Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Nación

Pérez y Baldetti se repartieron US$4 millones 200 mil cada uno, de US$12 millones de TCQ lavados por Cheves en sus empresas

Monzón los hunde en otro escándalo por el usufructo por 25 años concedido en Puerto Quetzal para instalar Terminal de Contenedores, caso de sobornos ofrecidos hasta por US$30 millones y en el que se involucra al magistrado Douglas Charchal. El exinterventor Allan Marroquín, prófugo en EE. UU., es buscado por la Interpol.

Fecha de publicación: 15-04-16
Por: Tulio Juárez
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Cuando eran el presidente y la vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías se repartieron nada menos que US$8 millones 400 mil (US$4.2 millones cada uno), como parte de las “coimas”

–garantizadas por la firma Group Maritim TCB por la aprobación de la concesión en usufructo por 25 años de un terreno en la Portuaria Quetzal para montar la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Así lo han revelado esta tarde la fiscal general Thelma Aldana Hernández y el Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, durante una conferencia de prensa en la cual sobresale entre múltiples puntos que el ex secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas, es la principal fuente de información de los invetigadores.

Entre tantas revelaciones, se señaló que TCQ –cuyo gerente general, el español Juan José Suárez, es uno de los capturados esta mañana- trasladó los US$12 millones iniciales, por medio de empresas del guatemalteco Jonathan Cheves, en especial a través de una dedicada al cambio de moneda, por lo que movió los fondos en varios países hasta devolverlos “lavados” a los implicados.

El comisionado Velásquez señaló que durante el proyecto TCQ, cuya inversión global en tres fases completaría por lo menos US$255 millones, la compañía hizo el pago de dos primeros “abonos” de comisiones, pero que un tercero –estimado en US$12 millones- ya no pudo cancelarse porque fue después del 16 de abril 2015 cuando ya estaba fugitivo Juan Carlos Monzón Rojas.

Fue precisamente el celular del ex secretario privado el que sirvió a las autoridades para ampliar la investigación y ejecutar esta mañana las primeras capturas de sospechosos, al grado de haber encontrado un mensaje donde organizaba con Roxana Baldetti una reunión con los inversionistas españoles, con quienes –por conducto de Monzón como enlace- Pérez Molina había acordado pagos “por abonos”.

Monzón había viajado a Cancún, México, donde se reunió con los ejecutivos de Group Maritim TCB (Terminlal de Contenedores de Barcelona). Aparte de lo anterior, también se acordó que para que no dejaran rastros esas comisiones –una por la firma del contrato con TCQ y otra como “agradecimiento” por el gesto- tenían que terminar de ser pagadas a más tardar en octubre del año pasado.

El ex interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, Allan Herbert Marroquín Castillo, ha sido declarado fugitivo de la ley, se encuentra en Estados Unidos y es buscado por la Interpol.

Revelaciones del MP y CICIG

–       De enero 2012 a abril 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, conformado por:

Otto Fernando Pérez Molina

Ingrid Roxana Baldetti Elías

Juan Carlos Monzón Rojas

Gustavo Adolfo Martínez Luna

Guillermo Abraham Lozano Bauer

Allan Herbert Marroquín Castillo

Mario Ruano San José

William Anthony Schwank López

Julio Rolando Sandoval Cano

Julio Nolberto Esquivel Orellana

Ángel Pérez-Maura García

Juan José Suárez Messeguer

Mauricio José Garín

Lázaro Noé Reyes Matta

Jhonatan Harry Cheves

Julio César Zamora Álvarez

José Daniel Luna Argueta y

Douglas René Charchal Ramos –magistrado y exjuez-

Se concertaron en busca de beneficios económicos por la celebración y ejecución del contrato de constitución en usufructo oneroso a favor de TCQ, S.A., destinado a la cesión
–por 25 años- de un terreno (34 hectáreas) de la Portuaria Quetzal en Escuintla para construir, desarrollar y operar una terminal privada de contenedores.

La propuesta de TCB no solo incluyó los aspctos tecnicos y jurídicos, sino además el ofrecimiento de una comisión de

US$30 millones para los gestores nacionales así como para Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Jonathan Chévez administró el pago de más de US$3 millones y otro por US$500 mil destinado a Roxana Baldetti, aparte de que compró en Taxisco, Santa Rosa, una finca para Otto Pérez y le entregó en billetes US$3 millones.

La investigación descubrió que como sindicalistas de la EPQ se oponían a ese contrato y amenazaban con protestas callejeras, el español Juan José Suárez envió a los principales funcionarios del gobierno una carta reclamándoles que controlaran a los trabajadores.

US$5 millones se habrían pagado entonces a dirigentes laborales de la EPQ, según el Ministerio Público y la CICIG.

La solicitud del MP para un antejuicio contra el magistrado de la CSJ Douglas René Charchal Ramos obedece a que, siendo juez de Primera Instancia de Escuintla, otorgó a TCQ un amparo que abrió la puerta para la licencia de construcción de la TCQ.

El entonces alcalde de Puerto de San, José Rizzo, intentaba obligar a TCQ a pagar Q24millones a la municipalidad para que le extendiera la licencia de construcción, pero la intervención de la empresa y funcionarios de la Portuaria allanó el camino. El secretario del juzgado, José Luna, habría sido recompensado con Q50 mil y Mario Ruano San José, asistente del juez, con una camioneta Range Rover blindada.

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