Martes 12 DE Noviembre DE 2019
Nación

MP y CICIG: Pérez y Baldetti lideraron una macroestructura criminal que cooptó el Estado

La estructura obtuvo unos Q500 millones en comisiones por adjudicaciones de contratos estatales.

Fecha de publicación: 03-06-16
Por: Evelyn Boche eboche@elperiodico.com.gt

El porqué de la insistencia del expresidente Otto Pérez Molina en la adjudicación de un sistema de control migratorio quedó al descubierto tras la rueda de prensa que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Thelma Aldana, fiscal general, ofrecieron ayer por la tarde.

El comisionado Velásquez detalló que Pérez pactó con el argentino Gustavo Brignone una comisión de US$7 millones para otorgar el contrato de control migratorio a Security Assistance Group Guatemala, S.A., conocida como Grupo SAG. De esa coima, se estableció que el exmandatario recibió US$350 mil mediante empresas del cambista Jonathan Chévez.

La comisión con Grupo SAG fue una de las tantas que pactaron Pérez y Roxana Baldetti con 45 contratistas, según el Ministerio Público (MP) y la CICIG. En total, se determinó que la estructura liderada por los exjefes del Ejecutivo captó Q500 millones por comisiones ilícitas, a las que llamaban “incentivos comerciales monetarios”.

Con ese mismo mecanismo, obtuvieron unos Q59 millones por 64 contratos en la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, de acuerdo con cuadros de pagos secuestrados por el MP. El 60 por ciento de las comisiones habría sido para Pérez y Baldetti y el resto fue distribuido entre los operadores en las portuarias.

Los hermanos Carlos y Raúl Ruiz Vásquez, conocidos como los Fuchos, también utilizaron dicho esquema para conseguir proveeduría pública. El esquema se usó en instituciones como el Registro de Información Catastral, el Registro Nacional de las Personas y el Fondo de Desarrollo Social.

Entre los comisionistas frecuentes figuran Raúl Osoy, Walter López, Miguel Ángel Martínez y Gabriel Guerra.

Las comisiones por adjudicar contratos fue una de las modalidades de la “máquina de expoliación del Estado” –como la llamó Velásquez– liderada por Pérez y Baldetti, cuyos primeros indicios surgieron a partir de documentos incautados por el caso de defraudación aduanera La Línea y luego fueron ampliados en detalle por los colaboradores eficaces Juan Carlos Monzón y su contador Víctor Hugo Hernández.

Esa máquina fue diseñada luego de que el Partido Patriota perdió las elecciones y arrancó en la campaña de 2011, lo que lleva a la conclusión de que los actos de corrupción en el gobierno no eran aislados, “sino que estábamos frente a una estructura criminal mafiosa que había cooptado al poder por la vía de las urnas”, manifestó Aldana.

El representante de la CICIG y la Fiscal General necesitaron al menos 3 horas para explicar la investigación, lo nombres y roles en la estructura de todos los implicados.

El representante de la CICIG y la Fiscal General necesitaron al menos 3 horas para explicar la investigación, lo nombres y roles en la estructura de todos los implicados.

Todo comenzó en la campaña del PP

Para que la máquina funcionara, se requirió de financiamiento electoral ilícito. El MP y la CICIG detallaron que el PP usó un entramado de empresas para captar fondos de financistas privados y los trianguló con ayuda de testaferros para evadir los controles del Tribunal Supremo Electoral.

Las empresas de fachada controladas por Baldetti –Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer– recibieron Q17 millones 679 mil 200 de Radiotelevisión (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), por supuestos servicios de los que no hay evidencia. Como retribución, las televisoras recibieron beneficios millonarios en pauta publicitaria, hasta los Q99 millones y Q117.2 millones, respectivamente.

Algunas constructoras de cartón también servían para recibir financiamiento “de empresarios de todo tipo”. Por ejemplo, la compañía Altracsa realizó varios pagos que suman Q11.5 millones a empresas de Raúl Osoy (prófugo por caso TCQ y por este proceso) y este le facturaba por servicios ficticios. Al final, el dinero servía para gastos de campaña del PP.

Un conglomerado de empresas de fachada vinculadas con Hernández también captó dinero. Esas y otras sociedades enlatadas también servía para ocultar a financistas privados. En total, unos Q50 millones escaparon a la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral.

Una parte del dinero que era para la campaña sirvió para adquirir bienes o pagar gastos personales de Pérez y Baldetti, indicó Velásquez.

Baldetti, comisionista  por inversiones estatales

El exbinomio obtenía réditos casi por cada acción pública. Monzón Rojas también controlaba otro negocio de Baldetti, que consistía en trasladar las inversiones a plazo fijo de ocho instituciones del Estado constituidas en Banrural, explicó Velásquez. Ahí entró en escena Julio Aldana Franco, prófugo desde ayer.

Las comisiones se hacían efectivas mediante pagos de servicios para empresas vinculadas con Baldetti, pago de representantes legales o pagar las tarjetas de crédito de la ex vicemandataria.

“Roxana Baldetti vivía en el país de las maravillas con los fondos de pueblo”, expresó Velásquez.

LA MÁQUINA DE LAVADO DE DINERO

Los jefes del MP y la CICIG también expusieron cómo el exbinomio presidencial de Otto Pérez y Roxana Baldetti intentó darle legalidad al dinero, que sostienen fue obtenido de forma ilícita mediante varias modalidades.

Una de las formas de blanqueo, explicó Velásquez, fue la concesión de préstamos bancarios a empresas de fachada que se pagaban mediante pagos fraccionados diarios en efectivo. En este mecanismo también participó Aldana Franco, según Velásquez.

En total, Pérez y Baldetti adquirieron bienes inmuebles por Q27 millones 497 mil 198.70, los que registraron por valor de Q11 millones 771 mil 809. Entre esos bienes figuran las fincas en Izabal y Zaragoza para Pérez.

Operadores y corruptores

 

La investigación de la CICIG reveló una amplia red de personas y empresas que financiaron la campaña electoral del Partido Patriota (PP) con el fin de obtener contratos con el Estado y del cual se beneficiaron Otto Pérez y Roxana Baldetti con sobornos por más de Q500 millones para su enriquecimiento personal. A continuación la lista de exfuncionarios, operadores y empresarios señalados en la investigación en base a los documentos y testimonios de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, contador del entramado empresarial de Baldetti y Pérez.

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