Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Nación

Pérez y Baldetti recibieron sobornos de US$4.2 millones cada uno por instalación de la terminal de contenedores en Puerto Quetzal

Los exjefes del Ejecutivo enfrentarán un nuevo proceso por corrupción. El MP también solicitó un antejuicio contra el magistrado Douglas Charchal por su presunta colaboración con la red.

Fecha de publicación: 16-04-16
El expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el resto de la red, fueron citados para declarar el próximo martes.de la red, fueron citados para declarar el próximo martes. Por: Evelyn Boche con información de J. Santos y N. Álvarez
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Esta historia comenzó en noviembre de 2011, cuando Otto Pérez Molina fue electo presidente. El negocio para administrar la terminal de contenedores en Puerto Quetzal que no se concretó con el expresidente Álvaro Colom fue propuesto a los nuevos gobernantes a cambio de una comisión de US$30 millones. Estos aceptaron.

El expresidente Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti fueron señalados ayer por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como líderes de otra estructura criminal integrada por funcionarios de alto nivel –los exsecretarios Juan Carlos Monzón Rojas y Gustavo Martínez Luna, así como el exinterventor de la Portuaria Quetzal Allan Marroquín–; ejecutivos de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el magistrado Douglas Charchal y sindicalistas.

Cada uno de ellos ejerció acciones ilícitas para que TCQ consiguiera un usufructo oneroso por 25 años para construir y operar la terminal de contenedores en Puerto Quetzal, de acuerdo con el MP y la CICIG. “El ex Presidente utilizó su cargo para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio económico directo, en detrimento de los intereses de la nación”, precisó el comisionado Iván Velásquez.

Para lograr su objetivo, Pérez nombró a Marroquín como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en enero de 2012, y a su piloto Guillermo Lozano Bauer como operador en dicha entidad. Por recomendación de Baldetti, Julio Sandoval asumió como subinterventor. Lozano incluyó en su equipo a William Schwank, con lo que quedó integrado el “círculo político para concretar el negocio”, explicó la fiscal general, Thelma Aldana.

“Esos nombramientos son importantes para dar lugar a la negociación y tiene un patrón similar al del caso La Línea y del lago de Amatitlán, donde se buscó ubicar a puestos determinantes a personas que iban a ayudar para ese fin”, añadió.

En los primeros meses de 2012, Lozano, Marroquín y Schwank hicieron un primer contacto con los directivos de la española Group Maritim TCB, incluso reuniones en Colombia y Valencia, España. Además de establecer los parámetros técnicos y legales del contrato, la compañía ofreció una comisión de US$30 millones para los operadores locales, incluidos Pérez y Baldetti. Otros US$5 millones serían para los operadores argentinos y US$0.5 millones para otros gastos.

Oficinas del edificio Tadeus fueron allanadas ayer por la PNC.

Oficinas del edificio Tadeus fueron allanadas ayer por la PNC.

En enero de 2013, Lozano salió del país y luego de un proceso de transición, como si se tratara de un funcionario, Monzón Rojas fue designado como negociador del proyecto por orden de los entonces jefes del Ejecutivo.

Los representantes de la compañía Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez pidieron que se oficializara el carácter de vocero del Presidente que ejercía Monzón Rojas, lo cual fue confirmado por Pérez durante una reunión en Casa Presidencial, expuso la Fiscal General.

Ya instalado como el enlace de los entonces jefes del Ejecutivo, Monzón Rojas negoció la fórmula del pago de la comisión: en un principio TCQ ofreció pagar un porcentaje con acciones en esa compañía. En un dispositivo incautado a Monzón, los investigadores encontraron un contrato de opción de compra de acciones de TCQ, lo cual sustenta esa propuesta; sin embargo, Pérez  y Baldetti querían efectivo y que los abonos se efectuaran dentro de su mandato, no más allá de 2015, precisó Velásquez.

