Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Nación

Cambios en antejuicios, MP, Carrera Judicial y CC

EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL SELECCIONARÍA A LOS TRES CANDIDATOS PARA ELEGIR AL FISCAL GENERAL Y JEFE DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Fecha de publicación: 06-06-16
MARIO TARACENA, JIMMY MORALES Y RANULFO ROJAS, PRESIDENTES DE LOS ORGANISMOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, RESPECTIVAMENTE, PARTICIPARON EN EL LANZAMIENTO DE LA PROPUESTA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES AL SECTOR JUSTICIA. Por: Julio E. Santos jsantos@elperiodico.com.gt
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La propuesta de reformas a la Constitución Política de Guatemala en materia de justicia se centra principalmente en tres ejes que incluyen la eliminación del antejuicio para algunos funcionarios públicos, la delegación de nuevas funciones al Consejo de la Carrera Judicial, la forma de selección y permanencia del Fiscal General del Ministerio Público (MP) y la integración de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Esta propuesta fue elaborada por los tres organismos del Estado, quienes recibieron las opiniones de la sociedad civil y el sector académico del país. El tema está coordinado técnicamente por el MP, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Antejuicio

Con relación al antejuicio de que gozan los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para que no sean objeto de persecución penal sin que una autoridad competente haya aprobado retirar ese derecho, la propuesta plantea despojar de este a los alcaldes y a los gobernadores.

Una de las propuestas de modificación de la Constitución establece que estarán sujetos a ese derecho únicamente el Presidente y Vicepresidente de la República; ministros, diputados, magistrados, procuradores, jueces del Organismo Judicial y el Contralor de Cuentas.

No obstante, Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, consideró necesario evaluar nuevamente a quiénes les tendría que aplicar el antejuicio, y bajo qué circunstancias.

“Sería saludable retirar ese privilegio o que sea posible adelantar investigaciones de quienes gozan de ese beneficio para tener elementos que soporten la solicitud de antejuicio, pero sin ser capturados hasta que un juez levante la inmunidad”, especificó Velásquez.

Ese mismo cambio reitera que los gobernadores deben ser nombrados por el Presidente, “sin goce de antejuicio” y que estos hayan residido, como mínimo, cinco años en el departamento antes de haber sido nombrados para su cargo.

Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, el derecho de antejuicio se ha convertido en una manera de promover la impunidad y los hechos de corrupción en los entes estatales.

“Ha servido como un escudo para que los funcionarios públicos incurran en hechos ilícitos mientras ejercen la función pública”, señala.

Nuevas funciones

El presidente de la CSJ, Rafael Rojas Cetina, considera que las reformas buscarán también el fortalecimiento y la implementación de más funciones para el Consejo de la Carrera Judicial, instituyéndolo como un ente que actúe con independencia en el ejercicio de sus funciones.

“El consejo debe ser el responsable de seleccionar, ascender y preparar a los profesionales de carrera en el Organismo Judicial (magistrados y jueces) en base a su experiencia y honorabilidad, además de velar por la transparencia en la aplicación de la justicia”, puntualizó.

La propuesta sugiere que de los 13 magistrados de la CSJ, por lo menos nueve deberán haber ingresado al Organismo Judicial por medio del sistema de carrera judicial, y no como se realiza en la actualidad, que la totalidad son seleccionados en una Comisión de Postulación que es enviada al Congreso, donde muchos candidatos deben hacer lobby con los diputados.

La reforma también aumenta el tiempo de las magistraturas de cinco a 12 años y modifica los requisitos para poder ser juez de la siguiente manera:  “su función es incompatible con cargos de dirección y asesoría de instituciones políticas, de sindicatos o entidades que reciban, administren o ejecuten recursos públicos o bienes del Estado. Así como con la calidad de ministro de cualquier religión o culto”.

En la fiscalía

Una de las propuestas es la reforma al Artículo 251 de la Constitución, con la que se busca mejorar las funciones del Fiscal General y Jefe del MP, quien para poder optar a ese cargo debe contar con al menos diez años de experiencia en materia penal como fiscal, juez, magistrado o abogado litigante.

Además, se establece que este cargo será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de tres candidatos propuestos “por el Consejo de la Carrera Judicial, y no por medio de una Comisión de Postulación”.

Además, modifica el periodo de funciones del jefe del ente investigador, pues busca que sea electo para ejercer su mandato durante seis años.

Nueve magistrados

Las reformas también plantean que la integración de la Corte de Constitucionalidad será de nueve magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las Cámaras que la misma determine, cada una de las cuales tendrá que elegir a su presidente.

Los magistrados serán designados en la siguiente forma:

Tres magistrados por el pleno del Congreso de la República por mayoría absoluta de sus miembros.

Tres magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por mayoría absoluta de sus miembros.

Tres magistrados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

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