Martes 21 DE Enero DE 2020
Nación

CGC presenta denuncia por compra de tres radares por Q259.9 millones

Auditores gubernamentales señalan que dos exministros de la Defensa del gobierno del Partido Patriota obviaron procedimientos legales para la compra de tres radares por un monto de Q259.9 millones.

Fecha de publicación: 31-05-16
Por: Enrique García elPeriódico

En febrero de 2012, el entonces presidente Otto Pérez Molina entregó al Congreso un proyecto de ley para adquirir por medio de un préstamo tres radares para el plan de sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera Maya. Cuatro años después –2016–, por esa compra el Ministerio Público (MP) recibió una denuncia penal en contra de los exministros de la Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio.

De urgencia nacional la bancada del Partido Patriota (PP) cabildeó para que se aprobara el crédito de US$33.2 millones, equivalente a Q259.9 millones, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). De acuerdo a la denuncia presentada por los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC), los exfuncionarios castrenses obviaron varios procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

La acción penal especifica que Anzueto suscribió y firmó un contrato comercial, durante el periodo que dirigió el Ministerio –12 de diciembre de 2012 a 15 de julio de 2013–. En tanto que López Ambrosio amplió el plazo para el suministro, instalación, puesta a punto y pruebas de campo de los tres radares.

El expediente también detalla que previo al dictamen legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, la entidad incumplió con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Ambiente.

Las irregularidades

La principal petición de la CGC al MP, es que se admita para su trámite la denuncia. Para el ente fiscalizador las anomalías existentes son: no hubo oferta de otras empresas internacionales en las que el Estado pudiera elegir dentro de las mejores opciones, no se publicó el evento en el Sistema de Guatecompras, no se tuvo a la vista la opinión de la Procuraduría General de la Nación (PGN), no existen garantías para el Estado por el equipo adquirido y los documentos provenientes del extranjero no cumplieron con los pases de ley.

Los auditores gubernamentales exponen, además, que “oportunamente” la CGC pueda sumarse como querellante adhesivo en la investigación que realice el MP, y piden que se determine la participación de los militares retirados en el hecho y “otras” en las que resulten involucrados.

Ulises Anzueto y López Ambrosio los implicados en el contrato y ampliación del mismo.

Ulises Anzueto y López Ambrosio los implicados en el contrato y ampliación del mismo.

“Me recuerdo que siempre hubo denuncias de que estos radares estaban sobrevalorados”, refirió la diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro. La congresista recordó que el préstamo fue declarado de urgencia nacional junto con otros cuatro créditos, a los que la bancada de EG votó en contra en dicho momento.

Montenegro calificó de “positivo” que la CGC presente la denuncia penal. Refirió que es vox populi que los radares al momento de comprarse estaban sobrevalorados incluso que no cumplen la función, detectar las aeronaves que transportan ilícitos.

Karen Pérez, vocera del Ministerio de la Defensa, manifestó no tener el informe específico de la CGC sobre el señalamiento que se hace en contra del contrato avalado por los dos exministros. Explicó que al momento que la entidad fiscalizadora solicite la información de todo el proceso “inmediatamente” la cartera la otorgará.

Pese a que la compra se efectuó en 2012, dos de los radares, de acuerdo a Pérez, están aún en pruebas de “sitio” uno en Petén y otro en la Brigada de la Marina en Izabal.

“No sé porqué están en prueba, pero es parte del procedimiento”, comentó. Agregó que solo el tercer radar está en funcionamiento en la Brigada de Paracaidistas en Escuintla.

Los antecedentes

El 15 de noviembre de 2012, el Congreso publica el Decreto 28-2012 el cual le da vida al crédito para la adquisición de tres radares.

El 12 de diciembre, se suscribe el contrato comercial por un monto de US$33.2 millones (Q259.9 millones) con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Ulises Noé Anzueto Girón suscribió y firmó el contrato comercial con la empresa Indra Sistemas, S.A. (INDRA).

Manuel Augusto López Ambrosio suscribió y firmó contrato de ampliación para la adquisición de los tres radares.

La denuncia penal es presentada por la CGC en febrero de este año.


“No sé por qué están a prueba, pero es parte del procedimiento”.
Karen Pérez vocera del Ejército.