Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Nación

“Es recomendable declarar con lugar la causa abierta contra el magistrado Douglas Charchal”, concluye pesquisidora legislativa

Cinco diputados dictaminan a favor de que el pleno del Congreso de la República despoje de la inmunidad constitucional al titular de la Corte Suprema de Justicia, a quien investigación involucra con tráfico de influencias en el caso penal Terminal de Contenedores Quetzal.

Fecha de publicación: 07-05-16
Por: afp
Más noticias que te pueden interesar

 

Una comisión de cinco diputados recomendó este sábado al Congreso retirar la inmunidad a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, acusado de participar en la adjudicación anómala de un proyecto portuario a la firma española Terminal de Contenedores Barcelona (TCQ).

“En el informe por unanimidad hemos decidido que es recomendable declarar con lugar la causa” contra el magistrado Douglas Charchal, dijo a periodistas el diputado Julio López, del partido socialdemócrata opositor Unidad Nacional de la Esperanza, y quien preside la comisión conformada el martes pasado.

El dictamen de la comisión será remitido al pleno del Congreso, donde se necesita el apoyo de 105 de los 158 diputados para que el magistrado quede desaforado.

 

El magistrado presentó el martes un amparo ante la CC.

El magistrado presentó el martes un amparo ante la CC.

 

Charchal fue denunciado el pasado 15 de abril por la Fiscalía General de favorecer con resoluciones judiciales la firma del contrato de usufructo por 25 años entre la firma española que opera en Guatemala como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal, ubicada sobre el Pacífico (sur).

Dos semanas después, la Corte Suprema aceptó tramitar el caso en el Congreso, que decidirá si el magistrado quedará expuesto a la justicia.

Las pesquisas de la Fiscalía determinaron que el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti –ambos en prisión acusados de supuestamente encabezar una red de defraudación fiscal en las aduanas– también facilitaron la firma del contrato en el que supuestamente se repartieron sobornos por unos 30 millones de dólares.

El viernes un juez ordenó investigar a los exgobernantes por el caso.

El presidente Jimmy Morales ya giró instrucciones a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para buscar la nulidad de la adjudicación del polémico contrato firmado el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades.

Etiquetas: