Lunes 20 DE Mayo DE 2019
Nación

“Hemos pedido los antecedentes de las frecuencias que se entregaron a las televisoras” Anabella Morfín Mansilla, Procuradora General de la Nación

La nueva titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) dice que ya pidió un informe sobre el usufructo de las frecuencias de televisión abierta, para analizar en qué condiciones se otorgó. También indica que en el caso de TCQ se revisa una lista de contratos colaterales de transporte y arrendamientos.

Fecha de publicación: 15-06-16
Anabella Morfín Mansilla, Procuradora General de la Nación Por: Ferdy Montepeque elPeriódico

¿Cuáles son las primeras acciones que ha tomado al frente de la PGN?

– Buscar los antecedentes de los expedientes que han tenido mayor interés por parte de la población y en medios de prensa, como el caso del usufructo de la  Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el de Ferrovías y Aeronáutica.  He  solicitado a las autoridades responsables los datos de las frecuencias que se entregaron a  las televisoras, porque no hay expedientes acá, estamos buscando y recopilando esa información para analizarla.  En el caso particular de TCQ, estamos haciendo el análisis de la demanda que fue planteada,  pensamos en hacer la ampliación en varios aspectos que en su momento los informaré. Se está pensando en otras acciones más para invalidar contratos en los cuales el Estado ve que hay problemas relacionados con ese mismo tema.

¿Cuáles son los otros contratos que se podrían invalidar?

– Lo que ocurre es que como consecuencia del usufructo oneroso se han otorgado arrendamientos y hecho contrataciones a otras empresas, y tenemos que ver la validez y legalidad de esos contratos porque si el origen es espurio, obviamente todo lo que se haga en ejercicio de ese contrato va a adolecer del mismo vicio.  Son principalmente por servicios propiamente en el puerto, no es que sean mínimos en términos de cuantías sino que son colaterales al servicio que se estaba preparando prestar en la portuaria. Por el momento estamos en la identificación de expedientes, hasta ahora hemos contabilizado cerca de cinco o seis,  que tienen que ver con transporte y arrendamientos , pero tengo que identificarlos todos porque según el contralor  General de Cuentas (Carlos Mencos) hay una larga lista.

Hay otros usufructos en el Puerto Quetzal, ¿en estos también habrá análisis?

– Creo que tenemos que ver hacia atrás porque esa afectación del patrimonio del Estado no es reciente. Lamentablemente, se creyó que ser funcionario era tener carta blanca para poder disponer de los bienes y muchas veces no se veló porque el Estado no fuera afectado.  Si de la revisión que hagamos encontramos problemas, y si adoleciera de nulidad absoluta, por consiguiente tendríamos que hacer algún tipo de impugnación, pero sería prematuro hablar de eso porque no he analizado todos los contratos, llevo apenas dos semanas en el puesto. Pero sí es un propósito revisarlo y otros contratos más.

Hay un planteamiento de la población para que sean revisados, como el caso de las frecuencias de las televisoras; de ese expediente no hay antecedentes, por eso hemos pedido a las autoridades correspondientes que se nos envíe la información.

¿Existieron procesos anómalos en anteriores administraciones?

– Esta ha sido una institución que siempre ha estado muy sujeta a instrucciones, supongo, porque solo así me puedo explicar algunos dictámenes que he visto de mis antecesores en donde uno como abogado reconoce que no hay una lógica en el dictamen y opinión que se emitió. Parecieran más dictámenes de complacencia o que simplemente se emitieron para llenar un requisito legal, pero no con el afán de que éste efectivamente sirviera para auditar un procedimiento en términos de legalidad, eso sí es muy preocupante.

¿Qué tipo de irregularidades ha visto?

– Los contratos se han celebrado a ciencia y paciencia de la Procuraduría, muchas veces con un dictamen a favor, el caso de TCQ es el más elocuente. Sí hubo un dictamen acá donde se dijo que no hubo ningún problema, que el interventor no tenía inconformidades y la verdad es que no es cierto.  Son varios los casos, pero no me explico cómo se puede decir que una empresa del Estado no está sujeta a la Ley de Contrataciones, cuando claramente el primer artículo de la Ley lo dice. Solo con un dictamen de complacencia puede explicarse uno que vengan a hacer semejante afirmación.

¿Qué la motivó a aceptar el cargo que le ofreció el presidente Jimmy Morales?

–  Dos cosas básicamente, mi compromiso en primer lugar con el Derecho, porque soy abogada de profesión. Me encanta mi profesión y eso es una forma de lograrlo, ser abogada del Estado es una gran responsabilidad. Pero también eso contribuye, o espero que contribuya, para garantizar la licitud de los contratos y actos que se celebren con la administración pública, para que haya más sanidad en la administración. Y dos, porque es un reto el contribuir en esa lucha contra la corrupción, en este momento es deber de todos.

El estadio del Ejército

>La PGN tiene bajo análisis el arrendamiento entre el Instituto de Previsión Militar (IPM) y la empresa Futeca, S.A. para la remodelación del estadio del Ejército.“El Estado gasta millones en arrendamientos y en pagar sedes por falta de espacios, entonces creo que si una entidad no va a hacer un uso adecuado de los bienes lo lógico es que se entregue a quien sí hará un buen uso”, sostuvo.