Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Nación

MP evidencia de nuevo la agencia de empleos en que diputados convirtieron al Legislativo

Ratifican denuncia contra diputados Arístides Crespo y Marcelino García contra quienes se solicitó antejuicio dentro del #CasoPlazasFantasmas.

 

Fecha de publicación: 28-06-16
Por: Tulio Juárez
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La “piñata” anual en que como práctica de los políticos tradicionales termina convertido el Congreso de la República con las numerosas contrataciones de personal por la Junta Directiva que entrega cargos cada 14 de enero a su sucesora, ha sido evidenciada hoy una vez más por el Ministerio Público (MP) al ratificar en el Organismo Judicial las peticiones de antejuicio contra los diputados Arístides Baldomero Crespo Villegas y Manuel Marcelino García Chutá.

Ambos parlamentarios forman parte de un grupo –reelecto para el periodo 2016 / 2020– que fue denunciado semanas atrás por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al presentar en los órganos jurisdiccionales denuncias por el caso #CasoPlazasFantasmas que, incluso, ya tiene tras las rejas a varios de sus excolegas de curul, entre ellos el expresidente Pedro Muadi, quien renunció este año tras el escándalo estallado.

La institución encargada de la persecución penal en el país ha subrayado que los parlamentarios habían cometido los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción –si finalmente se comprueba que violaron las leyes (y hasta se quedaban con parte del salario de sus nombrados para los trabajos, aspecto del cual a estas alturas hay otro representante señalado, Christian Boussinot, contra quien también ya se pidió el antejuicio).

Por ejemplo, al escuintleco Crespo el MP se le señala de nombramientos irregulares durante su gestión entre el 14 de enero de 2014 y 2015, al contratar para el renglón 022 a 13 “asistentes” que solo tienen estudios de diversificado, pero con salarios de Q10 mil, Q12 mil y Q15 mil, y otros cuatro para Comunicación Social con plazas de Q15 mil, “sin que constara solicitud del jefe de dicha dependencia o documento que justificara la necesidad de estas contrataciones”.

El MP subrayó hoy que en los primeros días de enero del año pasado y a pocos de entregar la presidencia –al electo Luis Rabbé Tejada–, el diputado Crespo Villegas “autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para los miembros de la Junta Directiva que estaba por terminar su gestión”, y que autorizó la contratación de al menos 44 más asignadas a diversas unidades administrativas, 25 de las cuales tenían un salario igual o por encina de los Q15 mil.

Asimismo, por petición de otros congresistas en el mismo periodo, autorizó contratarles a gente que no trabajaba –por diversas circunstancias–, pero que cobran sueldos de Q15 mil, Q10 mil, Q8 mil y Q7 mil. Entre los nombrados se menciona a Héctor René García Argueta, María Lourdes Solórzano Carballo, Carlos Miguel Salazar Mendoza, Sergio Danilo Quiroa Sánchez, Jorge Enrique Molina Linares, Keylee Areli Medina Herrera y Carlos Armando Alvarado Figueroa.

Crespo aprobó también durante su presidencia dos plazas para el director general del Legislativo –y exdiputado– José Luis Mijangos Contreras, pero “las empresas contratadas no cumplían con el perfil del puesto y no se presentaban a laborar”, señala la denuncia del MP y la CICIG. El 26 del mes pasado, él fue capturado en operativos especiales al igual que los exparlamentarios Alfredo Rabbé Tejada y Édgar Cristiani.

Al día siguiente, otro señalado, Carlos Herrera, se entregó en el juzgado. Pocos días después, el juez Walter Villatoro concedió medidas sustitutivas a los cuatro señalados –Q100 mil de fianza cada uno,  arresto domiciliario y les dictó arraigo migratorio–, lo cual fue recurrido en amparo por el MP y la CICIG. La Ley de Régimen Interno de dicho organismo establecía que cada diputado podía contar con tres empleados: una secretaria, un asistente y un ujier.

Pidió ¡ 22 auxiliares ¡

De García Chutá, los investigadores concluyeron que siendo tercer secretario de la directiva pidió no menos de 22 auxiliares o asistentes con asignaciones presupuestadas por mes de Q10 mil, Q7 mil y Q15 mil, aparte de la secretaria, el asistente y su ujier. Empero, la averiguación identificó unas ocho personas que cobraban y no llegan a laborar ya que viven en Sololá y que, además, tienen o sostenían relación de trabajo –también sin asistir- con los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco, de Economía), el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) e, incluso, en un Juzgado del Organismo Judicial.

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