Sábado 23 DE Marzo DE 2019
Nación

Pérez recibió coima mediante “offshore” en las Islas Vírgenes

El MP y la CICIG sostienen que una transacción por US$350 mil entre Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas corresponde a comisión por el contrato de control migratorio.

Fecha de publicación: 08-06-16
Por: Evelyn Boche eboche@elperiodico.com.gt
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Una factura emitida por la Gran Caravana Import –con sede en Caracas, Venezuela– a OKCEG International Corp., en las Islas Vírgenes Británicas, es la evidencia que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron sobre los sobornos que recibió el expresidente Otto Pérez Molina a cambio de adjudicar contratos estatales.

El documento, con fecha 28 de enero de 2015, por “Servicios y consultoría de nuevos proyectos en Centro América y el Caribe”, valorados en US$350 mil, se cuenta entre los aportes de los colaboradores eficaces, Juan Carlos Monzón Rojas y su contador Víctor Hugo Hernández, al caso “Cooptación del Estado”.

En realidad, esa factura justifica uno de los pagos del soborno por US$7 millones que Pérez pactó con Gustavo Brignone, el representante de Security Asistance Group (SAG), de acuerdo con el MP y la CICIG.

“Operación Pasajeros” fue el nombre que la estructura le dio a este negocio. El cronograma de pagos apuntaba que Pérez sería el único beneficiario por la concesión a SAG. A cambio, obtendría US$1 millón dividido en dos pagos de US$350 mil cada uno y otro por US$300 mil previo a la firma del contrato.

Chévez, el facilitador

Otros US$6 millones se le entregarían luego de firmado el contrato, a lo largo de 2015, incluso en enero de 2016. La operación entre la Gran Caravana y OKCEG –correspondiente a uno de los primeros dos pagos– fue posible por la intervención de Jonathan Chévez, el cambista que según declaró Monzón, ofrecía disponibilidad para manejar dinero desde diferentes plazas y por medio de distintos bancos a cambio de comisiones de entre 4 y 18 por ciento.

La Dirección General de Migración adjudicó a SAG un contrato para el control migratorio por US$109 millones en octubre de 2014. El negocio fue rescindido en mayo de 2015 por el exministro Mauricio López Bonilla, un día antes de su renuncia, ante los señalamientos de sobrevaloración y tráfico de influencias. Pérez Molina defendió la contratación pese a los cuestionamientos.

Ahora el exmandatario enfrenta una nueva causa penal junto a Chévez, Monzón y otras 44 personas, señalados de integrar una macroestructura que captó no menos de Q500 millones en comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas.

El contrato con SAG es uno de los 450 que analizan el MP y la CICIG por el cobro de comisiones ilegales. Durante la presentación del caso Cooptación del Estado, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, manifestó que el 60 por ciento de los cobros era para Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. El resto se repartía entre operadores en las instituciones estatales que otorgaban los contratos.

“Una instrucción general era por lo menos de una comisión de diez por ciento para gestionar los contratos”

Iván Velásquez, jefe de la CICIG.

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