Martes 13 DE Noviembre DE 2018
Nación

Dos expresidentes del Congreso autorizaron 50 plazas fantasma

El ex Director Legislativo de ese organismo y dos exdiputados fueron detenidos ayer por su vinculación con el caso. El exlegislador, Carlos Herrera Quezada, fue declarado prófugo de la justicia.

Fecha de publicación: 27-05-16
Por: Evelyn Boche eboche@elperiodico.com.gt
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Los diputados Luis Rabbé y Arístides Crespo autorizaron 50 plazas fantasma durante su gestión como presidentes de la Junta Directiva del Congreso, en 2014 y 2015, de acuerdo con el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Para lograr su propósito, se coludieron con los miembros de la directiva y el director del Legislativo, Luis Mijangos, señaló el jefe de la Comisión, Iván Velásquez.

Durante la gestión de Crespo se identificaron 87 plazas con anomalías y 148 más en la de Rabbé. Por esos hechos, el MP y la CICIG solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se le retire la inmunidad a los dos legisladores.

Las plazas fueron autorizadas por los expresidentes del Congreso pero solicitadas por otros diputados como Julio López Villatoro, César Fajardo, Selvin García Velásquez, Manuel García Chutá y Carlos López Girón, contra quienes también pesa una solicitud de antejuicio.

Luis Mijangos, ex Director General del Congreso, fue detenido por el delito de peculado.

Luis Mijangos, ex Director General del Congreso, fue detenido por el delito de peculado.

El MP y la CICIG verificaron que 50 de las personas contratadas por los expresidentes del Legislativo nunca se presentaron a trabajar ya que prestaban sus servicios para otras dependencias del Estado o empresas privadas, por lo que era imposible que estuvieran en dos sitios al mismo tiempo.

Los investigadores identificaron más de 200 nombramientos irregulares, sin necesidad justificada, que no contaban con el perfil idóneo para el puesto o la compensación no era proporcional con su cargo. Los salarios de las plazas cuestionadas van de los Q5 mil a los Q20 mil mensuales.

El jefe de la CICIG señaló que durante la gestión de Crespo hubo un “manejo descarado de la nómina del Congreso, ya que de 21 asistentes asignados para tareas estrictamente legislativas, en su despacho solamente había cuatro escritorios e igual número de equipos de cómputo”.

Tres exdiputados también fueron vinculados con las contrataciones irregulares: Alfredo Rabbé Tejada y Edgar Cristiani Calderón fueron detenidos ayer por la Policía Nacional Civil (PNC) y Carlos Humberto Herrera Quezada fue declarado prófugo. El ex Director General del Congreso, Luis Mijangos, también fue arrestado.

Edgar Cristiani Calderón, exdiputado del PP, fue aprehendido ayer en su residencia.

Edgar Cristiani Calderón, exdiputado del PP, fue aprehendido ayer en su residencia.

Empleados personales pagados por el Congreso

La investigación del MP y la CICIG determinó que de las 19 personas contratadas por petición de Cristiani, cinco cobraban su salario pero no asistían al Congreso; dos de ellas trabajaban para su empresa Cleanomatic.

A Herrera se le vincula con no menos de siete plazas fantasma, cinco de ellos sí trabajaban para empresas de Herrera, según el MP y CICIG.

La fiscal general Thelma Aldana indicó que las personas que tienen contratos cuestionados en el Legislativo serán citadas para que declaren su versión ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a cargo del expediente.

Cristiani, Rabbé y Mijangos rendirán su primera declaración ante dicha judicatura hoy a las 9:30 horas.

Al ser consultada sobre el beneficio económico que los diputados y exlegisladores habrían obtenido por las plazas fantasma, la Fiscal General indicó que el tema está bajo escrutinio de la División de Análisis Criminal y técnicos de CICIG.

Alfredo Rabbé también está implicado en las contrataciones anómalas.

Alfredo Rabbé también está implicado en las contrataciones anómalas.

Ilegalidades

>El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, manifestó que en las dos presidencias del Congreso –Luis Rabbé y Arístides Crespo– fue “absolutamente evidente que (los diputados) faltaron a sus deberes de debida diligencia en el manejo y cuidado que tenían como principales responsables del presupuesto del Congreso”.

“Hay una cultura institucional perversa de entender la Junta Directiva como un botín para el enriquecimiento ilícito”, subrayó Velásquez.

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