Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Nación

Juez Gálvez aplaza para mañana dictar la resolución en el caso #Cooptación del Estado

Se prolonga para las 9:00 horas la expectativa sobre si serán ligados a proceso o no, recibirán medidas sustitutivas o la libertad algunos de los 57 personas capturadas como parte de las causas penales #LaCooperacha, #LaLínea y #TCQ.

 

 

 

 

Fecha de publicación: 26-07-16
Por: Tulio Juárez / Amalia Martínez
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Luego de haber pronunciado durante sus razonamientos de este día frases como “Todo está ahí, no hay pierde”, el juez Miguel Ángel Gálvez Ramírez ha postergado de nuevo pronunciar su resolución sobre ligar a proceso a las 57 personas capturadas en la investigación del caso #Cooptación del Estado, entre ellas el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y su ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías.

El titular del Juzgado B de Mayor Riesgo dijo al final de la tarde, tras un receso de varios minutos en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “suspendamos la audiencia en este momento y continuemos mañana a las 9:00” horas, por lo que los rostros de quienes escuchar el fallo se compungieron, hubo otros de enojo y declaraciones criticándolo.

En la parte preliminar de su intervención y proclamando “Yo soy un juez independiente” advirtió –en respuesta a solicitudes de la defensa para que declarara falta de mérito a varias personas–, que creyó prudente bajar del estrado donde presidía, y que resolvería “de manera transparente y sin presión de nada”, de ningún magistrado de la Corte Suprema ni por un organismo internacional, porque “doy la cara”.

Para Gálvez una resolución judicial debe ser dictada con base a hechos, indicios racionales y no por el clamor popular, ante lo cual igualmente adelantó que como no se puede quedar bien con todos –las partes procesales– lo que decidiera no iba a ser del agrado de las personas señaladas, el Ministerio Público, los defensores y/o los querellantes adhesivos en el caso.

Repitió que no valoró la declaración del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón –la cual fue apelada, dijo, pero finalmente quedó en firme– ya que “no me interesa si está mintiendo”, por cuanto aún sin tomarla en cuenta, existían indicios racionales de la comisión de delitos en #LaCooperacha, #LaLínea y #TCQ que forman parte del expediente #Cooptación del Estado.

Nervios y angustias

Los ex altos funcionarios de gobierno, empresarios, banqueros, constructores y toda una suerte de personas vinculadas –directa o indirectamente– a los negocios de Pérez Molina y Baldetti Elías desde el poder figuran en la extensa lista de personas que este día han quedado ligadas a proceso por variados delitos relacionados con corrupción administrativa.

Entre su círculo más cercano destacan Mauricio López Bonilla –exministro de Gobernación– y los generales (retirados) Manuel López Ambrocio y Ulises Anzueto –exministros de la Defensa–, el exteniente coronel Juan de Dios Rodríguez–expresidente del IGSS y exsecretario privado presidencial– y Daniela Beltranena –exasistente personal de Baldetti y exdiputada patriota–. Sus rostros reflejaban preocupación y malestar, cansancio e inconformidad.

Tanto la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo de Juan Francisco Sandoval, como la CICIG, formularon cargos penales contra los 57 detenidos, habiéndolos subdividido en cuatro grupos denominados: Los “contratistas”, el “equipo”, los “financistas y los “lavadores”.  A ellos hizo referencia el juez desde el pasado jueves en extendidos razonamientos acerca de lo que sería su decisión final.

Hoy, por ejemplo, y con base en las evidencias presentadas por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, habló de los 15 contratistas del Estado implicados por la investigación. Uno de ellos, según los documentos leídos, aseguró al MP que era extorsionado por Juan Carlos Monzón, en esa época secretario privado de la Vicepresidencia.

“Si Monzón lo estaba extorsionando, ¿porqué llegaba a Casa Presidencial? ¡Eso es como que me tomará un café con quien me extorsiona!”, fue su comentario inmediato.  Ello significó que daba escasa credibilidad a lo afirmado en tal sentido. A propósito de uno de los contratistas, indicó que “el señor Walter López tiene 99 ingresos a la Casa Presidencial”.

Asimismo, había adelantado por señalamientos de defensores en cuanto a la existencia de dudas sobre la actuación del MP, que el dictar auto de procesamiento permitiría a la fiscalía ahondar en las pesquisas. “La licenciada Iglesias (abogada del empresario Jack Irving Cohen, 90 años) me mandó a buscar unas facturas. Si quieren hacemos una audiencia y abrimos las cajas…”, comentó.

“¿Se imaginan que me ponga a buscar unas facturas? Yo no voy detrás de la verdad, ustedes lo tienen qué demostrar, en todo caso”, agregó. Incluso, en otra parte de la extensa exposición dijo: “Para los que se les ligue a proceso y creen que no hay sustento, apelen, no hay problema, así se revisa…”, aunque admitió que no muchos de los abogados pidieron la falta de mérito para sus clientes.

De los “colaboradores eficaces”

En torno a Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti (14 enero 2012 – 8 mayo 2015), el juez aludió de la siguiente forma a los señalamientos de la defensa para desacreditar su declaración anticipada: “Si a un colaborador eficaz le van a pedir que tenga calidad  moral, discúlpenme, pero es colaborador porque es delincuente…”

“¿Pedirle calidad a un colaborador eficaz?  Él es un delincuente, un pícaro… no puede ser un santo, no tiene que ser un testigo idóneo”, afirmó. Y recordó un episodio de años atrás cuando a solicitud del MP a un detenido que ostentaría igual condición le preguntó sus datos y que sobre la “profesión” le respondió sencillamente: “sicario” que ofrecía sus “servicios profesionales”. Y que no era lo mismo “matar a una persona sola, que a otra que ande con seguridad…”

Acerca de este tipo de soportes del MP, el juez dijo en relación a Salvador Estuardo González, alias “Eco”, que  “este señor casi no habló de La Línea, sino de un montón de gente”. Además, en cuanto al involucramiento de integrantes del Registro Nacional de las Personas (Renap) en la #Cooptación del Estado, citó que es una responsabilidad de la fiscalía investigar al reto de directorio de dicha entidad.

Por el momento solo dos de sus integrantes –el exministro López Bonilla y el exdirector ejecutivo del Registro, Rudy Leonel Gallardo– son objeto de pesquisas del MP y la CICIG, aunque a juicio del juzgador estas deben ampliarse sobre los delegados del Congreso de la República –Julio Alvarado, contra quien ya hay orden de captura– y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) –magistrado Julio Solórzano–.

Las averiguaciones radican en establecer si el todo directorio suscribió el acuerdo por medio del cual, a cambio de “comisiones” pagadas a Monzón Rojas y sus autoridades, según el MP, se contrataron los servicios de una empresa de seguridad particular vinculada al entonces Subsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia, Miguel Ángel Martínez, involucrado en este caso.

< 10 a 15 por ciento era cobrado a importadores como sobornos.

< 60 por ciento de lo ingresado por “coimas” se entregaba a la pareja presidencial, según unas tablas decomisadas en abril del 2015.

< 40 por ciento era repartido entre el resto de integrantes de la red, sostiene el MP.

< 5 por ciento del total recibido era entregado a Juan Carlos Monzón.

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