Martes 18 DE Junio DE 2019
Nación

Breve historia de las consultas populares

EL DIÁLOGO PARA LAS REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA COMIENZA EL PRÓXIMO 9 DE JUNIO, POSTERIORMENTE SE PRESENTARÁ LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL LEGISLATIVO.

Fecha de publicación: 06-06-16
LA PRIMERA CONSULTA POPULAR se llevó a cabo después del autogolpe de estado de jorge serrano.
Por: Nancy Álvarez nalvarez@elperiodico.com.gt

Dos consultas populares para aplicar reformas constitucionales se han celebrado en el país en los últimos 22 años. La primera se realizó en 1994 , cuando la mayoría de guatemaltecos votó a favor de que se redujera el período presidencial de cinco a cuatro años, suprimir gastos confidenciales, depuración de la Corte Suprema de Justicia y elección de nuevos diputados . En 1999, los votantes se inclinaron por el “no”.  Se pretendía que los Acuerdos de Paz adquirieran rango constitucional.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 280 establece que las reformas constitucionales deben ser aprobadas por las dos terceras partes de diputados del Congreso de la República.

Se estipula que “las reformas no entrarán en vigencia hasta que sean ratificadas mediante consulta popular”. Y que si por medio de la misma se ratifica la reforma, entonces esta entrará en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuncie el resultado de la consulta.

Después del “serranazo”

El 25 de mayo de 1993 ocurrió el auto golpe de Estado ejecutado por el ex- presidente Jorge Serrano Elías, quien suprimió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo señalamientos de corrupción.

Luego de que fuera restituido el Congreso, el 6 de junio de ese año, ese Organismo eligió a Ramiro de León Carpio como presidente de la República. Al asumir el cargo, el nuevo mandatario se propuso depurar los organismos Legislativo y Judicial, por lo cual buscó plantear una consulta el 28 de noviembre de 1993, pero esta no progresó por acciones legales en su contra.

Después, se logró un consenso entre diputados y el Gobierno para convocar a una  Consulta Popular con el fin de decidir si se aprobaban las reformas a la Constitución. Esta se realizó el 30 de enero de 1994.

La reforma que se sometió a consulta planteaba reformas a entidades como: Junta Monetaria, Congreso de la República, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial, Régimen de Control y Fiscalización, Régimen Financiero, Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Régimen Municipal. Entre otros temas incluía la reducción del periodo presidencial a cuatro años.

El abstencionismo fue del 85 por ciento, no obstante, 530 mil ciudadanos votaron a favor de que se aplicaran las reformas constitucionales y 105 mil en contra. Los cambios cobraron vigencia en abril de 1994.

Debido a la aplicación de las reformas, se celebraron las elecciones legislativas luego de la disolución anticipada del Congreso durante la crisis constitucional de 1993. Solo el 21 por ciento de los votantes acudió a las urnas. En esa ocasión, el partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG) obtuvo 33 de los 80 escaños.

La consulta de 1999

Una nueva Consulta Popular se llevó a cabo el 16 de mayo de 1999, en la cual los guatemaltecos se pronunciaron en cuanto a nuevas reformas a la Constitución. En esta se incluyeron cambios a entidades como el Organismo Legislativo, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial y Derechos Sociales.

Para cada uno de los aspectos el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró una boleta distinta con las opciones “sí” y “no”. El resultado fue en contra de las 50 reformas constitucionales que se planteaban.

El Padrón Electoral estaba integrado por 4.8 millones de ciudadanos, quienes acudieron a las más de 7 mil mesas de votación instaladas a nivel nacional. El abstencionismo fue de 81.45 por ciento, es decir que solo 757 mil 940 ciudadanos aptos para votar acudieron a las urnas.

Nuevos aires de cambio

La Mesa Nacional del Gran Diálogo para la Reforma al Sector Justicia analizará, desde el 9 de junio, el documento base de los cambios así como las ideas recogidas en las mesas regionales.

El Diálogo fue lanzado el pasado 25 de abril por los presidentes de los tres poderes del Estado. Los temas que incluye son: independencia para jueces y magistrados, reconocimiento del pluralismo jurídico, fortalecimiento a la carrera profesional en el Ministerio Público (MP), acceso a la justicia  y que se elimine el derecho de antejuicio a los gobernadores y alcaldes. Durante consultas a los pobladores en distintas zonas del país, la petición para eliminar este derecho se ha extendido para todos los funcionarios gubernamentales.

El presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, explicó que el Diálogo finalizará el 20 de junio. De esa fecha al 15 de julio se llevarán a cabo reuniones entre los diputados de cada bancada y la comisión técnica que acompaña el proceso, la cual está integrada por el MP, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Según Taracena, a partir del 15 de julio se presentará la reforma constitucional en el Congreso, luego corresponde aprobar dos decretos: uno para apoyar la reforma y otro para convocar a consulta popular con el fin de formular preguntas a la población para que vote a favor o en contra.

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, señaló que debido a que el abstencionismo ha marcado las anteriores consultas populares, a su criterio el éxito o fracaso de la futura consulta para reformar la Constitución estará vinculado a la calidad de información de la cual la población disponga para ese fin.

Intentos de referéndum Guatemala-Belice

El 22 de abril de 2013 la Cancillería informó que Guatemala suspendió la Consulta Popular simultánea con Belice, que se tenía programada para el 6 de octubre de ese año, donde se decidiría si el litigio territorial sería elevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La decisión se tomó porque en Guatemala no existían las condiciones para realizarla y porque Belice no derogó una reforma constitucional que exige un 60 por ciento, como mínimo, de participación ciudadana para que una consulta popular tenga validez.

El 25 de mayo de 2015, Guatemala y Belice firmaron un protocolo para modificar el Acuerdo Especial de 2008, el cual permite que la consulta popular se haga en cada país por separado y no necesariamente de forma simultánea. Guatemala planificó que en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2015 se realizaría esta votación, pero ya no fue posible.