cuál es la necedad de trabajar con el Estado?”, se cuestionó el juez.

Gálvez indicó, antes de finalizar la diligencia, que hoy se estaría dictando la resolución final, por lo que citó a las partes a las 9:00 horas.

Empresas familiares se beneficiaron con contratos

Sobre la empresa Proyectos e Inversiones Qoactemalan, relacionada con el expresidente Pérez Molina, el juez detalló que basado en la información proporcionada por el MP, esa compañía tuvo contratos en el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, la Municipalidad de Masagua, Escuintla, y la de Mixco, dirigida por Otto Pérez Leal.

La empresa Grupo Píxel, representada por Lissette Pérez Leal, hija del ex Presidente, también obtuvo contratos onerosos.


“Si alguien quiere regalarle un millón a la primer persona que miren, regáleselo, pero si es su dinero y tiene cómo comprobarlo”.

Miguel Ángel Gálvez.

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