Domingo 19 DE Mayo DE 2019
Nación

“Como ciudadano siento simpatía por la eliminación del derecho de antejuicio” Álvaro Castellanos Howell, abogado constitucionalista

En el plano ciudadano, el abogado Álvaro Castellanos Howell –exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar (URL)– se pronuncia en contra del derecho de antejuicio y su eliminación definitiva, pero desde el ámbito legal considera que debe impulsarse un análisis más profundo, en torno a la Ley en Materia de Antejuicio y no solo el relacionado con esta figura jurídica.

Fecha de publicación: 24-06-16
Álvaro Castellanos Howell, abogado constitucionalista Por: Claudia Méndez Villaseñor elPeriódico

¿La figura del antejuicio debe ser eliminada o reformada?

– Como lo han dicho otros colegas, expertos en el tema, esta figura es inherente al cargo y no a la persona. Entonces uno podría pensar que sí es necesario modificar las características de los diferentes cargos que gozan de este privilegio. En este momento, las reflexiones son oportunas, igual que las propuestas de eliminar el antejuicio.

¿Cree usted que ha habido abusos y mal uso de esta figura jurídica?

– Sí. Definitivamente se ha dado un mal uso del antejuicio, pero existe una ley (la Ley en Materia de Antejuicio) muy deficiente, que permite a funcionarios escudarse y creer que así consiguen un compás de espera en un proceso judicial. Más, desde la percepción ciudadana, mi inclinación natural es que se elimine de forma total el antejuicio. Pero, pensando de forma objetiva y con aspectos jurídicos, me atrevería a decir que hay que hacer un profundo análisis para que gocen del derecho de antejuicio los cargos que de verdad lo requieran por su alta investidura y su especial trascendencia en el sistema. También hay que revisar la ley en Materia de Antejuicio que es de muy mala a pésima.

¿En qué sentido?

– Permite procedimientos laxos y que se pueden alargar. Cuando se habla de la supresión de este beneficio legal, cabría una reflexión de Derecho Comparado de cómo funciona el antejuicio en democracias verdaderas, porque existe. Objetiva y racionalmente, hay que evaluar qué cargos ameritan que se mantenga esa característica y revisar a profundidad la ley en la materia.

¿Por qué fue creada la figura del antejuicio?

– Lo que hace que exista un derecho de antejuicio en un cargo, es el potencial abuso de derecho de un ciudadano o de un opositor político de plantear demandas espurias y sin fundamento para bloquear al funcionario denunciado y que este no siga ejerciendo el poder. No existe para defender a un funcionario pícaro, sino para defender a un funcionario de un ciudadano pícaro que quiere retirarlo de sus funciones por distintas razones. El antejuicio se convierte en un filtro y garantiza que la denuncia contra un funcionario no es fraudulenta ni es una mentira. Se parte de la posibilidad de que haya una persona, un ciudadano, un contrincante político que pueda abusar de un derecho natural que es demandar cuando se tiene una razón cualquiera. Si se llegara a un punto ideal, se trata de una cuestión de personas. Si todos están comprometidos y gobernantes y gobernados hacen su trabajo legítimamente, no debería haber derecho de antejuicio. Porque las personas no buscarían bloquear al funcionario por intereses espurios, sino legítimos. Así, el antejuicio debería perecer para siempre. Pero hoy, los gobernantes no confían en los gobernados y estos no confían en los gobernantes.

¿La ley actual, Decreto 85-2002 también permite estos abusos?

– Sí, se emite bajo el régimen constitucional vigente y requiere un análisis a profundidad porque tiene inconstitucionalidades declaradas y artículos que rayan en lo ridículo. Hay otros derogados parcial o totalmente. Eso significa que tiene vacíos legales que no han sido suplidos después de los impactos de las inconstitucionalidades. La ley tiene agujeros. Por eso se necesita una nueva legislación que no permita arbitrariedades.

¿Podría ejemplificar algunos vicios de la ley actual?

– Sí. El Artículo 5 habla del delito flagrante. Esto se refiere cuando la persona es sorprendida cuando comete un delito, lo agarran “con las manos en la masa” dice un dicho popular. En esos casos no debería proceder el derecho de antejuicio. Pero la norma manda poner al funcionario a disposición de la instancia competente según lo establecido en la ley para que tramite el antejuicio. ¿Cómo puede ser posible que se incluya el delito flagrante con aspectos relacionados con un cargo? Si lo atrapan literalmente en el acto, debe ser procesado como todo ciudadano.

¿Qué ocurre entonces cuando un funcionario comete un delito flagrante?

– El Artículo 6, que fue declarado inconstitucional en una parte, dice que si la Policía detiene al Presidente, Vicepresidente o a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe entregarlo a la Junta Directiva del Congreso; si es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, o el Procurador de los Derechos Humanos, en la CSJ. Otros son remitidos al Juzgado de Paz de Turno.

Esta ley está mal hecha y por eso anula un elemento que en otras democracias es clave. Por eso como ciudadano siento simpatía con la idea de eliminarlo, pero me preocupan los extremos.

Si no se elimina la figura del antejuicio, ¿qué habría que hacer para fortalecer este derecho?

– Se ha visto que hay antejuicios que son declarados en cuestión de horas. Eso significa que se puede y que los procesos no tendrían que ser tan largos. El problema no debería ser la figura sino cómo se usa y cómo se cometen abusos ridículos de la ley.  Si existe un alto potencial de delito, los procedimientos legales no deberían pasar de 48 horas, para evitar la posibilidad de fuga y tramitar los arraigos. Hay que hacer el análisis de Derecho Comparado de cómo se resuelven en otros países estos casos.