Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Nación

Contraloría identifica 30 grupos familiares en el Congreso de la República

El ente fiscalizador pidió al presidente del Legislativo aprobar leyes que expresen de manera concreta la prohibición de contratar familiares de las altas autoridades y funcionarios.

Fecha de publicación: 02-06-16
Directivos indicaron que conformaron una mesa de trabajo para dar seguimiento a lo que señala la CGC. Por: Cindy Espina Cespina@lperiodico.com.gt
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La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) nunca había incluido en su informe anual de auditorías hallazgos relacionados a la contratación de personal en el Congreso de la República. Este año fue diferente y señaló anomalías en los contratos, después de que la Junta Directiva 2016-2017 hiciera pública la nómina de empleados y el salario que devengan en ese Organismo estatal.

En el informe de auditoría 2015, el ente fiscalizador identificó a 30 grupos familiares, los cuales hacen un total de 64 empleados. Lo señalado es parte del hallazgo número 20 de la Contraloría e indica que con la contratación de familiares las autoridades y trabajadores del Congreso incumplen lo establecido en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Empleados Públicos.

Los reparos

La Contraloría le señala al presidente del Congreso, Mario Taracena, que la contratación de familiares riñe con esta normativa, porque establece como un incumplimiento la contratación de personal que tenga relación familiar con funcionarios y autoridades electas de manera popular.

El informe también aborda otras prohibiciones indicadas tanto en la Constitución de la República, como en otras leyes ordinarias, a las cuales estos sujetos están obligados. “Aprovecharse del cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o terceros mediando o no remuneración”, manifiesta el informe.

Sin embargo, el ente fiscalizador no le pide al Congreso el despido de las personas señaladas en los grupos familiares, en su lugar le solicita a Taracena emitir normas que regulen la contratación de personal, para que se indique de forma concreta la prohibición a la contratación de familiares, esto con el objetivo de evitar conflicto de intereses entre los funcionarios, empleados y autoridades de ese organismo.

Los 64 empleados que forman 30 grupos familiares se encuentran en cargos como: secretarias ejecutivas, directores, técnicos, los cuales en su mayoría son apoyados por los dos sindicatos del Congreso: Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol) y el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor).

Otras anomalías

Según el informe de la Contraloría, las irregularidades en el Congreso superan los Q72 millones, de estos el ente fiscalizador reclama a diputados y empleados el reintegro de Q47.9 millones, esto debido a que se detectó que congresistas tenían a su servicio más de tres personas, que son las que le autoriza la Ley Orgánica del Congreso. Por  esta razón, principalmente, fue denunciada la Junta Directiva 2015-2016, la cual fue presidida por el diputado Luis Rabbé.

El primer secretario de la Junta Directiva, Carlos Barreda, indicó que en las recomendaciones en torno a las prohibiciones de contratación de familiares de diputados y otras altas autoridades, el Congreso ya tomó acciones, ya que en las reformas a la Ley Orgánica del Congreso se estableció un artículo en donde se expresa esa prohibición. Barreda añadió que ayer la Junta Directiva aprobó crear una mesa de trabajo que dé seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de la Contraloría y que será dirigida por el director general, Emilio Ávila.

Q72


Millones se encuentran en riesgo por corrupción en el Congreso.

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