Lunes 24 DE Junio DE 2019
Nación

Resolución del proceso podría llevar varios años

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, mencionó que el proceso de nulidad de contrato puede durar hasta cinco años, por lo que habrá que determinar cómo iniciar la actividad portuaria sin que esto afecte a los intereses del Estado.

Fecha de publicación: 28-05-16
Doce personas guardan prisión por el anómalo contrato, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina.
Por: Cindy Espina cespina@elperiodico.com.gt

Ayer, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó la demanda de nulidad del contrato de usufructo oneroso que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) suscribió con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ahora propiedad de APM Terminals, que es una filial de la empresa danesa Maersk Group.

La demanda se interpuso en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo y hasta ahora no se conocen los detalles, ya que después de ser judicializada fue enviada a reserva, y ahora corresponde al Organismo Judicial realizar una investigación sobre el caso.  La demanda fue interpuesta en dicha instancia, la preestablecida para resolver posibles ilegalidades de contratos firmados por el Estado con instituciones privadas.

Lo que no debe hacer presidencia

Para el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, después de esta acción de parte de la PGN, el Ejecutivo ya no puede pronunciarse a favor del inicio de las operaciones de TCQ, ya que desde ayer para el Estado el usufructo oneroso carece de legalidad.

Orellana indicó que una de las funciones de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo es autorizar la intervención de empresas, a las cuales el Estado haya pedido la nulidad de contratos, como es el caso de TCQ, por lo que es de esperarse que la PGN haya incluido en su demanda una solicitud de intervención. “Debe prevalecer la razón del Estado, el cual debe de ser conveniente para seguir operando o no (TCQ)”, añadió el constitucionalista.

Un proceso largo

 Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana, indicó que ellos han interpuesto demandas en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo para reclamar la nulidad de contratos relacionados con corrupción y negocios que afectan el patrimonio nacional, y que por esa experiencia entienden que el proceso judicial que acaba de iniciar la PGN puede durar hasta cinco años.

Marroquín señaló que el desarrollo de esa demanda en Tribunales no evita que las operaciones portuarias continúen, por lo que cree que el Ejecutivo debe aprovechar para demandar una intervención y que esta se concrete en buenos términos con APM Terminals, quien compró TCQ y en teoría actuó de “buena fe” al comprar las acciones de esa terminal en Guatemala, agregó Marroquín.

El comisionado de puertos y aeropuertos, Enrique Godoy, resaltó que el Ejecutivo no se involucraría en nada referente a las operaciones de TCQ hasta que un juez haya pedido la intervención de la terminal portuaria. Godoy también mencionó que no se tiene certeza que el caso sea enfrentado por APM Terminals, ya que las autoridades de esa empresa dieron a entender que ellos demandarían a TCB, para que sean los propietarios de la empresa española los que enfrenten el proceso legal con el Estado de Guatemala.

La compra

En octubre de 2015, Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) vendió a APM Terminals todas las acciones de los 11 puertos que esa empresa poseía por el valor de US$1 millardo. Las autoridades de APM Terminals han mencionado que ellos realizaron una investigación sobre el contrato que en 2012 EPQ suscribió con TCQ, sin embargo no encontraron ningún acto anómalo.