TCQ accedió a la petición presidencial y nombraron a Mauricio Garín como encargado del plan de pagos de la llamada “gran coima” de US$30 millones dividido en tres pagos. La estructura percibió dos pagos que suman US$12 millones, de los que Pérez y Baldetti recibieron US$4.2 millones cada uno. El tercer pago no se concretó debido a la desarticulación de la red de defraudación aduanera La Línea.

En los más de 20 allanamientos en seguimiento a la investigación de ese caso surgieron los primeros indicios sobre la concesión anómala a TCQ. La declaración en anticipo de prueba de Monzón, colaborador eficaz en este  caso, brindó las conexiones necesarias para consolidar la investigación, detalló Velásquez.

Con esos elementos, el MP solicitó nueve órdenes de captura, que fueron ejecutadas ayer por la Policía Nacional Civil y otras cinco detenciones a nivel internacional, entre estas la de Allan Marroquín, que se encontraba en Estados Unidos y divulgó un video en redes sociales en el que rechazó los señalamientos y aseguró que vendría al país para someterse a la justicia. Al cierre de esta edición no había arribado.

Marroquín debía presentarse ayer a las 13:00 horas a una audiencia en el Centro de Justicia de Delitos de Femicidio y Violencia Contra la Mujer, pero ni él ni su abogado llegaron. Según la jueza que desarrolló la audiencia, el defensor le notificó vía telefónica que sufrió un accidente de tránsito en donde resultó herido, lo cual le impidió asistir.

Allanaron el camino para TCQ

Entre los detenidos figuran tres líderes de los sindicatos que operan en Puerto Quetzal, quienes habrían recibido, no menos de Q5 millones en efectivo para cesar en su oposición hacia la instalación de TCQ, lo cual negociaron con  Monzón.

Las pesquisas también buscan establecer si personal de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas recibieron sobornos por emitir dictámenes favorables para TCQ.

Allan Marroquín, al ser juramentado como Interventor de la EPQ por Otto Pérez.

Allan Marroquín, al ser juramentado como Interventor de la EPQ por Otto Pérez.

El MP también pidió que se le retire la inmunidad al magistrado Douglas Charchal, ya que, cuando fue titular del Juzgado Civil en Escuintla emitió una resolución favorable a TCQ, que le exoneró del pago de la licencia de construcción que exigía la comuna del Puerto San José.

El magistrado manifestó que colaborará con la investigación y únicamente renunciaría a su cargo si se comprueba algún acto ilícito en su contra. Aseguró que conoce a Juan Carlos Monzón desde hace algunos años “por ser figura pública”.

“En alguna oportunidad me reuní con él, fue una reunión casual, no recuerdo haber hecho alguna negociación, no la hice porque no tengo necesidad de negociar con nadie”, puntualizó.

Monzón cuenta una historia distinta: “A Charchal lo conocí porque me fue a pedir ayuda porque quería ser magistrado, ‘los Fuchos’ me lo presentaron y quería que yo lo apoyara con la Vicepresidenta”, dice en su declaración como colaborador eficaz.

El MP y la CICIG señalaron que el asistente del juez habría recibido una camioneta Range Rover blindada como pago por la resolución favorable y Q50 mil el secretario del despacho de Charchal. Ambos fueron detenidos ayer.

Las pruebas contra la red

Estos son algunos de los indicios que vinculan a funcionarios con la adjudicación ilícita:

-Una nota en la agenda telefónica de Juan Carlos Monzón Rojas da cuenta de una reunión con la entonces Vicepresidenta, en la que le pondría al tanto de las negociaciones con Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

-Gustavo Martínez, en su calidad de secretario privado de la Presidencia, facilitó reuniones con los ejecutivos de TCQ y apoyó con la estructura legal del proyecto, lo que consta en los registros de Casa Presidencial.

-Otto Pérez se reunió con los ejecutivos de TCQ y tuvo participación activa en la entrega de los terrenos para que instalaran la terminal de contenedores. También promovió el proyecto con la banca privada nacional e internacional, así como con el Banco Mundial.

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