Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Nación

MP investiga 19 casos por supuesto financiamiento electoral ilícito

Entre las pesquisas que realiza destacan denuncias por la utilización de “infomerciales”.

 

 

Fecha de publicación: 15-06-16
Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía. Por: Ferdy Montepeque elPeriódico
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La Fiscalía de Delitos Electorales, del Ministerio Público (MP) investiga a exfuncionarios, empresarios y personas particulares en 19 casos, para establecer la procedencia de los recursos con los que se financiaron organizaciones políticas en las elecciones generales de 2007, 2011 y 2015.

Los primeros procesos se iniciaron tras el informe ‘Financiamiento de la Política en Guatemala’, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en julio de 2015. Después recibió denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó el jefe de la Fiscalía, Óscar Schaad.

Estas averiguaciones son aisladas del caso Cooptación del Estado, en el cual se señala al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de dirigir una “gran empresa criminal”.

“La ley establece que el financiamiento ilícito de partidos políticos tiene que provenir de lavado de dinero. Lo que hacemos es ver hasta dónde financiaron o se financió con esos recursos un partido político”, explicó Schaad.

Formas ilegales de financiar la política

Entre las pesquisas que realiza el MP destacan denuncias por la utilización de “infomerciales”. Por estos casos la Fiscalía pidió informes a las estaciones televisoras, la IVE, al Registro Mercantil y Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)  para corroborar si hubo o no delitos en los 19 casos en proceso de investigación.

 

Según el informe de la CICIG, parte del apoyo económico ilegal a las agrupaciones partidarias en Guatemala proviene de tres fuentes: financiamiento indirecto de medios de comunicación, a través de obra pública y mediante redes político-económicas. Solo en la elección de 2011 emplearon más de Q300 millones en campaña, los cuales no fueron reportados al TSE.

Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) las empresas del exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, se beneficiaron con contratos públicos como pago de la financiación de esa candidatura presidencial.

 

 

 

 

Las reformas que ayudan

La magistrada titular del TSE, María Eugenia Mijangos, indicó que antes de ser aprobadas las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), se tenían pocos argumentos para sancionar a las organizaciones que incurrían en irregularidades, pero con los cambios estas sí tendrán castigo.

El Tribunal podrá amonestar públicamente, multar, suspender temporalmente, suspender la recepción de financiamiento, o cancelar a un partido político que incurra en irregularidades, según el artículo 21 de las reformas.

A criterio del politólogo Renzo Rosal existen otras modalidades de financiamiento ilícito de las agrupaciones que son poco visibles, como el dinero en efectivo que reciben algunos miembros de partidos o candidatos en el área rural del país, donde difícilmente los puede fiscalizar el TSE.

 


“Estamos pidiendo informes y corroborando fuentes. En el caso de los infomerciales hemos pedido informes a las televisoras, también al TSE, entidades mercantiles y tributarias”.

Óscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales. 

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