Los coroneles Jacobo Esdrás Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, asesores de la seguridad presidencial en el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004), deben cumplir la pena de cinco años de prisión dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia por peculado a raíz del desvío de Q30 millones del Ministerio de la Defensa en el 2001, pero que fue revocada por la Sala Tercera Penal de Apelaciones, ha resuelto la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De esta forma, la CSJ declaró con lugar el amparo interpuesto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en contra del fallo que el martes 24 de marzo de 2015 dictó la Sala Tercera Penal anulando el juicio contra los dos militares –retirados–, y ordenó la inmediata libertad de los indicados así como la realización de otro debate oral.
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