Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Nación

Monzón y “Eco” González, filmados en cárcel de Matamoros para favorecer a autoridades ante evidentes riesgos, señala su abogado

Juez Gálvez inicia última audiencia de Cooptación del Estado y quien resolverá si liga a proceso a 57 personas señaladas por el MP y la CICIG en corrupción gubernamental y en la que se incluye al exbinomio presidencial Pérez-Baldetti.

Fecha de publicación: 25-07-16
Por: Tulio Juárez
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Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo “Eco” González Álvarez, colaboradores eficaces de la fiscalía en la Cooptación del Estado por corrupción administrativa, fueron filmados en Pavoncito por orden del Ministerio de Gobernación a fin de que con sus propias voces liberaran a las autoridades de lo que les pueda ocurrir al negarse a ser enviados a Matamoros, ha informado esta mañana su abogado Alexis Calderón.

El señalamiento de la defensa de ambos reos –formulado a través del programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas (EU)– coincidentemente surge al tiempo que el juez Miguel Ángel Gálvez Ramírez daba inicio en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que sería, se entiende, el último día de la audiencia en el caso Cooptación del Estado y en el cual resolverá si liga a proceso a 57 sospechosos, dicta o no prisión preventiva u otorga algunas medidas sustitutivas.

El jurista indicó que por los acontecimientos ocurridos el lunes pasado –el asesinato del capitán Byron Lima en Pavón, una modelo argentina y 12 reos más– surgieron de inmediato rumores acerca del inminente traslado de Monzón y González, aislados en el área administrativa de Pavoncito, vecino al otro penal, hacia la habilitada prisión civil del cuartel militar de Matamoros, versiones que incluso sus dos clientes le confirmaron haber sabido.

Incluso, explicó que –en apariencia– por órdenes del Ministerio de Gobernación  ambos fueron grabados en video en el lugar donde permanecen en Pavoncito, para que dijeran que ellos no aceptan ser transferidos, con lo cual  su juicio resulta evidente que el objetivo era que las autoridades fuesen liberadas de cualquier responsabilidad –por si algo les llegara a suceder–, cuando la realidad es que por su seguridad e integridad están mejor donde permanecen desde hace tiempo.

 

 

Sorprendidos por lo de Lima

Calderón dijo también en la entrevista telefónica que sus dos patrocinados le manifestaron haberse sorprendido por lo del capitán Lima y las restantes 13 personas asesinadas en el reclusorio para cumplimiento de condenas. Por lo tanto, el defensor indicó que hoy ha reiterado al Juez B de Mayor Riesgo la solicitud de que para proteger la vida de los dos colaboradores eficaces se considere otorgarles medidas de coerción.

El profesional del Derecho resaltó el innegable hecho que en las cárceles existe control de las autoridades hasta la respectiva área administrativa, pero “más allá…no”.   Los temores de Monzón y González son compartidos del todo por su defensor, quien el viernes denunció, al mismo tiempo de plantear una exhibición personal en el Juzgado de Paz de Fraijanes a favor de los dos detenidos para garantizar que no fueran movidos de Pavoncito.

La negativa de los dos colaboradores eficaces nace del hecho mismo que el centro civil de detención preventiva instalado en el antiguo Cuartel General del Ejército –5ª. calle y 18 avenida, zona 1 del Centro Histórico– tiene de “huéspedes” forzados a cinco figuras conocidas en el mundo del crimen:

1)       Marvin “el Taquero” Montiel Marín, condenado a más de 600 años por la masacre de 15 turistas nicaragüenses y un holandés, y quien por ahora el único sospechoso para el Gobierno de ser autor el intelectual del mortal ataque contra Lima Oliva y su grupo.

2)       Alejandro Jiménez, alias “el Palidejo”, condenado el pasado 7 de abril a 50 años de privación de libertad por el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral durante un atentado dirigido contra el nicaragüense Enrique Fariñas.

3)       Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias “Guayo Cano”, supuesto narcotraficante y sindicado por la matanza de nueve policías nacionales civiles de la subestación de Salcajá, Quetzaltenango, el 1 de junio de 2013.

4)       Juan José Santos Barrientos, sentenciado el 30 de diciembre del 2011 a 50 años de privación de libertad por el asesinato de Francisco Ayala Pinto en el municipio de El Jícaro, El Progreso, el 19 de julio del mismo año.

5)       Howard Wilfredo Barillas Morales, de la banda “los Artilleros”, quien purga 31 años por el secuestro de un vecino de Zacapa  a cuya familia exigieron el pago de Q1 millón de rescate por liberarlo.

La audiencia, hoy

Ante la mirada atenta de los señlados en Cooptación del Estado,e l juez Gálvez Ramírez sigue desarrollando la diligencia de primera declaración en la que, por ejemplo, ha hecho alusión a la compra del helicóptero por US$3 millones, la adquisición de acciones del matutino Siglo 21 por parte de la entonces vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, y de otros negocios realizados antes y durante el gobierno patriota.

 

Fotos: Edgar Pocón

 

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